Marcelo De la Cruz Godínez

Expediente 545/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
545/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • Marcelo De la Cruz Godínez

Actuaciones

  1. Principal

    En razón de que la parte quejosa MARCELO DE LA CRUZ GODÍNEZ o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; veinticinco de octubre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve quedan hechos mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo: Proveído que en lo conducente dice: Recepción del oficio. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán, mediante el cual remite lo siguiente: Demanda de amparo original promovida por Marcelo de la Cruz Godínez original y tres copias; Auto de dos de octubre pasado, en el que se recibe la demanda de amparo y se concede la suspensión; Oficio 1106/2019 -informe justificado- signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán. Acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecinueve; Copia certificada de las constancias que integran el Juicio Especial Familiar Oral Alimentos número 172/2019 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán - con el que se ordena formar un tomo de prueba-. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Demanda y radicación. Vistas las constancias remitidas por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán, se tiene a Marcelo de la Cruz Godínez solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán; fórmese expediente así como registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 545/2019. Actos reclamados. En la inteligencia de que en el presente juicio, los actos reclamados se hacen consistir en: "Del juez mixto del distrito judicial de Coahuayana de Hidalgo, municipio de Coahuayana, reclamo la resolución pronunciada el 17 de septiembre del dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio especial oral familiar 172/2018, la cual tuvo por objeto dar contestación a la demanda instaurada en mi contra, así mismo pedir la reestructuración de la medida provisional consistente en la pensión alimenticia provisional a favor de los menores A.G. y E.G., ambos de apellido de la Cruz Cruz". DESECHAMIENTO Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora bien, en el presente, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. Por otra parte, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA. Así como la diversa I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Para una mejor comprensión del presente asunto, es oportuno hacer relación de los antecedentes del acto reclamado, que la parte quejosa expone que con fecha trece de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda respecto la guardia y custodia provisional definitiva, pensión alimenticia de manera provisional y pensión alimenticia de manera definitiva, promovida por la tercera perjudicada Martha Elena Cruz García, en la cual reclama las prestaciones antes referidas, el cual quedo registrado bajo el número 172/2019 del índice de la autoridad de origen. Asimismo, refiere que con fecha diecisiete de septiembre del año en curso, acuerdo de contestación de demanda el juez omitió respecto peticiones realizadas por la parte quejosa en relación a la disminución de la pensión alimenticia provisional, al referir que es excedente y no es posible de cumplir; asimismo, que no acordó nada de lo que se le pide. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad se advierte el escrito de contestación de demanda presentado por el quejoso ante la autoridad responsable, asimismo, de las mismas se advierte el acuerdo de diecisiete de septiembre del año en curso, el que el juez responsable tuvo al aquí quejoso contestando en tiempo y forma la demanda entablada en su contra, así como oponiendo las excepciones y defensa, con las que se ordenó dar vista a la contraparte, el cual mediante certificación emitida por la autoridad remitente, causó estado el dieciocho de septiembre del año en curso, y comenzó a correr el término el diecinueve siguiente. En esa virtud, el suscrito advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de garantías, se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre, invariablemente, en el improrrogable plazo de quince días siguientes. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se indican en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal para promover el juicio de amparo, con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de garantías tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de garantías, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia a que se alude, es de citar la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. .. Esta jurisprudencia se considera afín a la Ley de Amparo, al tratar un tópico que contempla de nueva cuenta el legislador, que pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, a saber: a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto de autoridad. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para la promoción del juicio de garantías. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. En el caso, de la demanda se advierte que el peticionaria de amparo señaló como acto reclamado destacado la resolución pronunciada el 17 de septiembre del dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio especial oral familiar 172/2018, la cual tuvo por objeto dar contestación a la demanda instaurada en mi contra, así mismo pedir la reestructuración de la medida provisional consistente en la pensión alimenticia provisional a favor de los menores A.G. y E.G., ambos de apellido de la Cruz Cruz misma que le fue notificada por lista en esa misma fecha, el causó estado el dieciocho siguiente. En ese contexto, debe imperar la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal; habida cuenta que, en la especie, no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que la determinación atribuida a la autoridad señalada como responsable, no es de aquellas que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (en el acto que se analiza), y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Bajo esta óptica, el término para presentar la demanda de amparo comenzó a transcurrir a partir del día hábil siguiente al que surtió efectos la notificación del acto reclamado; es decir, el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve y feneció el nueve de octubre del año en curso; descontándose de ese cómputo los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de septiembre del presente año, así como el cinco y seis de octubre del año que transcurre; por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo. Así, la extemporaneidad en el ejercicio de la acción de amparo se hace patente, pues transcurrieron más de quince días, desde el día siguiente al en que surtió efectos la notificación del auto reclamado de diecisiete de septiembre del año en curso, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Coahuayana, Michoacán, en el procedimiento especial oral familiar 172/2019, al en que se recibió la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para tramitarla en la vía indirecta, esto es, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve; lo que evidencia que acudió a esta instancia constitucional cuando había fenecido el plazo de quince días que tenía para hacerlo. No se soslaya que la demanda se promovió como amparo indirecto, ante la supuesta autoridad responsable, el primero de octubre de dos mil diecinueve; sin embargo, dicha circunstancia no interrumpe el plazo para su presentación de la misma ante las oficinas de la autoridad correspondiente, habida cuenta que, en la especie, debe considerarse la fecha en que llegó al juzgado de distrito para su conocimiento. Lo anterior, máxime que en los términos del artículo 23 de la Ley de amparo, permite al quejoso, cuando reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio que la demanda la pueda presentar, dentro de los plazos legales, en las oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en las más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, lo que en el casa omitió hacer el quejoso. Esto se considera así, en virtud de que la autoridad remitente acompañó a su informe justificado copia certificada del expediente 172/2019, del índice del índice de su Juzgado, del que se desprende la existencia del acto reclamado, asimismo, de la certificación remitida por la autoridad, de la que se advierte, la fecha en la cual causó estado el acto reclamado y comenzó a transcurrir el plazo. En ese tenor, la ahora quejosa no pueda alegar el desconocimiento de la vía para reclamar el auto que ahora combate o que se equivocó al elegir la vía correcta; ya que fue dirigida al Juzgado de Distrito en Turno en Materia Civil de Uruapan, Michoacán. Atento a lo expuesto, la presentación de la demanda ante la autoridad de origen no interrumpe el plazo para la promoción del juicio de amparo indirecto; pues, como se dijo, la fecha que se toma en cuenta para determinar la oportunidad del juicio es aquella en la que fue recibida la demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para su conocimiento (veintitrés de octubre de dos mil diecinueve), y no en la que la recibió la autoridad del fuero común (uno de octubre de dos mil diecinueve). Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 13/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 275, cuyo rubro y texto señalan: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO... De igual forma por las razones que contiene es aplicable la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699, de rubro y texto: ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. .. Por ello, al no encontrarse el acto reclamado materia del presente juicio dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para promover el juicio de amparo, es inconcuso que la demanda origen de este juicio debió presentarse dentro de los quince días siguientes a que se refiere dicho ordenamiento. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Marcelo de la Cruz Godínez. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriela Margarita Avellaneda Barriga, Evelyn Reyes Barajas, Patricia Oyuqui Espino Escamilla y Alejandro García García, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial que antecede tienen registrada su cédula en el sistema Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Raúl Eduardo Barragán Andrade, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciados en Derecho; asimismo, autorizando únicamente para imponerse en autos a Isela Nambo Chávez y Gabriela García Tinoco y Antonio Benjamín Olmos Fragoso por así haberlos solictado. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

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