Marcelo Iturbe Mejía

Expediente 766/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
766/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/09/2021

Partes del expediente

  • Marcelo Iturbe Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se desechó la demanda de amparo, por lo que carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda que promueve ***, por propio derecho; regístrese la demanda bajo el número 766/2021-IV-C. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. Del análisis íntegro del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa, esencialmente reclama del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades, lo siguiente: La resolución de seis de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación que interpuso en contra del auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio ordinario civil con número de expediente 06/2021, donde se previene a la contraparte del hoy quejoso, a efecto de perfeccionar la testimonial a su cargo. DESECHAMIENTO Al respecto, a consideración de quien esto resuelve se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la ley de la materia establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo a lo establecido en los numerales trascritos, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial, respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y tratados internaciones tales como la libertad, vida, propiedad, entre otros; para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese tenor, es preciso señalar que los denominados derechos adjetivos o procesales sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Bajo esa premisa, el juicio constitucional intentado resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto combatido consistente en la resolución de seis de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación que interpuso en contra del auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio ordinario civil con número de expediente 06/2021, donde se previene a la contraparte del hoy quejoso, a efecto de perfeccionar la testimonial a su cargo; no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación; esto así, porque dicho acto, en todo caso, únicamente afecta derechos procesales del quejoso. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio biinstancial resulta improcedente contra actos dentro de algún proceso judicial que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como en el caso acontece, toda vez que el acto reclamado, a consideración del suscrito, no es de aquellos que lleve en sí una ejecución de imposible reparación, ya que no causa algún daño jurídico que no sea reparable, sino que solamente repercute en el procedimiento de origen y puede ser reparable con la sentencia que ponga fin al juicio de origen si es acorde a los intereses del quejoso; de ahí que, el acto reclamado no es considerado de imposible reparación para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese tenor, es dable sostener que el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, en tanto que no genera efectos materiales sobre ella, sean de carácter real o personal, sino sólo la posibilidad de que pueda existir algún perjuicio al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio, en la medida en que influya para que el fallo sea adverso a sus intereses; por tanto, como se dijo, el acto combatido únicamente tiene efecto de carácter formal o intraprocesal, por lo que se puede extinguir en la realidad de los hechos sin originar alguna afectación a los derechos sustantivos del peticionario de garantías y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 227656, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS DE LA CONTRAPARTE, ADMISION DE CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Este Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, ha estimado que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá y, por ende, será procedente contra actos en el juicio que sean de imposible reparación; de manera que si esa ejecución no tiene carácter de irreparable, la acción constitucional es improcedente, pues es evidente que en este momento procesal el acto reclamado no tiene una ejecución de carácter irreparable, porque aun y cuando dicha prueba fue admitida, la resolución que se dicte en el juicio puede ser favorable a los intereses del agraviado; y en el caso que le fuera adversa, y tal violación trascienda en el fallo, podrá reclamarla en el amparo directo que en su caso promueva contra la sentencia que llegue a dictarse, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 158, 159 fracción XI y 161 de la ley en consulta, pues sólo mediante una resolución desfavorable a los intereses del quejoso puede hablarse de una violación a los preceptos legales que reglamentan la integración y desahogo de la prueba de mérito y será entonces cuando se vean afectadas las defensas del recurrente." Por tanto, los actos aquí combatidos no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, dado que no afectan la esfera jurídica del gobernado de manera irreparable, es decir, sus efectos son meramente formales o adjetivos, ya que -como se vio- atañen a medios de convicción cuyo desahogo se da en la etapa de juicio. Máxime que, el procedimiento de origen, es un juicio ordinario civil, en el cual una vez que se dicte la sentencia definitiva, podrá la ahora parte quejosa promover juicio de amparo directo, para el caso de que la determinación no le resulte favorable, haciendo valer las violaciones procesales que -desde su óptica- hayan trascendido al resultado del fallo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda promovida por Marcelo Iturbe Mejia a través de su apoderado legal. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 9/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

