Marcelo Porras Flores

Expediente 198/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
198/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Marcelo Porras Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por oficio con a las autoridades responsables y por lista electrónica a las restantes partes.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA A LA QUE SE LE DEJOO AVISO, LA RESOLUCION QUE DICE: Agréguese a los autos el oficio STPSP/JE8/417/2023, signado por la Presidenta de la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, remite las constancias solicitadas, consistentes en copia certificada de la constancia de notificación del laudo de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente laboral 1100/VIII/2018; en ese tenor, ténganse como pruebas de su parte. Ahora bien, el suscrito advierte que con la constancia recibida, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia consistente en cesación de los efectos del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto", es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, se pronuncia respecto al que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental trasgredido. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, son los siguientes..... Constancias a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2o, por estar certificadas por servidor público en ejercicio de sus funciones. En ese tenor, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de los actos reclamados; habida cuenta que la autoridad señalada como responsable, el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés emitió el laudo en el juicio laboral 1100/VIII/2018; asimismo, notificó a la parte actora y demanda. Por tanto, con dichas actuaciones han cesado los efectos de los actos reclamados y, por ende, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que al efecto se considere necesario la celebración de la audiencia constitucional; dado que, la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, de ahí que sea procedente sobreseer el presente juicio, pues de estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario a lo establecido por el artículo 17 constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, por los motivos señalados en líneas precedentes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que reservó proveer respecto de la razón actuarial de veintidós de marzo del año en curso, agréguese la misma sin mayor proveído en razón de lo antes mencionado.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio STPSP/JE8/304/2023, signado por la Presidenta de la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta Ciudad; y, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la aludida autoridad rindiendo informe justificado, y con el mismo dese vista a las partes para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngasele ofreciendo como prueba la documental que anexa al oficio de cuenta, consistente en copia certificada del laudo de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente laboral 1100/VIII/2018 de su índice; sin perjuicio de su relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, toda vez que de la lectura integral del informe justificado y la constancia anexa al mismo, el suscrito advierte que podría actualizarse una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente por ser de orden público al análisis de cualquier cuestión de fondo, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta Ciudad, a efecto de que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la constancia que acredite la notificación personal efectuada al aquí quejoso, respecto del laudo de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente laboral 1100/VIII/2018. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización en su valor diario, de acuerdo con el artículo 5º de la Ley para determinar el valor de la unidad de medida y su actualización, de conformidad con el precepto 259, en relación con 237, fracción I, de la ley de la materia. Tiene apoyo a lo anterior, por su sentido, la jurisprudencia 1ª./J.163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXIII, Enero 2006, Novena Época, visible en la página 319, de rubro y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Finalmente, vista la razón actuarial resérvese proveer respecto del contenido del mismo, hasta en tanto la autoridad responsable remita lo solicitado en líneas precedentes. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable precisada, así como por lista electrónica a las restantes partes.

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