Marcelo Robles Hernández
Expediente 1156/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1156/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Marcelo Robles Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que trascurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de catorce de noviembre del año en curso, dictado en el presente juicio, por el que se desechó la demanda con que se formó este expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Con fundamento en el diverso punto Vigésimo Primero, fracción I, del invocado Acuerdo General Conjunto 1/2009, dado que el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se desechó la demanda con que se formó este expediente y que dicha determinación causó estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años que establece el punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto antes señalado, en virtud de que este asunto no es de relevancia documental.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Marcelo Robles Hernández, contra actos del Juez Primero del Ramo Mercantil en el Estado, que estima violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y fórmese el expediente de amparo como 1156/2017-VIII. La parte quejosa señala como actos reclamados: "La sentencia interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el suscrito en contra del proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 1469/2013, tramitado en el Juzgado Primero Mercantil con sede en el Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí. Además, reclamo todas las consecuencias que de hecho y por derecho genere el acto reclamado." Del escrito de demanda, se advierte: a) En el juicio ejecutivo mercantil 1469/2013 del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil en el Estado, se dictó sentencia definitiva el dieciséis de octubre de dos mil ocho, en la que se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas por el promovente de dicho juicio. b) Posteriormente, el once de enero de dos mil trece se dictó una interlocutoria, en la que se resolvió aprobar y declarar fincado el remate en primera almoneda del bien inmueble embargado en el juicio de origen a favor del aquí quejoso, imponiéndose a este último la obligación de pagar el crédito hipotecario al diverso acreedor José González Martínez. c) En el acuerdo de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la planilla de liquidación y actualización de suerte principal e intereses ordinarios y moratorios que hizo valer el acreedor José González Martínez, en su escrito presentado el seis de junio de la misma anualidad, dándose vista al actor adjudicatario para que en el lapso de tres días haga valer lo que a sus intereses convenga. d) Finalmente, en contra de la determinación señalada en el punto que antecede, el actor interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto en la interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, en la que se declaró improcedente el medio de impugnación de que se trata. Determinación que constituye el acto reclamado en este asunto. Respecto de este acto, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo -ésta última interpretada en sentido contrario-, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Al respecto, la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que son actos procesales de ejecución irreparable cuando sus consecuencias afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de los derechos humanos, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, y que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir que solo afecta derechos adjetivos o procesales, susceptibles de ser reparados en el amparo directo. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 3a./J. 43 29/89, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Luego, si el acto aquí reclamado es la resolución de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del proveído de siete de septiembre del año en curso, en el que se admitió a trámite la planilla de liquidación y actualización de suerte principal e intereses ordinarios y moratorios que hizo valer el acreedor José González Martínez en el expediente de origen, se evidencia que dicha resolución no es un acto de ejecución irreparable, pues sólo surte efectos procesales, pero no afecta derechos sustantivos, de ahí la improcedencia del juicio de amparo que se promueve en su contra. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo bi-instancial será improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y de existir éste, tenga el carácter de reparable, lo que ocurre en el caso, ya que si la parte quejosa obtiene una resolución definitiva favorable a sus intereses, esa violación desaparecería de la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica, y en caso contrario, la misma es susceptible de impugnarse y ser reparada en el amparo directo, que haga valer al momento de resolverse lo conducente en el procedimiento de origen. El hecho de que se promueva una planilla de liquidación y actualización de suerte principal e intereses ordinarios y moratorios en contra del quejoso, no implica que el tercero interesado obtenga lo pretendido. En apoyo a lo anterior, por analogía es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/175, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. El amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite una demanda, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política ni en lo establecido por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley, procede sobreseer el juicio de garantías respecto de este caso." También es análogamente aplicable a lo expuesto, por su contenido, la tesis aislada VI.2o.498 K, que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del siguiente tenor: "DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. El amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite una demanda, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política ni en lo establecido por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley, procede sobreseer el juicio de garantías respecto de este caso." Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el que señala en su escrito y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Homero de León Portales y Talía Isadora Patricia Martínez Bravo, quienes tienen sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de julio del dos mil cinco. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Se tiene al quejoso por manifestando que no se opone a la publicación de sus datos personales en el presente juicio; en la inteligencia que en la sentencia que se dicte en este asunto, se suprimirá su nombre, datos de carácter personal y datos sensibles, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígasele a las restantes partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo.
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