Marcelo Loaeza Pérez

Expediente 640/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 32 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
640/2022
Año
2022
Actuaciones
32
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Marcelo Loaeza Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de febrero de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual remite el cuaderno de suspensión 640/2022 del índice de este Juzgado, e informa que el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el que declaró sin materia el recurso de revisión 419/2022, de su índice, ha quedado firme; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Acuse de recibo. Con transcripción de este acuerdo, se ordena acusar recibo al Tribunal Colegiado oficiante. Glósese el cuaderno de antecedentes que obre en autos al asunto original. Nueva integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formarán el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos los oficios de cuenta signados por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual informa que declaró sin materia los recursos de revisión registrados con los números 419/2022 y 421/2022; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el Agente de Policía de la comunidad indígena de Santo Domingo Coatlán, perteneciente al municipio de San Jerónimo Coatlán, Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca, contra la interlocutoria de dos de agosto de dos mil veintidós, radicándolo con el número 421/2022, de su índice; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 640/2022; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Marcelo Loaeza Pérez, por su propio derecho, mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, Marcelo Loaeza Pérez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al agente de Policía y síndico Municipal, ambos de Santo Domingo Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. De las autoridades responsables reclamo; la petición enviada mediante escrito firmada y sellada por el Agente de policía C. Virgilio Jiménez Pacheco, mismo que me llevaron por medio de un policía de la comunidad a mi domicilio particular el día 01 de junio del presente año como a las diez de la mañana y el cual no recibí sino únicamente solicité que me permitieran tomarle fotos, oficio el cual refiere que mediante una asamblea de fecha 29 de mayo del año 2022, se acordó que el exponente levante todos mis trabajos realizados a un costado de la agencia Municipal y también los trabajos realizados a un costado de la unidad médica rural, en un lapso de 15 días, determinación o acuerdo del cual nunca fui citado para que mediante asamblea, el exponente fuera escuchado, por lo que es evidente que dicha determinación no se encuentra fundada y motivada, toda vez que al exponente no se me dio el derecho de defenderme en la asamblea que refiere el agente de policía, tan es así que al momento de solicitar audiencia con el agente de policía y el comisariado, se me negó dicho derecho y se me cerró la puerta, y solo me comentaron que si me niego a cumplir con su determinación, mandarían a arrestarme por desacato así como a imponerme una multa de carácter ejemplar por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y en caso de consideración por parte del agente de policía la sanción se incrementaría dando origen a ser expulsado de la propia comunicad y a imponerme una multa de mayor cantidad, ." Actos que estimó violatorios de los derechos consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno le correspondió conocer de la referida demanda, cuyo titular la admitió por auto de seis de junio de dos mil veintidós, ordenó registrarla en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo 640/2022; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; y dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Posteriormente, mediante escrito presentado el veintiuno de julio del año en curso, con número de registro 11133, el quejoso Marcelo Loaeza Pérez, amplió la demanda de amparo, señalando como autoridad responsable a la Asamblea de la comunidad de Santo Domingo Coatlán, municipio de San Jerónimo, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, a quien le reclamó el siguiente acto: ".IV. ACTO RECLAMADO. De la autoridad responsable; reclamo la acta de asamblea celebrada el veintinueve de mayo del año en curso, acta de asamblea donde se acordó que al exponente se le suspendan de todos sus derechos de manera definitiva como ciudadano de mi comunidad, siendo esto violatorio de mis derechos constitucionales y garantías individuales plasmados en nuestra Carta Magna, además quedando de manera manifiesta que es un acto discriminatorio hacia mi persona por profesar un culto religioso (cristianismo) diferente al de mi comunidad (catolicismo); levante todos mis trabajos realizados a un costado de la Agencia Municipal y también los trabajos realizados a un costado de la Unidad Médica Rural (UMR), en un lapso de 15 días, determinación o acuerdo del cual nunca fui citado para que mediante asamblea, el exponente fuera escuchado, por lo que es evidente que dicha determinación no se encuentra fundada y motivada, toda vez que el exponente no se me dio el derecho de defenderme en la asamblea que refiere el agente de policía; la imposición de una multa ejemplar por la cantidad de cincuenta mil pesos ($50,000.00 mn), misma que se me concedió veinte días para que el exponente pague dicha cantidad ante el agente de policía de mi comunidad y se me denuncie ante las autoridades competentes." Por lo que en acuerdo se veintidós de julio del año en curso, este órgano jurisdiccional dio trámite a la ampliación de la demanda, solicitó informe justificado a la responsable, dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Acto que estimó violatorio de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 