Marcelo García Merino

Expediente 464/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
464/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
19/06/2018

Partes del expediente

  • Marcelo García Merino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 41 a 44), en el que se determinó sobreseer el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. En el entendido que en el incidente derivado del presente juicio, se concedió la suspensión provisional el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho; posteriormente el trece de junio del año en curso, se dejó sin materia la medida cautelar definitiva solicitada, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, a pesar de que las partes nada manifestaron en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, deberán suprimirse los datos sensibles de la misma y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Tlaxcala; mediante el cual remite copia certificada de la resolución emitida el treinta de mayo de dos mil dieciocho, en los autos de la causa penal 192/2015, de su índice, de la que se advierte que decretó el sobreseimiento y tuvo por extinguida la pretensión punitiva a favor de Marcelo García Merino, por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, cometido en agravio de la menor cuya identidad se protege, ilícito previsto y sancionado por los artículos 368 del Código Penal vigente en el Estado. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del contenido del oficio de referencia, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora y demás pruebas documentales existentes en autos, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: ...Ahora bien, de las constancias que allegó el Juez responsable, se advierte que el treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictó auto de sobreseimiento en la causa penal 192/2015, con efectos de sentencia absolutoria por virtud a haberse extinguido la pretensión punitiva a favor de Marcelo García Merino. A las constancias de referencia se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, tomando en cuenta que la materia del juicio de amparo que nos ocupa se hizo consistir en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso; resulta evidente que a la fecha ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado treinta de mayo del año en curso, se decretó el sobreseimiento de la causa penal 192/2015, con efectos de sentencia absolutoria ante la extinción de la pretensión punitiva. De esta manera, la existencia de tal sobreseimiento, acaecido después de presentada la demanda de amparo (que fue el quince de mayo de dos mil dieciocho -foja 2-), son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, porque la responsable ante la extinción de la pretensión punitiva, decretó el sobreseimiento de la causa penal con efectos de sentencia absolutoria, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: ...Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a CXI/96, publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Materia Común, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL", estableció que para actualizar la causa de improcedencia en comento, por regla general deben concurrir los requisitos siguientes: Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. Que no sea jurídicamente posible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. A criterio de quien esto determina, en el caso se encuentran reunidos dichos requisitos y por tanto, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas al operar un cambio de situación jurídica, ya que las consecuencias derivadas del mandamiento de captura reclamado, dejaron de tener efectos, al decretarse el sobreseimiento del proceso de origen; luego, procede decretar el sobreseimiento en la presente audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, ya que la causal de improcedencia invocada es manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse. Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, ante la extinción de la pretensión punitiva, que llevó a que se decretara el sobreseimiento de la causa penal 192/2015, con efectos de sentencia absolutoria. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Procurador General de Justicia, Inspector General encargado del Departamento de Policía de Investigación, oficial encargado del Onceavo Grupo del Departamento de Policía de Investigación, todas del Estado de Tlaxcala -las dos últimas en sus denominaciones correctas-, por no haber sido combatidos por vicios propios, sino como consecuencia legal del acto recamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época de rubro y texto siguiente:...No pasa inadvertido que al rendir su informe justificado la autoridad responsable haya negado el acto reclamado; sin embargo, como se advierte de las constancias que con esta fecha acompaña al oficio de cuenta, el acto fue emitido dentro de la causa penal 192/2015, es decir, a la fecha de la presentación de la demanda la orden de captura estaba vigente. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Se deja sin efectos fecha y hora para audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dieciséis minutos del quince de junio de dos mil dieciocho (foja 6).

  3. Incidental

    Agréguese a los autos el oficio y anexo signados por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se le tiene aclarando y por tanto, rindiendo su informe previo, mismo que será tomado en cuenta al resolver sobre la suspensión definitiva dentro del presente incidente. Con el contenido del informe y anexo de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia incidental. Pruebas autoridad responsable. Se tiene por ofrecida la documental remitida por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, consistente en copia certificada del oficio 1263 del índice de la autoridad responsable, mediante el cual deja sin efecto la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, mismo que será relacionado en la audiencia incidental, en términos del numeral 144 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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