MARCELO JORGE OSUNA y Otros.

Expediente 227/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
227/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • MARCELO JORGE OSUNA y Otros.
  • Victor Alfonso Moreno Mejia

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción dado que se desechó la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 227/2023-III. Personería del promovente. Previo a pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien promueve y dado que Manuel Alejandro Acosta Alexander, manifiesta bajo protesta de decir verdad ser defensor de Marcelo Jorge Osuna y Víctor Alfonso Moreno Mejía, imputados en la causa penal 565/2022 del Juzgado de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en esta ciudad; y acompaña una constancia de aceptación de cargo de defensor particular de los referidos quejosos, de once de noviembre de dos mil veintidós en la causa penal 565/2022 del índice del Centro de Justicia Penal Federal, por tanto, se le reconoce tal carácter de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Amparo. Desechamiento. Una vez analizada la demanda de cuenta, se estima que debe desecharse de plano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el numeral 62 de la citada Ley, dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo anterior, se desprende que es obligación de esta autoridad judicial, ante la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre a su estudio y desechar una demanda de amparo cuando encuentre motivos para ello. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que incluso en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Por tanto, con relación al acto reclamado consistente en la omisión de dar trámite a la solicitud de actos de investigación realizada en fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés dentro de los autos de la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/002785/2021, se considera que se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b) interpretado, a sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De la transcripción de los artículos y fracción que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sólo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Pues bien, la interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Caso concreto. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado, como se dijo, consiste en la omisión de dar trámite a la solicitud de actos de investigación realizada en fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés dentro de los autos de la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/002785/2021. Entonces, la omisión reclamada se encuentra dentro de un procedimiento formal y legalmente establecido, y, por ende, debe exigirse el requisito de irreparabilidad es decir, en el caso la omisión reclamada no es un acto de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esto es así porque el mismo promovente destaca que se tiene señalada fecha para la audiencia inicial (dieciséis de marzo de dos mil veintitrés); lo que significa que la Fiscalía ya ejerció acción penal y el asunto se pondrá a la consideración del Juez de Control. Por ende, el Juez de Control que conocerá del caso, analizará el asunto, y conforme a las reglas establecidas para el sistema penal acusatorio, el cual se rige, entre otros, por los principios de igualdad y de oportunidades para las partes; decidirá si el Ministerio Público cuenta con datos de prueba suficientes, pertinentes e idóneos para establecer bajo la lógica de lo probable, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que una determinada persona lo ha cometido o ha intervenido en su comisión. Es decir, en la audiencia inicial, al desarrollarse la teoría del caso del Ministerio Público al formular imputación, se le otorgara a la defensa de los quejosos la posibilidad de elegir si su situación jurídica se resuelve en ese momento o si solicitan un plazo para realizar actos de investigación, como son los que solicitó en el escrito exhibido ante la Fiscalía. Además, podrán en su caso, solicitar el ejercicio del auxilio judicial a fin de recabar los datos de prueba que estime pertinentes, además, de que conforme el numeral 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales el defensor puede recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa, esto es, no lo limita a hacerlo a través de la Fiscalía. De ahí que es en la audiencia inicial donde el referido Juez de Control, en su oportunidad le permitirá conocer, controvertir o confrontar la imputación, y en su caso, auxiliarlo para recabar los datos de prueba. En conclusión, el acto que se reclama, se estima que no resulta de tal gravedad que les impida el ejercicio de su derecho de defensa o el de debido proceso, razón por la que no se actualiza la procedencia del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Manuel Alejandro Acosta Alexander, defensor particular de Marcelo Jorge Osuna y Víctor Alfonso Moreno Mejía. Cabe destacar que ningún fin práctico tendría admitir la demanda de amparo dado que desde este momento se conoce la naturaleza jurídica del acto reclamado y puede advertirse claramente que no es de imposible reparación, para efectos del juicio de amparo. Por lo anterior, resulta innecesario esperar a que la responsable rinda su informe justificado para tener certeza de la existencia del acto que se reclama, el cual no puede considerarse tenga efectos de imposible reparación y, como consecuencia, una afectación a derechos sustantivos tutelados por la constitución general de la república o en los tratados internacionales en que México es parte, toda vez que, sólo incide en cuestiones de carácter procesal. Señalamiento de domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Autorizados. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Rosa Maritza Nava Meléndez, Maritza Harlene Arriaga Nava, Manuel Alejandro Acosta Alexander, Ari Jesús Ayala Ibarra y Ana Claudia Herrera Bojórquez, dado que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; únicamente para oír y recibir notificaciones a José Gustavo Ruvalcaba Carmona, Eduardo Hidalgo Martínez, Gabriela Pérez Navarro ni Cynthia Jacqueline Jiménez Molina, dado que no cuentan con dicho requisito. Consulta y notificaciones electrónicas. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza a la parte quejosa el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, así como para recibir notificaciones. Ahora, dado que la parte quejosa, autoriza expresamente la vía electrónica para recibir notificaciones personales; en tal sentido; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan a la parte quejosa de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A (antes Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita), realice la autorización respectiva para la consulta y notificaciones del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "BPALEX". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes, con excepción de la parte quejosa, para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente.

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