Marcelo Trejo Pureco

Expediente 1174/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1174/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • Marcelo Trejo Pureco

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción de testimonio Se tiene por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al que adjuntó testimonio de la resolución pronunciada el veintitrés de febrero del año en curso, en el recurso de queja administrativa 22/2023, cuyo único punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja, por lo que se confirma el auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, en el juicio de amparo indirecto 1174/2022-III, promovido por ********************" Se ordena acusar recibo a la superioridad, vía interconexión. Archivo y clasificación Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Por último, de conformidad con el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General invocado, el legajo de copias certificadas recibido deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude dicho punto; mientras transcurre tal término, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio del actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en el que obra inserto el auto dictado el dieciséis de enero del año en curso, de donde se advierte que el presidente de dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra de la determinación en que se desechó su demanda de amparo, registrado bajo el número ********************de la estadística del citado Tribunal.

  3. Principal

    Visto el ocurso firmado por el quejoso, ********************en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97 al 103 de la ley de la materia, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que presentó. Con fundamento en el numeral 101 de la Ley en cita, ríndase el informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado y remítase el escrito de cuenta, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno. Adjúntese copia certificada de las constancias que integran el presente cuaderno. De igual modo, en virtud de que, conforme al sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre pasado, el expediente físico se integra de lo presentado de esa forma, hágase visible el cuaderno electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que la superioridad que conozca del asunto, tenga acceso a las constancias y actuaciones posteriores a esa data.

