Marcía Angélica Pérez Almora
Expediente 2097/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2097/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Marcía Angélica Pérez Almora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado DANIEL TADEO ALTAMIRANO MARTÍNEZ, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, SIENDO LAS ONCE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 2097/2021, promovido por Marcía Angélica Pérez Almora, por conducto de su representante legal licenciada Laura Pineda Rocha, encontrándose en audiencia pública el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Acto continuo, el secretario hace relación de las constancias de autos y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, con excepción del tercero interesado, ya que por auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno se ordenó postergar su emplazamiento hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, el cual ya se encuentra agregado al presente sumario. Que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, en virtud de que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). Ahora bien, toda vez que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, sobre diferir la presente audiencia a efecto de ordenar el emplazamiento del tercero interesado, no ha lugar a ello, pues lo único que traería sería el retardo del fallo y lo que se busca consagrar con la presente celebración es el principio contenido en el artículo 17 Constitucional; aunado a ello el sentido de la resolución no variaría. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la etapa de pruebas, en la cual el Secretario da cuenta con las constancias allegadas por la parte quejosa y la autoridad responsable a los presentes autos. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: el Secretario da cuenta con el Alegato Ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. El Juez acuerda: Téngase a la representación social, por realizando las manifestaciones que refiere en su ocurso y sin que las demás partes formularan de su intención, por lo cual se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 2097/2021, promovido por Marcía Angélica Pérez Almora, por conducto de su representante legal licenciada Laura Pineda Rocha; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, recibido en este juzgado al día siguiente, compareció Marcía Angélica Pérez Almora, por conducto de su representante legal licenciada Laura Pineda Rocha; a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por considerarla violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO.- La violación de la autoridad señalada como responsable al dejar de señalar hora y fecha para el Incidente de Liquidación, solicitado mediante escrito de fecha 7 de junio del 2021 y su notificación, lo anterior dentro de los autos del expediente 35/E01/2003." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Marcía Angélica Pérez Almora, por conducto de su representante legal licenciada Laura Pineda Rocha, y se registró con el número 2097/2021; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias allegadas por la autoridad responsable, se obtiene que lo que se le reclama: La omisión de señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia relativa al incidente de liquidación, dentro del expediente laboral 35/E01/2003. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados los que enuncia la impetrante de amparo en su escrito de demanda, pues del estudio integral de la misma, así como de las constancias relacionadas con el juicio laboral de origen, se advierte que lo que la quejosa reclama es la omisión precisada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto reclamado por la parte quejosa; sin embargo, refiere que han cesado sus efectos, pues el diecinueve de enero de dos mil veintidós dictó el acuerdo respectivo al acto que originara el presente amparo, señalando hora y fecha a fin de convocar a las partes a la audiencia incidental de pruebas y alegatos relativo a la apertura del incidente de liquidación, ordenando realizar la notificación. Lo anterior, se corrobora con las constancias relativas al expediente laboral 35/E01/2003 -remitidas por la autoridad responsable en copia certificada, que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, se tiene por plenamente probado el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tener éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causal de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto, dicha causal encuadra a través de la emisión del auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós. En dicho proveído, la autoridad responsable convocó a las partes a la Audiencia Incidental de Liquidación, señalando las doce horas del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de dicha audiencia, en la que se recibirán pruebas y alegatos respecto del referido incidente, dentro del juicio laboral 35/E01/2003; comisionando al actuario adscrito para que por su conducto se corriera traslado a las partes. Por lo anterior, deviene inconcuso que cesó el efecto de la omisión reclamada a la autoridad responsable, puesto que con la emisión del acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se destruyeron sus implicaciones en forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación como si se hubiera otorgado el amparo; por lo anterior, deviene inconcuso la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al estar demostrada la causal de improcedencia en estudio, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Marcía Angélica Pérez Almora, por conducto de su representante legal licenciada Laura Pineda Rocha, contra el acto que reclamó del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último del presente fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diez de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Notifíquese. Así lo acuerda y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a uno de febrero de dos mil veintidós. VISTO lo de cuenta; de autos se advierte que no se cuenta con las constancias necesarias para resolver el presente juicio; en tal virtud, no se está en posibilidad de llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, remita copia certificada del escrito de siete de junio de dos mil veintiuno, y en su caso el acuerdo recaído al mismo, que obre dentro del expediente 35/E01/2003, apercibida de que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización vigente de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, página 309, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Por tanto, a fin de estar en condiciones de celebrar la audiencia constitucional, se difiere la mismas y se fijan las ONCE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
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