Marcelo Martín Díaz Camarería
Expediente 801/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Marcelo Martín Díaz Camarería
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa que no insiste en la competencia declinada, de lo que el suscrito toma conocimiento para los efectos legales conducentes. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del caso, ..., el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se determinó la incompetencia por conocimiento previo de la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por recibido el oficio del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual remite la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Instituto Nacional de la Vivienda y Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los numerales 14 y 16 Constitucionales, al efecto se acuerda: Acúsese recibo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 801/2022. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del ordinal 3° de la Ley de la materia. C O N S I D E R A N D O: I. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama el desalojo y demolición del inmueble ubicado en ..., que les atribuye al Instituto Nacional de la Vivienda y Secretaria de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México. El acto reclamado se fija en estos términos, después de examinar íntegramente la demanda de amparo, atento al principio de exhaustividad y congruencia. Al respecto se invoca la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 181810. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, en Materia(s): Común, Página: 255, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." II. Respetuosamente se disiente de la postura del oficiante y este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, en razón de que el acto reclamado no fue atribuido a un Juez del orden civil sino a autoridades diversas con motivo de una actuación de carácter administrativo, a la cual se le atribuyen vicios propios y por esa causa la naturaleza jurídica del acto reclamado también es de esa especialidad (hasta este momento). Conforme al ordinal 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los y las jueces de distrito en materia administrativa conocerán de los amparos que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial. Atendiendo a esta regla, la preeminencia competencial entre dos jueces de distrito de distinta materia, se obtiene en razón de la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis I.3º.C.100 K, visible la página 1431 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Novena Época, registro 163502, que establece: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." En la especie, se aprecia que el acto reclamado es el desalojo y demolición del inmueble ubicado en ..., que les atribuye al Instituto Nacional de la Vivienda y Secretaria de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México. Así, es claro que no hay una controversia del orden civil relacionado entre los señalamientos de la parte quejosa que en términos del expediente, deba revisarse conjuntamente a la actuación de la autoridad administrativa como es el Instituto de la Vivienda, pues incluso manifiesta el desconocimiento de un juicio en su contra. En ese sentido, la aplicación de las normas que informan el caso, no serán las de un orden puramente civil, mercantil o familiar, sino exclusivamente aquellas de corte administrativo, respecto a la actividad que desempeña el Instituto Nacional de la Vivienda de la Ciudad de México en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto que lo crea, así como la Ley de Vivienda del Distrito Federal; y que de acuerdo a su estructura y función legal, es claramente distinta a la judicial. El decreto que crea el Instituto de Vivienda del entonces Distrito Federal establece lo siguiente: "Artículo Primero.- Se crea el Instituto de Vivienda del Distrito Federal como descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Organismo público. (.) Artículo Tercero. El Instituto de Vivienda del Distrito Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: I. Proponer y coadyuvar con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la integración, coordinación, análisis y ejecución de la política de vivienda del Distrito Federal: II. Contribuir con la Administración Pública del Distrito Federal, en la proyección, diseño y ejecución del Programa de Vivienda del Distrito Federal, enfocado principalmente a la atención de la población de escasos recursos económicos de la Ciudad de México, así como en la coordinación de los organismos de vivienda del Gobierno del Distrito Federal. III. Fomentar la creación, uso, mejoramiento y modificación de los espacios urbanos requeridos para el Programa de Vivienda, así como del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal: IV. Promover la creación de una bolsa de suelo urbano con viabilidad técnica y jurídica para desarrollos habitacionales. (.)" Por su parte, la Ley de Vivienda del Distrito Federal, refiere: "Artículo 4.