24, constitucionales. Finalmente, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamado se atribuyen autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador establece que del escrito de demanda, así como de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: Del agente de Policía de la comunidad de Santo Domingo Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Oaxaca, Miahuatlán, Oaxaca. * El oficio número 02, suscrito por el agente de Policía de Santo Domingo Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Oaxaca, Miahuatlán, Oaxaca, en que se le informó que mediante acuerdo adoptado en Asamblea de veintinueve de mayo del año en cuso, se determinó que dentro del plazo de quince días, tenía que levantar los trabajos realizados a un costado de la Agencia Municipal, así como los realizados en el espacio ubicado a un costado de la Unidad médica Rural, y en caso de no acatar lo ordenado se tomarían nuevas alternativas. Del agente de Policía de la comunidad de Santo Domingo Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Oaxaca, Miahuatlán, Oaxaca; así como del síndico Municipal del municipio de San Jerónimo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca. * La orden de destierro o expulsión de la comunidad de Santo Domingo Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca. * La orden de privación de su libertad personal en la comunidad Santo Domingo Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca. * La orden de imposición de una multa por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) De la Asamblea General de la comunidad de Santo Domingo Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Oaxaca, Miahuatlán, Oaxaca. * El acta de asamblea levantada el veintinueve de mayo de dos mil veintidós, con motivo de la asamblea celebrada en la población de Santo Domingo Coatlán, municipio de San Jerónimo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El síndico Municipal del Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le atribuyen. Además, el agente de Policía de la comunidad de Santo Domingo Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados consistentes en: la orden de destierro o expulsión de la comunidad de Santo Domingo Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca; la orden de privación de su libertad personal en la comunidad Santo Domingo Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca; así como la orden de imposición de una multa por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por el quejoso, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia de los actos reclamados antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Apéndice 2000, Sexta Época, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por otra parte, el agente de Policía de la comunidad de Santo Domingo Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado consistente en el oficio número 02, en que se le informó al quejoso que mediante acuerdo adoptado en asamblea de veintinueve de mayo del año en cuso, se determinó que dentro del plazo de quince días, tenía que levantar los trabajos realizados a un costado de la Agencia Municipal, así como los realizados en el espacio ubicado a un costado de la Unidad médica Rural, y en caso de no acatar lo ordenado se tomarían nuevas alternativas. Sin embargo, su negativa se desvirtúa, y se estima cierto dicho acto, ya que el quejoso adjuntó a su demanda copia simple del mismo, lo que se adminicula con el punto cinco, párrafo cuarto, del informe justificado rendido por el agente de Policía antes mencionado, refiere que en ninguna parte del citado oficio se estableció o determinó algún acto de molestia a que se refiere el quejoso en su demanda. De ahí la existencia de dicho acto reclamado. Por otra parte, el agente de Policía, en representación de la Asamblea General de la comunidad de Santo Domingo Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado consistente en el acta de asamblea levantada el veintinueve de mayo de dos mil veintidós, con motivo de la asamblea celebrada en la población de Santo Domingo Coatlán, municipio de San Jerónimo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca. Lo que se acredita con la copia certificada por notario público, que de dicha acta remitió el mencionado agente de Policía, documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al diverso numeral 2° de la Ley de Amparo. QUINTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." De las actuaciones que integran este expediente, así como de la copia certificada por notario público el veintinueve de julio de dos mil veintidós, del acta de asamblea levantada con motivo de la asamblea celebrada en la comunidad de Santo Domingo Coatlán, municipio de San Jerónimo Coatlán, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, el veintinueve de mayo del año que transcurre, exhibida por la responsable, esta última que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se observan los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito de ampliación de demanda de amparo, presentado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, el quejoso Marcelo Loaeza Pérez, señaló como autoridad responsable a la Asamblea de la comunidad de Santo Domingo Coatlán, municipio de San Jerónimo, Miahuatlán, Oaxaca, a quien le reclamó el acta de asamblea celebrada el veintinueve de mayo de dos mil veintidós, en la citada población. En el punto marcado con el número dos del capítulo de antecedentes, el quejoso sostuvo que en ningún momento se le citó a la asamblea para que fuera escuchado y pudiera defenderse. 