Marcelo Guerra Ochoa

Expediente 628/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
628/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
05/10/2020

Partes del expediente

  • Marcelo Guerra Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de la parte quejosa, atento a su contenido, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Notifíquese

  2. Principal

    Agréguese oficio signado por la delegada del Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual informa que en el mes de agosto se realizó el pago vía nómina, por la cantidad de $121,800.93 (ciento veintiún mil ochocientos pesos 93/100 m.n); lo anterior, sin dictar mayor pronunciamiento, toda vez que en auto de veintiséis de agosto del año en curso, se proveyó lo conducente respecto a lo manifestado por la autoridad oficiante. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos la ejecutoria dictada en sesión de dieciocho de junio de dos mil veinte, dentro del recurso de queja 63/2020, del índice del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remitida vía electrónica al correo institucional de este órgano jurisdiccional; en la que resolvió: "ÚNICO.- Es procedente y fundado el recurso de queja.". Lo anterior, sin que sea necesario acusar recibo al estilo correspondiente, ya que fue remitido vía Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), el cual genera la constancia relativa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo expuesto, se provee lo siguiente: Antecedentes. En el escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso Marcelo Guerra Ochoa, reclamó de las autoridades y los actos siguientes: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: - - - A).- C. ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en su calidad de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos --- B).- DR. JORGE ALCOCER VARELA, en su calidad de Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos --- C).- Dr. JUAN CARLOS GUACIA HERNÁNDEZ, en su calidad de DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL TACUBA, dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." "4.- ACTO RECLAMADO: - - - ÚNICO.- La omisión de proveer el material, equipo médico y de protección personal adecuado, consistente entre algunos de ellos en uniforme quirúrgico, bata quirúrgica impermeable cerrada, gorro quirúrgico con liga, goggles herméticos, mascarilla n95, cubrebocas quirúrgico, careta con ventiladores, botas de caucho, botas desechables, guantes internos cortos desechables, guantes quirúrgicos largos para efectos de brindar servicios médicos a pacientes ante la contingencia y pandemia actual por el virus SAR'S - COVID-19, que garantice mi derecho a la salud integridad física, mental y moral del suscrito, así como mi derecho a la vida". A través del oficio registrado con el folio 5154, el Encargado de la Unidad Jurídica en la Delegación Poniente en la Ciudad de México, informó que el quejoso desde el dieciséis de mayo de dos mil veinte abandonó su centro de trabajo sin que se presentara al mismo. La autoridad oficiante informó que derivado de lo anterior fueron levantadas las actas administrativas HGT/D/SA/0700/2020 de treinta de mayo de dos mil veinte y HGT/D/SA/0760/2020 de trece de junio del presente año, las cuales fueron instrumentadas, la primera mencionada por el abandono de labores al retirarse sin aviso y sin permiso alguno de sus superior jerárquico de su centro de trabajo, y la diversa por las faltas sin causa justificada por los días diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de mayo del presente año, sin que a la fecha de presentación del oficio (veintidós de junio actual) se hubiese presentado a laborar el quejoso; por tal motivo, mediante oficio SM/427/2020, de quince de junio de dos mil veinte, determinó rescindir a Marcelo Guerra Ochoa, del Hospital General "Tacuba". El quejoso el veintidós de julio de dos mil veinte, mediante oficio NO.HGT/D/JCGH/0810/2020, tuvo conocimiento de la rescisión de trabajo motivo de las ausencias injustificadas de presentarse a trabajar a su centro laboral. Lo que se corrobora con las documentales que anexa al oficio antes mencionado, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. Desechamiento. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este Juzgador advierte que se debe desechar de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De esa norma deriva la obligación del juez de Distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano; por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro; por indudable, aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice, de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Causa de improcedencia que se actualiza. Este juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "61. (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)". El citado artículo que establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando se está ante la presencia de un hecho extraordinario (que no depende de la autoridad responsable), que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es posible que el acto reclamado lesione a la parte quejosa, por lo que ya no es posible que el acto reclamado lesione a la parte quejosa. En consecuencia, tal causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Esto es así, en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, no obstante ello, existen diversos requisitos que condicionan a la procedencia del juicio de amparo, dado que debe trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En ese contexto, la causa de improcedencia del juicio constitucional que se analiza prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, prevé que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de su derecho humano que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del citado quejoso. En síntesis, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos fundamentales que le hayan sido vulnerados. Por lo que, el principio que rige su procedencia, es la circunstancia de que el fallo protector que en su caso se llegare a emitir pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En el caso, si bien se deduce que subsiste la omisión por parte de las autoridades responsables de proveer el material, equipo médico y de protección personal adecuado (consistente entre algunos de ellos en uniforme quirúrgico, bata quirúrgica impermeable cerrada, gorro quirúrgico con liga, goggles herméticos, mascarilla N95, cubrebocas quirúrgico, careta con ventiladores, botas de caucho, botas desechables, guantes internos cortos desechables, guantes