Marcelo Paulino Marin

Expediente 957/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
957/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Marcelo Paulino Marin

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el veintiuno de septiembre del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, toda vez que se desechó la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Realícese la captura de datos que correspondan en los libros de control. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 957/2023. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase a la Secretaria a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA ..., por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE Agente del Ministerio Público en turno de Tuxtepec, Oaxaca. ACTO RECLAMADO Orden de detención y su ejecución. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 12, 16 y 22 de la Constitución Federal. DESECHAMIENTO En efecto, atendiendo a los antecedentes expuestos, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, dado que se advierte que, en el caso concreto, SE ACTUALIZA de manera manifiesta e indudable LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA consistente en que el ACTO NO ACTUALIZA LA HIPÓTESIS LEGAL ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 15 DE LA LEY DE AMPARO, prevista en el artículo 61 fracción XXIII, 20, 108 y 159, todos de la Ley de Amparo. Es así, pues inicialmente es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 20, 108 y 159, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.]". "Artículo 159. En los lugares donde no resida juez de distrito y especialmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio conforme a las siguientes reglas: I. Formará por duplicado un expediente que contenga la demanda de amparo y sus anexos, el acuerdo que decrete la suspensión de oficio y el señalamiento preciso de la resolución que se mande suspender; las constancias de notificación y las determinaciones que dicte para hacer cumplir su resolución; II. Ordenará a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado en que se encuentren o que, en su caso, proceda inmediatamente a poner en libertad o a disposición del Ministerio Público al quejoso y que rinda al juez de distrito el informe previo; y III. Remitirá de inmediato el original de las actuaciones al juez de distrito competente y conservará el duplicado para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, hasta en tanto el juez de distrito provea lo conducente, con plena jurisdicción. En caso de la probable comisión del delito de desaparición forzada, el juez de primera instancia procederá conforme lo establecido por el artículo 15 de esta Ley. Cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de primera instancia y no haya otro en el lugar, o cuando se impugnen actos de otras autoridades y aquél no pueda ser habido, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera de los órganos judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, siempre que en él resida la autoridad ejecutora o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional más próximo". De la interpretación de dichas disposiciones obtenemos que quienes acuden ante los órganos judiciales de la federación a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, deben realizarlo por escrito, pero al tratarse de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, es válido presentar la demanda de amparo vía telegráfica o por comparecencia ante el Juez de Distrito o ante el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, en los lugares en donde no resida Juez de Distrito. Situaciones arriba citadas, que en el caso, no suceden, dado que de la lectura del escrito de demanda telegráfica, la parte quejosa señala como acto reclamado ".EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO QUE DE FORMA ARBITRARIA ME HAN DICTAMINADO ORDEN DE DETENCIÓN EN MI CONTRA POR SUPUESTOS DELITOS Y QUE TRATAN DE EJECUTAR DICHA ORDEN EL AGENTE ESTATAL DE INVETIGAION [.]" (sic); pero como se mencionó previamente, tal acto no actualiza la hipótesis legal establecida en el numeral 15 de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; para que éste pudiera instar la demanda de mérito por escrito y no vía telegráfica. Máxime que del telegrama que se provee se advierte que el quejoso es quien promueve el amparo, razón por la cual es dable suponer que no se encontraba imposibilitado de presentar el original de su escrito respectivo. En esa tesitura, si del telegrama de cuenta no se advierte que el promovente reclame actos de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, o que tratándose de éstos haya encontrado algún inconveniente en la justicia local de su residencia para conocer de la demanda de amparo a través de la competencia auxiliar en términos de lo dispuesto en el artículo 159 de la ley de la materia; entonces, se considera que no cumplió con las obligaciones que la ley le impone para estar en posibilidad de presentar un amparo por la vía telegráfica. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 590 del Tomo VIII del Semanario Judicial de la Federación, con registro 287701 de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO TELEGRÁFICA. En casos que no admitan demora, la petición del amparo y la suspensión del acto reclamado puede hacerse por telégrafo, siempre que el agraviado encuentre algún inconveniente en la justicia local, para que ésta pueda comenzar a conocer del juicio, debiendo llenarse los requisitos que la ley previene y bajo las sanciones y salvedades de la misma". Además, como ya se dijo, en el caso, no se está reclamando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, ni del diverso numeral 15 de la Ley de Amparo, esto es, cuando la directa parte agraviada se encuentre imposibilitada para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, incluso acorde con el diverso numeral 109 de la ley de la materia, se obtiene que en esos casos la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos (en este último caso no se requerirá de firma electrónica). Por tanto, si la demanda carece de la firma del directo agraviado, y tampoco se advierte que ésta se encuentre siendo víctima de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o 15 de la Ley de Amparo, para proceder en consecuencia; por tanto, debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el particular, la firma del directo agraviado, ya que la firma es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. NOTIFICACIONES A LA PARTE PROMOVENTE Toda vez que la parte promovente no señaló domicilio para recibir notificaciones y acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a********************, por lista de acuerdos ésta y las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la ciudad de Oaxaca de Juárez o en el lugar donde tiene residencia este Juzgado. JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; a través del cual podrán presentar promociones y realizar la consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección we... FIRMA ELECTRÓNICA Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE.

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