Marcia Arely Otero Urbina
Expediente 20/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 20/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Marcia Arely Otero Urbina
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; nueve de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISRAS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE QUINCE DE febrero de dos mil diecisiete, QUE DICE: "...Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, y por recibidas las documentales que en copia certificada remite, entre ellas, el auto del diez de febrero del presente año, por el cual declaro cerrada la instrucción en el juicio laboral 330/2014, documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de las constancias que la autoridad responsable antes citada remitió. Ahora bien, del escrito de desahogo se advierte que la parte quejosa reclama: "La omisión de la autoridad responsable de cerrar instrucción, a pesar de haberse desahogado todas las pruebas desde el 24 de junio del año 2016, por lo que han transcurrido más de 6 meses sin que la autoridad responsable cierre instrucción y por consiguiente dicte el laudo". El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Conforme con el texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, si el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de declarar cerrara la instrucción en el juicio laboral 330/2014, y mediante acuerdo de diez de febrero del año en curso, la junta responsable dictó dicha determinación; con lo cual se estará en condiciones de continuar el juicio en sus etapas jurídicos procesales; por lo tanto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que ha dejado de existir, quedando la quejosa en una situación idéntica a la que habría existido, como si el mismo jamás hubiera nacido. En esas condiciones, al sobrevenir de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que obste a lo anterior que el solicitante del amparo pretende que mediante el presente juicio se constriña a la Junta responsable a que en lo sucesivo en la substanciación del juicio laboral de origen, observe y acate los plazos y términos legales respecto de todos los actos que deba desplegar en el futuro, es decir que se conceda la protección constitucional para que la responsable desahogue el procedimiento laboral hasta su resolución y al efecto invoca la jurisprudencia 2ª./J.45/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 528 tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", sin embargo, dicho criterio ya no es aplicable en virtud de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante resolución de dieciocho de septiembre de dos mil trece, dictada en el recurso de inconformidad 282/2013, determinó abandonar el criterio contenido en la tesis aludida al considerar que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Finalmente, no pasa inadvertido que aún no se ha notificado el inicio del presente juicio a la parte tercero interesado, sin embargo, dado el sentido del presente acuerdo, y tomando en consideración que no se ve afectada su defensa, no es el caso insistir dicho llamamiento.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual aclara el acto reclamado y al respecto señala como tal "La omisión de la autoridad responsable de cerrar instrucción, a pesar de haberse desahogado todas las pruebas desde el 24 de junio del año 2016, por lo que han transcurrido más de 6 meses sin que la autoridad responsable cierre instrucción y por consiguiente dicte el laudo"; por lo que, aun cuando la prevención formulada en el acuerdo que antecede fue en un sentido diverso, resulta innecesario insistir en su cumplimiento. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la demanda, promovida por Marcia Arely Otero Urbina, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad el quejoso promovió algún juicio relacionado con el acto reclamado, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se le informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Igualmente, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se le deba notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del quejoso, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa para el primer caso de treinta a trecientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda y escrito de desahogo. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE once de enero de dos mil diecisiete, QUE DICE: "...Vista la demanda de amparo promovida por Marcia Arely Otero Urbina, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. regístrese en el libro de gobierno con el número 20/2017, y fórmese expediente. Antes de proveer sobre su admisión, tomando en consideración que la totalidad de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, es una obligación que debe cumplir la parte quejosa al ser la base para considerar procedente o no la acción constitucional y al no advertirse que ello aconteciera; con fundamento en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción V, de la Ley de Amparo se previene a la promovente para que dentro del término de cinco días, con copias suficientes de su escrito de desahogo, bajo protesta de decir verdad, corrija su demanda. 1.- Señale la fecha del auto por el cual la Junta responsable, declaró cerrada la instrucción y turnó el expediente para el dictado del laudo correspondiente dentro del juicio laboral 330/2014; en razón de que en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado no se advierte tal circunstancia. En la inteligencia de que el escrito de desahogo deberá ser realizado por quien promueve la demanda, al ser el titular de la acción, con base en el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 5 fracción I, de la Ley de Amparo. Se apercibe a la promovente que de no desahogar el requerimiento formulado en el plazo que se le otorgó para ello, se tendrá por no presentada la demanda, según lo dispuesto en el numeral 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para ese efecto indica en el escrito de demanda y dada la naturaleza del juicio como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia a la persona que designa. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.
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