  3. Principal

    EN ATENCION AL AVISO DE VEINTICINCO DE AGOSTO ACTUAL, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO ACTUAL A LA PARTE QUEJOSA; DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda que promueve ***, por propio derecho; regístrese la demanda bajo el número 766/2021-IV-C. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. Del análisis íntegro del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa, esencialmente reclama del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades, lo siguiente: La resolución de seis de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación que interpuso en contra del auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio ordinario civil con número de expediente 06/2021, donde se previene a la contraparte del hoy quejoso, a efecto de perfeccionar la testimonial a su cargo. DESECHAMIENTO Al respecto, a consideración de quien esto resuelve se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la ley de la materia establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo a lo establecido en los numerales trascritos, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial, respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y tratados internaciones tales como la libertad, vida, propiedad, entre otros; para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese tenor, es preciso señalar que los denominados derechos adjetivos o procesales sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Bajo esa premisa, el juicio constitucional intentado resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto combatido consistente en la resolución de seis de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación que interpuso en contra del auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio ordinario civil con número de expediente 06/2021, donde se previene a la contraparte del hoy quejoso, a efecto de perfeccionar la testimonial a su cargo; no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación; esto así, porque dicho acto, en todo caso, únicamente afecta derechos procesales del quejoso. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio biinstancial resulta improcedente contra actos dentro de algún proceso judicial que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como en el caso acontece, toda vez que el acto reclamado, a consideración del suscrito, no es de aquellos que lleve en sí una ejecución de imposible reparación, ya que no causa algún daño jurídico que no sea reparable, sino que solamente repercute en el procedimiento de origen y puede ser reparable con la sentencia que ponga fin al juicio de origen si es acorde a los intereses del quejoso; de ahí que, el acto reclamado no es considerado de imposible reparación para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese tenor, es dable sostener que el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, en tanto que no genera efectos materiales sobre ella, sean de carácter real o personal, sino sólo la posibilidad de que pueda existir algún perjuicio al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio, en la medida en que influya para que el fallo sea adverso a sus intereses; por tanto, como se dijo, el acto combatido únicamente tiene efecto de carácter formal o intraprocesal, por lo que se puede extinguir en la realidad de los hechos sin originar alguna afectación a los derechos sustantivos del peticionario de garantías y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 227656, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS DE LA CONTRAPARTE, ADMISION DE CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Este Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, ha estimado que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá y, por ende, será procedente contra actos en el juicio que sean de imposible reparación; de manera que si esa ejecución no tiene carácter de irreparable, la acción constitucional es improcedente, pues es evidente que en este momento procesal el acto reclamado no tiene una ejecución de carácter irreparable, porque aun y cuando dicha prueba fue admitida, la resolución que se dicte en el juicio puede ser favorable a los intereses del agraviado; y en el caso que le fuera adversa, y tal violación trascienda en el fallo, podrá reclamarla en el amparo directo que en su caso promueva contra la sentencia que llegue a dictarse, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 158, 159 fracción XI y 161 de la ley en consulta, pues sólo mediante una resolución desfavorable a los intereses del quejoso puede hablarse de una violación a los preceptos legales que reglamentan la integración y desahogo de la prueba de mérito y será entonces cuando se vean afectadas las defensas del recurrente." Por tanto, los actos aquí combatidos no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, dado que no afectan la esfera jurídica del gobernado de manera irreparable, es decir, sus efectos son meramente formales o adjetivos, ya que -como se vio- atañen a medios de convicción cuyo desahogo se da en la etapa de juicio. Máxime que, el procedimiento de origen, es un juicio ordinario civil, en el cual una vez que se dicte la sentencia definitiva, podrá la ahora parte quejosa promover juicio de amparo directo, para el caso de que la determinación no le resulte favorable, haciendo valer las violaciones procesales que -desde su óptica- hayan trascendido al resultado del fallo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda promovida por Marcelo Iturbe Mejia a través de su apoderado legal. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 9/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. 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