Marcelo José Guzmán

Expediente 446/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 1 actuación registrada, la última del 25 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
446/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
25/05/2016

Partes del expediente

  • Marcelo José Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veintiséis de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veinticinco de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Con la demanda de amparo de cuenta Marcelo José Guzmán, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Quintana Roo; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 446/2016. Ahora, del contenido de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO QUE SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE RECLAMO: La Resolución de fecha 25 de Abril del 2016, pronunciada en el EXPEDIENTE S.C.A./A/74/2016; en el que DESECHA POR IMPROCEDENTE, el Juicio de Nulidad presentado. Lo anterior formado con motivo de un Juicio de Nulidad promovido en contra de los CC. CONTRALOR MUNICIPAL Y DIRECTOR DE PREVENCION Y RESPONSABILIDADES, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ DE QUINTANA ROO.". De lo antes expuesto, así como del análisis a la demanda de amparo, se tiene que el quejoso se duele esencialmente de la resolución dictada el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, por la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Quintana Roo, dentro del expediente S.C.A./A/74/2016, en la cual desechó el juicio de nulidad por improcedente. En el caso se considera que no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, y para sustentar esa afirmación, se transcribe el artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la literalidad dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora, a la luz de lo transcrito -como se dijo-, el acto reclamado por la parte quejosa no encuadra en alguno de los presupuestos del artículo de referencia, por las razones siguientes: El acto que reclama en la demanda de amparo, no se trata de una norma general, pues no es un tratado internacional, ni ley federal o estatal; mucho menos una constitución local, ni reglamento de ámbito federal o local, así como tampoco es un decreto, acuerdo o resolución de observancia general (fracción I). Tampoco nos encontramos ante un acto u omisión que provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues en el caso concreto, el acto que se reclama fue dictado por una autoridad jurisdiccional del orden administrativo [Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Quintana Roo] (fracción II). No estamos ante un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que estamos frente a una resolución dictada en un procedimiento judicial (fracción III). Mucho menos estamos frente a un acto de tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido (fracción IV). No se trata de actos en juicio, pues como se dijo, la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Quintana Roo se pronunció en autos del expediente S.C.A./A/74/2016, en el cual desechó la demanda de nulidad, lo que puso fin a la controversia que hizo valer el quejoso (fracción V). De igual forma no se trata de un acto dentro o fuera de juicio que haya afectado a personas extrañas (fracción VI), ya que el juicio no fue admitido. No se trata de alguna omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni resolución de reserva, ni ejercicio de acción penal, pues el acto es de naturaleza administrativa (fracción VII). Finalmente, no estamos ante un acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto (fracción VIII). En mérito de lo anterior, se pone de manifiesto que el acto reclamado en el presente asunto no se encuentra en alguno de los supuestos que el artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, de conformidad con los preceptos legales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los artículos 47 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratar de combatirse la resolución de veinticinco de abril del año en curso emitida en el expediente S.C.A./A/74/2016, que desechó el juicio de nulidad promovido por el quejoso, se advierte que estamos en la presencia de una resolución que puso fin al juicio, por lo que pudiera resultar procedente sería el juicio de amparo directo o uni-instancial; de modo que la legal competencia para conocer y resolver el mismo correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P./J. 6/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 95: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 47, primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase de inmediato el juicio de amparo indirecto 446/2016 promovido por Marcelo José Guzmán, con las ocho copias de la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para que tenga a bien decidir lo que proceda conforme a derecho, y solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo de estilo.

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