- Para efectos de esta Ley, se entiende por: (.) IX. INSTITUTO. El Instituto de Vivienda del Distrito Federal; (.) Artículo 10. El Instituto, tendrá además de las atribuciones comprendidas en su Decreto de creación, las siguientes: I. Establecer las medidas conducentes a asegurar el cumplimiento de los programas y orientaciones aprobados por el Jefe de Gobierno en materia de vivienda; en particular fijar prioridades cuando fuere necesario en los aspectos no previstos en las normas generales y asignar en consecuencia los recursos; II. Formular y someter a la aprobación del Jefe de Gobierno las normas reglamentarias que se deriven de la presente Ley, así como sus modificaciones; III. Coordinar las decisiones que adopten otros organismos públicos en aspectos conexos; IV. Ser el responsable de ejecutar los fondos habitacionales del Gobierno de la Ciudad; V. Verificar el cumplimiento de las normas vigentes y evaluar la realización de los programas. A este efecto podrá: a) Requerir toda clase de información a las dependencias y organismos públicos y privados que operen en materia de vivienda; b) Hacer observaciones a las dependencias y organismos de la Administración Pública del Distrito Federal, sobre las normas, acciones o procedimientos, en materia de vivienda, para su ajuste o corrección." De lo transcrito se advierte que los ordenamientos descritos señalan al Instituto de la Vivienda (INVI), como un auxiliar de la administración pública de esta Ciudad, debido a que contribuye con esto para diversas actividades relacionadas con la política de vivienda; por ello, no obstante que se apoya en trámites y procesos civiles, sí puede estimarse su naturaleza administrativa y por tanto la competencia es a favor de un Juez Federal especializado en tal materia, debido a que se le reclaman actos autónomos en uso de sus facultades, como en el caso acontece. Establecido lo anterior, debe decirse que con los elementos con los que ahora se cuentan, el acto reclamado, es de naturaleza administrativa, pues el desalojo y demolición del inmueble que se defiende, no derivó de la ejecución de una orden de un juez civil, emitida en un proceso de dicha calidad, sino de la propia facultad del instituto responsable. Lo cual se concluye porque el acto de autoridad que la parte quejosa desea revisar no es una orden judicial, sino la actividad administrativa realizada por el Instituto Nacional de la Vivienda y Secretaria de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México, consistente en el desalojo y demolición del predio señalado. Ello en razón, de que de las constancias remitidas, no se demuestra un acto especifico atribuido al Juez del orden civil, sino de la actuación hecha por una autoridad de carácter administrativo a la cual se le atribuyen vicios propios, ya que es la orden de desalojo y demolición del inmueble ubicado en calle Cañitas, número 40, y 42 colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11400, en ejercicio de sus atribuciones. Lo anterior, se apoya en la jurisprudencia P./J. 83/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 28, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Sin que sea impedimento para definir que la competencia es administrativa, el hecho de que se invoque el criterio aislado I.22o.A.1 K (10a.), con registro digital: 2022047 cuyo rubro es: "COMPETENCIA POR MATERIA. EL AMPARO CONTRA NORMAS LEGALES RELACIONADAS CON ACTOS DE DESALOJO CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO Y TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA CIVIL."; en razón de que refiere actos de desalojo dictados en asuntos del orden civil; lo que en la especie hasta el momento no se tiene certeza; por el contrario únicamente se encuentra con la actividades de autoridades administrativas. En efecto el acto reclamado no deriva de un juicio de naturaleza civil para que el suscrito pueda conocer el juicio de amparo, sino de las atribuciones que su marco jurídico confiere a la autoridades responsables, de naturaleza administrativa, por lo que respetuosamente se disiente de la consideración de que se tenga que examinar el acto reclamado. En las relatadas condiciones, es inconcuso que la competencia para conocer sobre la constitucionalidad del acto reclamado recae en un Juez de Distrito en Materia de Administrativa, pues éste debe decidir sobre la legalidad o subsistencia del acto combatido. Entonces, de conformidad con la fracción IV, del artículo 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el suscrito NO ACEPTA LA COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DEL PRESENTE JUICIO CONSTITUCIONAL, por lo que fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. Con fundamento en el ordinal 48 del ordenamiento referido, remítase el presente juicio de amparo indirecto al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que provea lo que en derecho corresponda. Se tiene como domicilio procesal el que indica, y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que refiere, respecto de quienes autoriza en términos del ordinal 12 de la ley de la materia, sólo gozarán de las facultades amplias que prevé dicho precepto si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito no acepta la competencia legal para conocer del presente juicio de amparo indirecto promovido por ..., contra actos del Instituto Nacional de la Vivienda y Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México. SEGUNDO. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y remítase el presente juicio de amparo indirecto al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE
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