2. La copia certificada del acta de asamblea levantada con motivo de la asamblea verificada en la comunidad de Santo Domingo Coatlán, municipio de San Jerónimo Coatlán, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, el veintinueve de mayo de dos mil veintidós, entre otras cuestiones, permite advertir que tomaron como acuerdo lo siguiente: a). Imponer al quejoso una multa por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), por los daños causados al pantano natural, otorgándole el plazo de veinte días para que realizara el pago de dicha cantidad ante el agente de la comunidad. b). Denunciar a Marcelo Loaeza Pérez (quejoso en este juicio), así como a Isaías Loaeza Santiago, ante las autoridades competentes; y suspender de sus derechos de manera definitiva en la comunidad. c). Recuperar las áreas que pertenecen a la comunidad y que fueron prestadas a Marcelo Loaeza Pérez, consistentes en el espacio ubicado a un costado de la Agencia de Policía, a un costado de la Unidad Médica Rural, así como el espacio prestado para el cultivo de hongos, otorgándole un plazo de quince días para que voluntariamente desocupara dichos espacios. En dicha asamblea se hizo contar la presencia del quejoso Marcelo Loaeza Pérez, pues en el punto marcado con el número cuatro, párrafo segundo, se hizo constar su asistencia, así como la intervención que tuvo durante su desahogo, en los siguientes términos: "EN USO DE LA PALABRA EL AGENTE DE POLICÍA MANIFIESTA A LOS ASAMBLEÍSTAS QUE SON UNA COMUNIDAD INDÍGENA CON USOS Y COSTUMBRES ANCESTRALES PARA RESOLVER LOS ASUNTOS Y CONFLICTOS QUE SE PRESENTAN EN LA COMUNIDAD, DONDE LA ASAMBLEA ES LA MÁXIMA AUTORIDAD EN TODOS LOS ASUNTOS QUE AFECTEN A LA COMUNIDAD Y QUE COMO AUTORIDAD LO ÚNICO QUE HACE ES CUMPLIR CON LO QUE LA ASAMBLEA LE ORDENA. QUE LA PRESENTE ASAMBLEA SE HA CONVOCADO PARA ANALIZAR, DISCUTIR Y PROPONER ACUERDOS RELACIONADOS CON EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL SEÑOR MARCELO LOAEZA PÉREZ QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE EN ESA ASAMBLEA, . ASIMISMO EN USO DE LA PALABRA EL SEÑOR MARCELO LOAEZA PÉREZ E ISAÍAS LOAEZA SANTIAGO, EN TONO AGRESIVO SE DIRIGE A LA ASAMBLEA Y MANIFIESTA QUE NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS SEÑALAMIENTOS DE LOS CIUDADANOS Y QUE SUPUESTAMENTE LO ESTÁN DISCRIMINANDO, A LO QUE LE CONTESTA EL AGENTE AL SEÑOR MARCELO LOAEZA PÉREZ QUE EN LA COMUNIDAD NO SE DISCRIMINA A NADIE Y QUE DE ESO SON TESTIGOS LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD. ." De los antecedentes relatados, se advierte que contrario a lo asegurado por el quejoso, sí estuvo presente en la asamblea general de comuneros celebrada el veintinueve de mayo de dos mil veintidós, por lo que debe otorgársele valor probatorio a lo asentado dicha acta; máxime que el quejoso no controvirtió la parte del acta en que aparece que estuvo presente en la misma. Además que en el presente juicio no obra algún medio de prueba que acredite lo contrario, esto es, que no estuvo presente en la audiencia general de comuneros que tuvo verificativo el veintinueve de mayo de dos mil veintidós. Precisado lo anterior, se advierte que el quejoso tuvo conocimiento del acta de asamblea de veintinueve de mayo de dos mil veintidós, en esa misma fecha, ya que estuvo presente durante su desahogo. Por lo anterior, en cuanto al acto reclamado consistente en el acta de asamblea celebrada el veintinueve de mayo de dos mil veintidós, en la población de Santo Domingo Coatlán, municipio de San Jerónimo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca; se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, cuyo estudio es de orden público, según el artículo 62 todos de la Ley de Amparo. Tales preceptos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." Ahora, en relación al plazo genérico para promover el juicio de amparo, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del artículo 18 de la Ley de Amparo, se colige que para computar los términos a que se constriñe el artículo 17 de la propia ley, para la presentación de la demanda, prevé tres supuestos: 1) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame; 2) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos, o de su ejecución; y, 3) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Dada la finalidad del juicio de amparo como medio extraordinario que tutela derechos fundamentales, queda sujeto al principio de preclusión que consiste en ejercer la acción de amparo, en el caso, dentro del plazo de quince días a partir de que el quejoso tiene conocimiento, surte efectos la notificación o se ostenta sabedor del acto reclamado que aduce le causa perjuicio. Por lo que, se observa que el quejoso tuvo conocimiento del acta de asamblea que se llevó a cabo en la comunidad de Santo Domingo Coatlán, municipio de San Jerónimo Coatlán, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, el veintinueve de mayo del año que transcurre. Entonces, el referido plazo de quince días para presentar la ampliación de la demanda de amparo inició a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado; por lo tanto, dicho plazo inició el treinta de mayo de dos mil veintidós, y concluyó el diecisiete de junio del mismo año; sin contar los días cuatro, cinco, once y doce de junio de dos mil veintidós, por ser inhábiles. Luego, si el escrito de ampliación de demanda de amparo fue presentado el veintiuno de julio de dos mil veintidós en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo y, por ende, la ampliación de la demanda de amparo promovida resulta EXTEMPORÁNEA; concretándose la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la ley de la materia. Sin que pase inadvertido que el escrito de demanda de amparo, fue presentado el seis de junio del año en curso, esto es dentro del plazo de quince días que concede la Ley de Amparo, para la interposición del juicio de amparo; sin embargo, en el mencionado escrito de demanda no se señaló como acto reclamado la citada acta de asamblea. Por lo tanto, al actualizarse la citada causa de improcedencia, conlleva a sobreseer en la presente contienda constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. Al respecto, se cita la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Tomo