Marcelo Ramirez Vasquez

Expediente 519/2014 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
519/2014
Año
2014
Actuaciones
4
Última actuación
18/08/2015

Partes del expediente

  • Marcelo Ramirez Vasquez
  • Juez de lo Civil. Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinte de julio del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IA

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de julio de dos mil quince. R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a Marcelo Ramírez Vásquez, contra el acto y autoridad precisada en el resultando primero y en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese; como lo ordena la Ley. I-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, glósese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado y anexo rendido por la Juez Civil, con residencia en Tehuantepec, Oaxaca, con el mismo dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Notifíquese. IA

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de marzo de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que remite copia certificada de la resolución dictada con fecha seis de marzo del año en curso, en la queja 229/2014, del índice de ese Tribunal de Alzada, en la que declaró fundada la queja interpuesta por el quejoso Marcelo Ramírez Vásquez, contra el auto de veintiocho de octubre de dos mil catorce, dictado en el juicio de amparo 519/2014, asimismo devuelve los autos originales de dicho juicio, acúsese recibo correspondiente. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Marcelo Ramírez Vásquez, por propio derecho, contra actos del Juez de lo Civil, con sede en Tehuantepec, que hace consistir literalmente en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 en el expediente principal de Pensión Alimenticia de número 172/2003 por el cual manifiesta la autoridad responsable con fundamento en los artículos 53 y 667 del Código Adjetivo Civil que no ha lugar a tenerme interponiendo recurso de revocación en contra del auto de fecha 28 de Agosto de 2014 dictado en el presente juicio, tomando en consideración que lo hice en forma extemporánea." (sic) Con fundamento en los artículos 103, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se admite la demanda, continuándose su trámite en este expediente 519/2014. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, a quienes se solicita que al rendirlo lo hagan dentro del término de quince días siguientes a su legal notificación. Con apoyo en lo dispuesto en el tercer párrafo, del artículo 117, de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado: a) acompañen las constancias que guarden relación con el acto reclamado siendo necesarias para la resolución del asunto; b) que las copias que anexen sean íntegras y legibles; y, c) informen las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Con apercibimiento que de no rendir su informe justificado, de no acompañar las constancias relativas, y no informen las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; se les podrá imponer, en su caso, una multa al dictarse sentencia en este juicio de amparo, equivalente a cien días de salario calculados sobre el mínimo en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260 fracción II, en relación con el numeral 238 de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril del presente año. De igual forma, en términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables; se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales, y en su oportunidad, se resolverá la litis constitucional, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. Con fundamento en en el artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesada a María del Carmen Castro Hernández, con domicilio en casa sin número, Avenida Morelos esquina con calle Michoacán, colonia Benito Juárez, Tehuantepec, Oaxaca; en consecuencia, por conducto del Actuario emplácese y córrasele traslado con una copia simple de la demanda de garantías, al mismo se le deberá adjuntar copia autorizada del presente acuerdo, a la tercera interesada antes citada, haciéndole de su conocimiento la fecha y hora de la audiencia constitucional, para que si a sus intereses conviene se apersone a este juicio de garantías; así también, la requiera para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación de este acuerdo, señale expresamente domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que, en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase al quejoso señalando las listas de acuerdos, para oír y recibir notificaciones, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que cita. Por otra parte, se tiene únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Marlene Villalobos Santos. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que exhibe el quejoso en su escrito de demanda, las que dada su naturaleza en este acto se desahogan, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Finalmente, En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, los numerales 7 y 8 de ese último ordenamiento reformado mediante decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil siete, y 79, fracción II, del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece los lineamientos para la elaboración de versiones públicas de las resoluciones judiciales de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, dígase a éstas que las resoluciones judiciales que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, comuníqueseles el derecho que les asiste, para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en el entendido que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la ley citada, de la versión pública de las sentencias ejecutoriadas y de las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán sus datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese. IA

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