Marcelo Olvera Vazquez
Expediente 640/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Marcelo Olvera Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Pachuca, Hidalgo, treinta de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual informa que se avoco al conocimiento de dicho asunto y que desecho de plano por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la demanda de amparo promovida por el aquí quejoso. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.
- Principal
Pachuca, Hidalgo, treinta de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual informa que se avoco al conocimiento de dicho asunto y que desecho de plano por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la demanda de amparo promovida por el aquí quejoso. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.
- Principal
Pachuca, Hidalgo, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad, atendiendo a su contenido se le tiene acusando de recibo del oficio 22120/2017 de nueve de junio del año en curso, por el cual se le remitió el juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Pachuca, Hidalgo, nueve de junio de dos mil diecisiete Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso Marcelo Olvera Vázquez, da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de dos de junio del presente año; en virtud de lo anterior se pasa a proveer lo siguiente: Se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La sentencia definitiva dictada por el Juez Mixto del Distrito Judicial de Jacala de Ledezma, Hidalgo, dentro de la causa penal 03/2013 por el delito de homicidio calificado. INCOMPETENCIA PARA CONOCER DEL ASUNTO Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que el demandante de amparo, reclama como acto destacado la sentencia dictada por el Juez Mixto del Distrito Judicial de Jacala de Ledezma, Hidalgo, dentro de la causa penal 03/2013. Dicha resolución constituye la última resolución en un procedimiento penal, por lo que se estima que la misma debe ser combatida mediante amparo directo, que habrá de substanciarse y resolverse por el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Así, los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, establecen que el llamado amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, y que se entiende por sentencias definitivas, para los efectos antes señalados, las que deciden el juicio en lo principal. Los numerales antes indicados establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "ARTÍCULO 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a).- En materia penal, contra sentencias definitivas dictadas en por tribunales judiciales sean estos federales, del orden común o militares o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. [.] LEY DE AMPARO. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. A su vez el artículo 34 dispone: ARTÍCULO 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. De la interpretación conjunta de los preceptos antes citados se concluye que el juicio de amparo directo procede en dos supuestos: a) En contra de sentencias definitivas o laudos; y, b) En contra de resoluciones que ponen fin al juicio. En ambos casos, dichos actos deben ser dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. En el primer supuesto, que es el que en el caso interesa, de acuerdo con el artículo 170 de la Ley de Amparo, antes mencionado, se entiende por sentencia definitiva aquella que decide el juicio en lo principal, y respecto de la cual deberán agotarse previamente los recursos ordinarios, en virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado en diversas tesis que sólo se consideran sentencias definitivas las que, versando sobre la materia misma del juicio, resuelven la controversia principal, estableciendo que haya motivado la litis y condenen o absuelvan, según proceda, en forma que la materia misma del juicio quede ya definitivamente juzgada por la autoridad común. Por tanto, se puede establecer que la definición legal de sentencia definitiva sólo exige que la resolución decida el juicio en lo principal, y que respecto de ella las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada. Es aplicable en lo conducente la tesis visible a foja 59, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 8, Cuarta Parte, Instancia Tercera Sala, Séptima Época, que dice: "SENTENCIA DEFINITIVA, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO. El artículo 46 de la Ley de Amparo estatuye que 'se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas'. Este Alto Tribunal, interpretando esta expresión de la Ley de Amparo, ha sentado las tesis jurisprudenciales números 322 y 328, (Apéndice de 1917 a 1965, Cuarta Parte), que respectivamente dicen: 'SENTENCIA DEFINITIVA.-Debe entenderse por tal, para los efectos del amparo directo, la que define una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y la excepción que hayan motivado la litis contestatio, siempre que, respecto de ella, no proceda ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o reformada.'. 'SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.-Aun cuando tengan efectos definitivos, no tienen el carácter de sentencias definitivas, si no resuelven la cuestión principal, y por tanto, del amparo que contra ellas se pida deben conocer los Jueces de Distrito.'. Visto, pues, a la luz de esta jurisprudencia el artículo 46 de la Ley de Amparo, puede afirmarse que su expresión 'decidan el juicio en lo principal', debe entenderse que quiere decir, que para los efectos del amparo directo, sólo se consideran sentencias definitivas, las que versando sobre la materia misma del juicio, resuelven la controversia principal, estableciendo que haya motivado la litis y condenen o absuelvan, según proceda, en forma que la materia misma del juicio quede ya definitivamente juzgada por la autoridad común." Esta definición de la expresión "sentencia definitiva" nos lleva al concepto de juicio, al establecer que éstas son las que "deciden el juicio en lo principal". En ese orden de ideas, tomando en consideración que la demanda de que se trata se endereza en contra de una sentencia definitiva al resolverse el juicio en lo principal y respecto de la cual debe ser combatida mediante amparo directo, que habrá de substanciarse y resolverse por un Tribunal Colegiado de Circuito conforme a lo previsto por el artículos 170 de la ley en cita. Por tanto, es innegable que el acto reclamado por el quejoso en esencia consistente en la sentencia definitiva dictada por el Juez Mixto del Distrito Judicial de Jacala de Ledezma, Hidalgo, dentro de la causa penal 03/2013 por el delito de homicidio calificado, resolviendo el asunto de forma definitiva y constituye la última resolución en un procedimiento penal, por lo que se estima que la misma debe ser combatida mediante amparo directo. Por tanto, es innegable que el acto reclamado deberá ser materia de estudio y resolución por parte del TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO, DEL ESTADO DE HIDALGO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, EN TURNO. En consecuencia, el suscrito estima que este Juzgado carece de competencia para conocer de la presente demanda de amparo en términos de lo dispuesto en la fracción V, inciso a) del artículo 107, de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo que, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la presente demanda de amparo; en consecuencia, remítase la presente demanda y copias simples, al TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSMIMO NOVENO CIRCUITO, ESTADO DE HIDALGO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD EN TURNO, para que acuerde lo conducente, solicitándole atentamente tenga a bien confirmar la recepción de las constancias de referencia. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo. PRECISIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a Fernando Enciso Carreón y Alfredo Tapia García, por contar con registro de sus cédulas profesionales ante el sistema único de Profesionales de Derecho, acreditados ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las demás personas en términos restringidos del citado artículo. Notifíquese personalmente.
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