Marcelo García Martínez

Expediente 389/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
389/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/04/2019

Partes del expediente

  • Marcelo García Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro del término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no fue recurrido por la parte quejosa; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia conforme a su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la suspensión de oficio y de plano (punto vigésimo primero, inciso III, párrafo segundo y cuarto del Acuerdo General Conjunto referido). Finalmente, una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio signado por el Subdirector de la Coordinación General de Servicios Periciales, mediante el cual rinde su informe previo, así como la razón actuarial del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar el oficio 6592/2019 dirigido a la autoridad con la denominación "Comandante en turno de la Guardia de Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General e Justicia del Estado de México", respectivamente por los motivos ahí expuestos; sin realizar mayor pronunciamiento en virtud de que en el presente asunto no se ordenó la apertura del incidente de suspensión, asimismo por auto de veintinueve de marzo de la presente anualidad se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA I. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL

  4. Principal

    MESA VI. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por ***************, a favor de ***************y ***************, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 389/2019-VI. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que los actos reclamados se hacen consistir esencialmente en: la incomunicación; la privación de la libertad; y tortura. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA INCOMUNICACIÓN Y TORTURA. A fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los directos agraviados, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de plano para el efecto que la autoridad responsable determine el cese inmediato de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, tortura o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; en el entendido que queda a cargo y bajo la responsabilidad de la autoridad responsable la integridad física de los agraviados. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a la autoridad responsable para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO RESPECTO A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio respecto del acto combatido respecto a la privación de libertad aludida, con fundamento en lo previsto en el artículo 165 de la Ley de Amparo, los efectos de esta medida son: I) Si la detención de los directos quejosos Marcelo García Martínez y Hermeneguildo Quintiliano Alcántara González, deriva de la comisión de un delito en flagrancia, la medida cautelar concedida tendrá como efectos que el Ministerio Público ante el cual se encuentre a disposición, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, deberá poner en libertad a los citados quejosos o consignarlos ante el Juez Penal correspondiente, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo. II) En caso que la privación de libertad de los quejosos sea por autoridad administrativa distinta al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, los efectos de la presente medida son para que sin demora cese la detención, poniéndolos en inmediata libertad o a disposición del Ministerio Público, o bien, en caso que la detención no tenga relación con la comisión de un delito, la presente medida tiene por efecto que los quejosos sean puestos en libertad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que si la privación de la libertad es dictada por autoridad distinta de la autoridad señalada como responsable, es decir, girada por autoridad judicial, en cumplimiento de una orden de aprehensión o reaprehensión, el efecto de la suspensión será para que de forma inmediata se ponga a los quejosos a disposición de la correspondiente autoridad jurisdiccional. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra.". Se previene a la autoridad responsable para que en el plazo de veinticuatro horas, informe acerca de la forma y términos en que haya dado cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano, debiendo adjuntar al informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. La suspensión de oficio concedida, no surtirá efecto jurídico alguno si el acto reclamado por los directos quejosos no constituye alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o no produce algún efecto semejante al de aquél, independientemente como lo identifique el agraviado. A la autoridad responsable se hace de su conocimiento que, de no acatar esta medida suspensional, se hará acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, consultable en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Enero a Junio de 1989, Segunda Parte-2, Octava Época, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. En ese orden, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en las galeras de la Policía Ministerial de Atlacomulco, Estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, específicamente en el lugar exacto donde se encuentran los directos quejosos Marcelo García Martínez y Hermeneguildo Quintiliano Alcántara González, a efecto que realice lo siguiente: Los requiera a fin que manifiesten si es su deseo o no ratificar la demanda promovida en su nombre por Juan Morales López; Si es su deseo autorizar a la persona que promueve la demanda en su nombre, así como a los profesionistas que menciona en el proemio de la demanda, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Se apercibe a los directos quejosos que de no ratificar la demanda promovida en su nombre, se tendrá por no presentada en términos del numeral 15 de la Ley de Amparo, y se dejarán sin efectos las providencias que se han dictado en este proveído. Al respecto resulta ilustrativa la tesis publicada en la página 943, del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 1993, Tomo XII, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro es: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PRESENTADA POR PERSONA DISTINTA DEL QUEJOSO. SOLO PROCEDE ORDENARLA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO." En el entendido que para el caso que al actuario judicial adscrito a este juzgado se le informe que los quejosos Marcelo García Martínez y Hermeneguildo Quintiliano Alcántara González, se ubiquen en alguna otra instalación perteneciente a la circunscripción territorial asignada a este juzgado, por economía procesal deberá constituirse en esta, debiendo asentar dicha circunstancia en el acta respectiva. FE DEL ESTADO FÍSICO DE LOS QUEJOSOS. Por otra parte, se comisiona al fedatario judicial para que al momento de la diligencia de notificación respectiva, de fe del estado físico en que se encuentran los quejosos Marcelo García Martínez y Hermeneguildo Quintiliano Alcántara González. AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el señalado en el proemio de la demanda de cuenta. En otro punto, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase por autorizados únicamente para los efectos precisados, a las personas señaladas, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para poder llevar a cabo las diligencias y notificaciones ordenadas. FACULTADES DEL FEDATARIO. En otro orden de ideas, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que la autoridad responsable se negare a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad que esté ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. SOLICITUD DE COPIAS. Ahora, respecto a su solicitud de copias certificadas del auto en el cual se conceda la suspensión, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, expídase únicamente un tanto de las copias certificadas que solicita el promovente. Lo anterior, toda vez que no justifica los motivos por los que requiere las copias por triplicado, tal y como lo establece la jurisprudencia 20/17 (10ª) de rubro "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTICULO 278 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICION A UN SOLO JUEGO." Atento a lo anterior; se comisiona al actuario judicial adscrito para que haga entrega de las citadas copias en el lugar donde se encuentra privado de su libertad el directo quejoso. Sirve como apoyo a lo anterior en lo que interesa la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Registro: 2006793, Página: 347, que establece: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido." Notifíquese; y personalmente a los quejosos ***************y***************.

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