XLI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio." Por otra parte, en cuando al diverso acto reclamado consistente en el oficio número 02, suscrito por el agente de Policía de Santo Domingo Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Oaxaca, Miahuatlán, Oaxaca, dirigido al quejoso, en que se le informó que mediante acuerdo adoptado en Asamblea de veintinueve de mayo del año en cuso, se determinó que dentro del plazo de quince días, tendría que levantar los trabajos realizados a un costado de la Agencia Municipal, así como los realizados en el espacio ubicado a un costado de la Unidad médica Rural, y en caso de no acatar lo ordenado se tomarían nuevas alternativas; este resolutor estima que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". En efecto, el artículo 217 de la Ley de Amparo, dispone que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la creada por los Tribunales Colegiados de Circuito, será obligatoria para los Juzgados de Distrito y otras autoridades. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido que el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de otros consentidos, como se observa en la jurisprudencia número 17, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 12, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Además, se cita la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, publicada en la página 52 del semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-junio de 1988, la cual dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". Ahora bien, para que se considere que existe un acto que no es sino la consecuencia necesaria de otro consentido, debe considerarse la existencia de un acto anterior consentido, tácita o expresamente; que se emita un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél; y, que la situación jurídica del quejoso sea la misma frente al acto anterior, que frente al posterior. Apoya el criterio anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, consultable en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Primer Parte, de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Esto es, el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son, sino una consecuencia legal necesaria de otro que la ley reputa como consentido; es decir, que entre el acto reclamado y el que se consintió, exista una relación de causa y efecto; o sea, que se traduzca en una consecuencia legal, forzosa o directa del primer acto de autoridad. Dicho consentimiento existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover algún medio de defensa en contra del acto de autoridad; es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso del juicio de garantías, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o nulificarlos y, por ello, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, los que sirven como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. Ahora bien, en el caso, el acto reclamado consistente en el oficio número 02, suscrito por el agente de Policía de Santo Domingo Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Oaxaca, MIahuatlán, Oaxaca, en que se informó al quejoso que mediante acuerdo adoptado en Asamblea de veintinueve de mayo del año en cuso, se determinó que dentro del plazo de quince días, tendría que levantar los trabajos realizados a un costado de la Agencia Municipal, así como los realizados en el espacio ubicado a un costado de la Unidad Médica Rural, y en caso de no acatar lo ordenado se tomarían nuevas alternativas; no es más que la consecuencia de una de las determinaciones adoptadas en la asamblea que se llevó a cabo en la comunidad de Santo Domingo Coatlán, municipio de San Jerónimo Coatlán, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, el veintinueve de mayo del año que transcurre, en que entre otros aspectos, determinó recuperar las áreas que pertenecen a la comunidad y que fueron prestadas a Marcelo Loaeza Pérez, consistente en el espacio ubicado a un costado de la Agencia de Policía, a un costado de la Unidad Médica Rural, así como el espacio prestado para el cultivo de hongos, otorgándole un plazo de quince días para que voluntariamente desocupara dichos espacios. Es así, ya que en contra del acta levantada con motivo de la asamblea de comuneros que tuvo verificativo el veintinueve de mayo de dos mil veintidós, el quejoso promovió la ampliación de la demanda de amparo, fuera del plazo de quince días que le concede la Ley de Amparo, y por ello en párrafos que antecedente, se sobreseyó en el juicio por haber sido presentada extemporáneamente. De lo que se sigue, el oficio número 02, suscrito por el agente de Policía de Santo Domingo Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Oaxaca, Miahuatlán, Oaxaca, que ahora se combate; no es más que una consecuencia inmediata y directa del acta de asamblea levantada el veintinueve de mayo de dos mil veintidós, con motivo de la asamblea celebrada en la comunidad de Santo Domingo Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca. Por lo cual, el oficio reclamado constituye un acto derivado de otro consentido. En las relatadas consideraciones, al configurarse las señaladas causas de improcedencia, procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Resta únicamente agregar que las tesis y jurisprudencias que se invocan en este apartado, no obstante haberse integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, continúan siendo aplicables, en virtud de que sus contenidos no se oponen a la actual Ley de Amparo, como lo establece su artículo sexto transitorio. SEXTO. Autorización mediante Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente determinación se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 640/2022, promovido por Marcelo Loaeza Pérez, en términos de la presente resolución. NOTÍFIQUESE PERSONALMENTE.

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