Marcelo Valencia Álvarez
Expediente 192/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marcelo Valencia Álvarez
- MARCELO VALENCIA ÁLVAREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
II. En proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del respectivo expediente, como asunto concluido, como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo, acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el original del presente incidente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente proveído, toda vez que se negó a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados.
- Principal
II. Vista la certificación y cuenta que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que por proveído de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en este juicio, sin que las partes quejosa y tercero interesada hayan hecho valer el recurso de inconformidad previsto por el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra dicha determinación. En tal circunstancia, se declara firme tal resolución, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; acuérdese lo conducente en el expediente único relativo al incidente de suspensión de los actos reclamados. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa es de aquéllos susceptibles de depuración, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservarán la demanda de amparo, sentencia y ejecutoria respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada.
- Principal
II-De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días, concedido a las partes en auto de diecisiete de julio del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que dio el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, sin que ninguna de las partes haya realizado manifestación alguna. Por tanto, este juzgado de Distrito procede a resolver si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239, tomo XI, marzo del 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, se establece lo siguiente: Por sentencia de doce de junio de dos mil dieciocho, dictada por este tribunal, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, que solicitó el quejoso Marcelo Valencia Álvarez (fojas 444 a 451). Sin que ninguna de las partes legitimadas hubiese recurrido la sentencia de amparo, por lo que por auto de cuatro de julio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria (fojas 458 a 460), determinándose requerir al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, para que dentro del término de tres días informara sobre su cumplimiento; actos de ejecución que debería realizar, atendiendo a los efectos de la protección constitucional, que son los siguientes: Dejar sin efectos el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que dictó en la causa penal 72/2016 y dictar otro en el que admita a trámite el incidente innominado respecto de la revisión de medida cautelar de prisión preventiva dado que el quejoso se encuentra recluido con motivo del auto en donde se le sujetó al proceso penal y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director del Centro de Readaptación Social de Apatzingán, Michoacán, los cuales no se reclaman por vicios propios sino que se encuentran sujetos a lo que determine el juez responsable. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, remitió el oficio registrado en el libro de correspondencia bajo el número de orden 11815, con el cual pretendió acreditar el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copias autorizadas de diversas constancias, ordenándose en su momento dar vista de su contenido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera; sin que lo haya hecho (fojas 468 a 472). Así, una vez analizando el comunicado en cuestión y las documentales descritas, que tienen pleno valor probatorio de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, se desprende que el juez requerido, en relación con los efectos del fallo constitucional, acreditó lo siguiente: En acuerdo de once de julio de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 72/2016, instruida al aquí quejoso Marcelo Valencia Álvarez, como probable responsable del delito de despojo de inmueble, en agravio de María Martínez García, determinó lo siguiente: ". SEGUNDO. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo 192/2018-I, con esta fecha se deja sin efectos el auto de fecha 20 veinte de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual se negó admitir en trámite el incidente no especificado sobre revisión de medida cautelar de prisión preventiva y se procede a resolver de nueva cuenta el pedimento de MARÍA ESTER MENDOZA MANRÍQUEZ, en cuanto defensora particular del imputado MARCELO VALENCIA ÁLVAREZ, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo. TERCERO. Con fundamento legal en el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, (decreto de 15 de junio de 2016), se admite el incidente sobre revisión de medidas cautelares, ya que ésta disposición faculta al órgano jurisdiccional para que, en los casos de procedimientos penales iniciados antes de la vigencia del sistema procesal penal acusatorio en los que se haya decretado al imputado medida preventiva de libertad o prisión preventiva y, previa solicitud del imputado, revise la medida impuesta. Esto para que en términos del artículo 19 Constitucional y las disposiciones legales del Código Nacional de Procedimientos Penales relacionadas con las medidas cautelares, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de aquélla medida. En el caso concreto, al imputado MARCELO VALENCIA ALVAREZ, le fue decretada prisión preventiva en el procedimiento penal que se sigue en su contra por el ilícito de DESPOJO DE INMUEBLE, iniciado con base en la legislación procesal del estado vigente con anterioridad al inicio del sistema penal acusatorio, mismo que se encuentra previsto y sancionado por el artículo 330, fracción I, y párrafo tercero del Código Penal del Estado, el cual se encuentra entre los delitos establecidos como graves en el artículo 493 del Código de Procedimientos Penales del Estado; sin embargo, el imputado por conducto de su defensora solicitó su libertad la libertad debido a que el delito que se atribuye dejó de ser considerado como grave, ya que no están considerados como de prisión preventiva oficiosa, según lo establecen los artículos 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el diverso 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por consecuencia, se colman los requisitos establecidos en el artículo 5° transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, . .Por tal motivo, se ordena dar vista a las partes y defensa, por el término de tres días de la solicitud de revisión de medidas que presentó el imputado y su defensa, para que el ministerio público investigue y acredite lo conducente. . Gírese sendo oficio al Coordinador de la Dirección de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso Región Apatzingán, a fin de que realice la evaluación de riesgo del imputado MARCELO VALENCIA ÁLVAREZ, quien se encuentra recluído en el Centro Penitenciario de esta ciudad, en términos del artículo 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales, evaluación que deberá de remitir dentro de un término no mayor de 3 tres días. Obtenida la evaluación, señálese fecha para la celebración de la audiencia de revisión de las medidas cautelares, misma que deberá de llevarse a cabo dentro de los cuarenta y ocho horas siguientes, en términos del artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que se considerará la revisión de la evaluación de riesgo y se resolverá sobre la procedencia de la sustitución de la prisión preventiva por diversa medida cautelar, acorde a las reglas establecidas en el artículo 19 Constitucional y Quinto Transitorio de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. (.)" Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se declara que LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO SE ENCUENTRA CUMPLIDA sin excesos ni defectos, pues la autoridad responsable dejó sin efectos el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que dictó en la causa penal 72/2016 y dictó otro en el que admitió a trámite el incidente innominado respecto de la revisión de medida cautelar de prisión preventiva, dado que el quejoso se encuentra recluido con motivo del auto en donde se le sujetó al proceso penal. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
II-POR INCUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE FECHA DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSA y/o TERCEROS INTERESADOS) Y A SUS AUTORIZADOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese el oficio de cuenta, enviado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, a través del cual, informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector y al efecto anexa las respectivas constancias; circunstancia de la cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el oficio y documental de referencia, dése vista a las partes, para que dentro de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 2 de 2 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento....CITATORIO.
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