  4. Principal

    Vista la demanda de cuenta presentada por ***********, en contra del acto de la Administradora Desconcentrada Jurídica de Guanajuato "3". Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 1174/2022-III. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia respecto del acto reclamado reclamado. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Tal norma impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda, escrito aclaratorio y documentos adjuntos, es dable desechar de plano la demanda al actualizarse una causal de improcedencia. De los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte: El uno de diciembre de dos mil veintidós, el quejoso presentó una consulta ante la Administradora Desconcentrada Jurídica de Guanajuato "3" en forma física (debido a que manifiesta que no cuenta con e-firma o firma electrónica, por lo que su buzón tributario se encuentra inactivo). Al respecto, en su escrito explicó como "situación real y concreta" que sus derechos como contribuyente se vieron afectados con la publicación de la lista a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; que, "los tiempos legales para realizar la impugnación ante las autoridades jurisdiccionales ya han transcurrido de forma fatal en mi contra"; por ello, formuló la consulta a fin de que la autoridad le indicara si conforme al artículo 36, tercer párrafo del mismo ordenamiento, podía acudir a la reconsideración administrativa a solicitar la revocación del acto que considera ilícito "como lo es la publicación en el listado del artículo 69-B". 2) A dicha consulta recayó el oficio 600-26-00-00-00-2022-9796 de seis de los corrientes, en el que se le hizo saber que su consulta no encuadra en la obligación de responder como tal, acorde con el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, dado que no se trata de una consulta real ni concreta, sino que "es una decisión que debe tomar el contribuyente, quien optará o no por presentar esa reconsideración administrativa, teniendo en cuenta que es una facultad potestativa de la autoridad y que debe reunir los requisitos establecidos en el propio artículo 36 del Código citado." Ante ello, es decir, la improcedencia de la consulta, decretó una "orientación jurídica" con fundamento en el artículo 33, fracción I, en el sentido de informarle que el contribuyente no aportó elementos suficientes para considerar la consulta como tal. Finalmente, le hizo saber que: "Las anteriores consideraciones constituyen únicamente orientación jurídica que no genera derechos a la solicitante, lo cual se emite sin prejuzgar sobre la información o documentación proporcionada, así como la existencia de algún otro antecedente que no se haya hecho del conocimiento de esta Unidad Administrativa, por lo que el Servicio de Administración Tributaria se reserva el derecho de ejercer sus facultades de comprobación conforme a la legislación aplicable. Ahora bien, si necesita ayuda para realizar aclaraciones, resolver dudas o recibir orientación fiscal, se sugiere solicite una cita para acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Guanajuato "3" o puede generarla a través del número telefónico o vía internet." Éste es el acto reclamado. Sentado lo anterior, respecto del acto reclamado antedicho, se actualiza la causal de improcedencia a que hace referencia el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relacionada con la falta de interés jurídico. En efecto, el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del uno de enero de dos mil siete, establece que las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva; que las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas sobre situaciones reales y concretas individualmente, que la autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas a los contribuyentes cuando en los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los hechos, datos consultados o se modifique la legislación aplicable; y, que las respuestas a las consultas a que se refiere ese artículo no serán obligatorias para los particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en dichas respuestas. Orientan los criterios: "CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2007)." "CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2007, AL PREVER QUE LAS RESPUESTAS QUE LES RECAIGAN SÓLO SON VINCULANTES PARA LA AUTORIDAD, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY." "CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE DESDE EL 1o. DE ENERO DE 2007, AL MODIFICAR LOS EFECTOS DE LAS RESPUESTAS QUE RECAEN A AQUÉLLAS, ES CONGRUENTE CON LA REGULACIÓN EN MATERIA FISCAL Y CON EL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS TRIBUTOS." En todos ellos, el Alto Tribunal estableció que las consultas fiscales previstas en el artículo 34 Código Fiscal de la Federación no son actos vinculatorios que produzcan una afectación a la esfera jurídica de los gobernados y que aun cuando resulten desfavorables a los contribuyentes sólo podrán ser combatidas por los medios de defensa respectivos cuando dicho criterio se aplique en una resolución definitiva. Así, las consultas fiscales otorgan la posibilidad al contribuyente de formular ante la autoridad fiscal una solicitud respecto de cuestiones relativas a sus obligaciones quedando la autoridad obligada a emitir una respuesta que puede ser favorable o desfavorable a su interés, sin que esa contestación genere en el gobernado una afectación a su esfera de derechos, cualquiera que sea la respuesta de la autoridad fiscal, por lo que será hasta el momento en que las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación y emitan la resolución administrativa correspondiente que el gobernado sufrirá un menoscabo en su esfera jurídica. En tal virtud, con independencia de lo favorable o desfavorable que pudiera ser la respuesta dada por la autoridad fiscal, lo cierto es que no le causa un menoscabo en su esfera de derechos tal pronunciamiento; pues no son obligatorias y/o vinculantes para los contribuyentes, y sólo podrán impugnarse por los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, cuando las autoridades apliquen dicho criterio en una resolución definitiva. Así, la contestación dada en relación con la consulta fiscal realizada por el quejoso no determina su situación jurídica, pues no le priva de derecho alguno ni modifica alguna situación jurídica creada con anterioridad, al ser únicamente una respuesta orientadora de carácter interno, emitido con el fin de canalizar y/o orientar al contribuyente para que éste pueda lograr el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, por tanto, no es susceptible de generar, por si, una afectación al particular. Es orientador el criterio siguiente: CONSULTA FISCAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO A TRAVÉS DE ÉL SE IMPUGNA LA RESPUESTA A AQUÉLLA, AL NO SER OBLIGATORIA PARA LOS CONTRIBUYENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2007)." No pasa inadvertido que la respuesta dada por la autoridad no constituye la respuesta a una "consulta" en términos fiscales, sino una mera "orientación"; sin embargo, bajo el principio general de que lo que no puede lo menos no puede lo más, resulta claro que si la consulta no es vinculatoria ni atenta contra el interés jurídico, con mayor razón una mera orientación. Tampoco es óbice que, por regla general, el interés jurídico es una cuestión que debe ser dilucidada en sentencia, dado que éste puede probarse durante la tramitación del juicio; sin embargo, existen supuestos en los que es clara la inexistencia de la titularidad del derecho afectado, como en el caso, que se trata de un acto de autoridad reglado ya por jurisprudencia, además de que se exhibieron las constancias conducentes, por lo que resulta manifiesta e indudable la actualización de la causal. Sirve como orientación, por mayoría de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 57/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, tomo II, página 1078, junio de dos mil diecisiete, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." De ahí que lo que procede sea desechar de plano la demanda de amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ************* de esta ciudad. Respecto de los correos electrónicos que señala, a saber, a efecto de que ahí se le practiquen las notificaciones que deriven del presente asunto, dígasele que se toma nota de ellos para entablar comunicación en caso de que este Tribunal lo estime necesario. Ello, sin que implique la autorización para que se le practiquen formalmente las notificaciones encomendadas, al no estar previsto en la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizada en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que sí cuenta con cédula profesional que la acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho, inscrita tanto en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las diversas personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12, de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

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