quirúrgicos largos para efectos de brindar servicios médicos a pacientes ante la contingencia y pandemia actual por el virus SAR'S - COVID-19), lo cierto es que no puede analizarse en el presente juicio la inconstitucionalidad de las omisiones reclamadas ya que el objeto del presente asunto era que se proporcionara al solicitante del amparo la capacitación y el equipo de protección personal dentro del desempeño de las funciones que el quejoso realizaba como médico en el Hospital General Tacuba dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ello derivado de la resolución emitida mediante oficio SM/427/2020, de quince de junio de dos mil veinte, que concluyó con el cesé del quejoso Marcelo Guerra Ochoa, y dio por rescindida la relación que unía al mismo con las autoridades responsables. Por lo que a ningún efecto práctico conduciría realizar el estudio del presente asunto respecto a las omisiones de las autoridades responsables ya que como se precisó anteriormente la relación laboral entre el quejoso y la autoridad señalada como responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dejó de existir con motivo de la rescisión instada, la cual tuvo su origen en las ausencias injustificadas del quejoso para presentarse al desempeño de sus funciones. Debe precisarse que la valoración de las documentales que revelan la causa de improcedencia en este juicio de amparo se efectúa respecto del hecho que en ellas se observan, esto es, la culminación unilateral de la relación de trabajo que mantuvo el quejoso con las autoridades señaladas como responsables; sin que implique pronunciamiento alguno al respecto de la validez o legalidad de la decisión adoptada y que generó la causa de improcedencia en este juicio de amparo, ya que ello, en todo caso deberá someterse a controversia en la instancia correspondiente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, de manera notoria, manifiesta e indudable, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 146, Tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR HABER DEJADO DE EXISTIR EL OBJETO DEL ACTO RECLAMADO. Cuando se demanda del cumplimiento del contrato colectivo de trabajo que regulaba las relaciones obrero- patronales de una empresa, cuyas relaciones individuales y colectivas se dieron por terminadas a causa de la declaración legal de quiebra de la misma, es evidente que se dan los supuestos de fracción XVII del artículo 73, de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando subsista el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto del mismo.". De lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica en la Delegación Regional Poniente en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; mediante el cual informa que programó las ocho horas del veintinueve de julio de dos mil veinte, para la entrega al quejoso de los instrumentos de protección necesarios adecuados, conforme a los protocolos en materia sanitaria; así como para la capacitación necesaria para minimizar el riesgo de contagio del virus COVID-19. De igual manera, informa que el quejoso tiene conocimiento de la rescisión laboral motivo de las ausencias injustificadas de presentarse a trabajar a su centro de trabajo, y refiere que procedió a promover el procedimiento para procesal ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. En términos de lo dispuesto en el artículo 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que menciona; y, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo, domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el oficio de cuenta. Asimismo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Marcelo Guerra Ochoa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto a la comparencia llevada a cabo el veintidós de julio de dos mil veinte ante la autoridad señalada como responsable; lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Y, toda vez que se programó las ocho horas del veintinueve de julio de dos mil veinte, para que el quejoso comparezca ante la autoridad señalada como responsable Director General del Hospital General Tacuba de la Delegación Regional Poniente en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que ésta en cumplimiento a la suspensión de plano concedida por auto de ocho de mayo de dos mil veinte, le entregue al quejoso los instrumentos de protección necesarios adecuados, conforme a los protocolos en materia sanitaria, para que puede llevar a cabo las actividades que le han sido encomendadas, consignadas en el oficio HGT/CMI/DSC/064/2020, de quince de mayo de dos mil veinte y le proporcione la capacitación necesaria para minimizar el riesgo de contagio del virus COVID-19. Se requiere a la parte quejosa para que se constituya en las instalaciones de la autoridad Director General del Hospital General Tacuba de la Delegación Regional Poniente en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la hora y día acordado, esto es, a las ocho horas del veintinueve de julio de dos mil veinte; con el apercibimiento de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito se tomará desinterés de su parte respecto a la suspensión de plano decretada en el presente asunto. De igual manera, requiérase a la autoridad Director General del Hospital General Tacuba de la Delegación Regional Poniente en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del veintinueve de julio de dos mil veinte, realice lo siguiente: 1. Remita la constancia de la diligencia que en su caso levante con motivo de la comparecencia del quejoso en la cual se le haya hecho entrega de los instrumentos de protección necesarios adecuados, conforme a los protocolos en materia sanitaria, para que pueda llevar a cabo las actividades que le han sido encomendadas, consignadas en el oficio HGT/CMI/DSC/064/2020, de quince de mayo de dos mil veinte; así como constancia de la capacitación necesaria para minimizar el riesgo de contagio del virus COVID-19. 2. En caso que el quejoso no haya comparecido en sus instalaciones, informe a este Juzgado Federal cuáles son los instrumentos de protección asignados al quejoso, que se encuentren pendientes por entregar. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de incumplir con el presente requerimiento será sancionada con multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. No resulta obstáculo a lo anterior que en esta determinación se haya desechado la demanda, debido a que la suspensión subsiste hasta en tanto quede firme el aludido desechamiento. Notifíquese, y personalmente a la parte qeujosa.

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