Marcelo Fulgencio Alquisira Vera
Expediente 726/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/06/2018
Partes del expediente
- Marcelo Fulgencio Alquisira Vera
Actuaciones
- Principal
III. Toluca, Estado de México; cuatro de junio de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
III Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Jesús Gustavo Bravo González quien se ostenta como defensor particular de Marcelo Fulgencio Alquisira Vera, contra actos de los Magistrados que integran la Primera Sala Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 726/2018-llI. Fijación del acto reclamado. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: - La prohibición para ingresar a la sala de audiencias, para la celebración de la audiencia convocada a las diez horas del día catorce de mayo de dos mil dieciocho, deducido del toca de apelación 182/2018, ya que se cerró la puerta, sin posibilidad de que ingresara el defensor de Marcelo Fulgencio Alquisira Ver, así como los familiares del referidos, sin vocear la audiencia. Desechamiento de la demanda. Previo al estudio de fondo del asunto, procede el análisis de las causales de improcedencia alegadas por las partes, o advertidas de oficio por el suscrito, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen actos dentro de juicio que sean de imposible reparación. A su vez, el citado dispositivo señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Adminiculado con lo anterior, nuestro máximo tribunal ha determinado que para la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos de imposible reparación, respecto de afectación de derechos sustantivos hace procedente el juicio de amparo, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho humano de que se trate; por lo que de no actualizarse ese supuesto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en el artículo 173, fracción II en relación con la XIX , de la Ley de Amparo. De lo expuesto, se advierte que, el criterio general es que los actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, y no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el que resulte afectado obtiene sentencia a su favor. En efecto, debe hacerse notar que no todas las violaciones dan lugar al amparo indirecto, porque las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia o laudo definitivo. En efecto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos de los gobernados que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de las garantías individuales, que no podrían ser reparados a través del amparo directo. Sentado lo anterior, como se adelantó, Jesús Gustavo Bravo González quien se ostenta como defensor particular de Marcelo Fulgencio Alquisira Vera, aquí quejoso acude a la instancia constitucional reclamando la prohibición para ingresar a la sala de audiencias, para la celebración de la audiencia convocada siendo a las diez horas del catorce de mayo de dos mil dieciocho, deducida del toca de apelación 182/2018, por que se cerró la puerta, sin posibilidad de que ingresara dicho defensor, ni los familiares del quejoso, sin vocear la audiencia. Luego entonces la determinación reclamada no atenta directamente contra sus derechos fundamentales, contenidos en la Carta Magna o tratados internacionales en materia de derechos humanos en que el Estado Mexicano es parte, por lo que no tiene una ejecución irreparable. En efecto, si bien, el acto reclamado podría producir afectación a la parte quejosa, lo cierto es que la Ley de Amparo prevé como regla general que en caso de un fallo contrario a sus intereses, puede combatir el acto en el juicio de amparo en vía directa, en términos de lo establecido en los artículos 171 y 173, fracción II, en relación con la fracción XIX, de la Ley de Amparo, que prevén que se consideran violadas las leyes del procedimiento y afectan los derechos del quejoso cuando se cite de forma contraria a la ley; y en casos análogos. De lo anterior se concluye, que la sentencia impugnada está considerada como violaciones procesales, puesto que al momento en que se dicte la sentencia definitiva, ésta le puede ser favorable sin que esas violaciones que reclama le lleguen a afectar y en caso contrario, dicha afectación la podrá alegar al momento de recurrir dicha resolución, o en su caso, la afectación de sus derechos sustantivos podrían ser reparados en el amparo directo que en su caso promueva la quejosa contra la sentencia definitiva que se dicte, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170, en relación con el 173, fracción II, en relación con la fracción XIX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Es aplicable en lo conducente, la tesis registrada con el 196751, consultable en la página 460, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, que establece: "VIOLACIÓN PROCESAL. LA CONSTITUYE EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA FINAL EN LA ALZADA SIN LA COMPARECENCIA DEL ACUSADO O, EN SU DEFECTO, DE LA ASISTENCIA DEL DEFENSOR NOMBRADO POR ÉSTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Si la responsable llevó a cabo la audiencia final sin la comparecencia del inculpado, encontrándose éste en posibilidad de ello o, en su defecto, sin la asistencia del defensor nombrado por aquél, es inconcuso que tal actuación deriva ilegal; pues si de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, fracción IX, de la Carta Magna, todo acusado, entre otras garantías, tiene la de que "... su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera;", debió el ad quem, ante la no comparecencia de uno ni la asistencia del otro, proveer lo conducente, a efecto de que en el desahogo de la audiencia de mérito, no se le privara de ese derecho constitucional y no quedara, por ende, en estado de indefensión, al no dársele la oportunidad de que estuviera legal y debidamente representado durante su celebración. No siendo óbice a lo anterior, lo dispuesto por el artículo 463 del Código Procesal Penal del Estado, que reza: "Audiencia final. La audiencia final deberá efectuarse siempre con asistencia del Ministerio Público, estén presentes o no las otras partes y el defensor ..."; pues siendo ésta una norma de rango inferior, es indiscutible que ante ello la responsable, en todo caso, debió atender a lo establecido en la fracción IX del artículo 20 de la Carta Magna y no al precepto secundario en comento, merced precisamente al principio de supremacía constitucional previsto en el numeral 133 de la invocada Ley Fundamental, que dice: "... Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes o tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.". Debiéndose aclarar que en lo que corresponde al defensor, la comparecencia a que se contrae la ley no se refiere propiamente a su presencia física en el tribunal el día de la audiencia, sino que aquélla debe traducirse en actos procesales que revelen una asistencia técnica profesional hacia el inculpado, que bien puede ser de manera verbal o por escrito, con tal de que sus alegaciones queden plasmadas al momento de celebrarse dicha audiencia y deban ser tomadas en cuenta al dictarse el fallo respectivo." De ahí que el acto reclamado se traduzca en una violación procesal, que sólo produce una afectación de esa naturaleza, y por tanto no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Ley de Amparo vigente, que es el ordenamiento reglamentario de los artículos 103 y 107 constitucionales, y por tanto, la que debe atenderse, por fijar expresamente lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede es desechar la demanda de amparo. Domicilio procesal. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, y por encontrase registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julián Rodríguez Becerril y Araceli Arellano Pérez, y únicamente en términos de la última parte de dicho numeral a las restantes personas que refiere, limitación que se establece hasta en tanto tengan registrada la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Habilitación de días y horas inhábiles. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VI) Toluca, Estado de México a veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Visto el comunicado de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito; por medio del cual acusa recibo del oficio por el que se le remitió el original y copia del escrito de expresión de agravios, así como los autos originales del juicio de amparo 1066/2016-VI y sus anexos, por el que se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de amparo, del cual emana el presente cuaderno de antecedentes; informando que admitió a trámite el medio de impugnación bajo el amparo en revisión RT. 71/2018. Atento a lo anterior, agréguese para que surta los efectos legales procedentes y estese en espera de que el tribunal de alzada resuelva el medio de impugnación referido. Notifíquese.
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