Marcelo Da Silva Rocha

Expediente 556/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
556/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Marcelo Da Silva Rocha
  • agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 556/2023-H El quince de junio de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con la certificación secretarial y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de queja, dentro del plazo legal, en contra de la determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés; por tanto, se declara que la misma ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 20, fracción II, del citado acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, pues se tuvo por no presentada la demanda de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veinte de junio de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir al quejoso para que realice las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio de cuenta, se tiene a la autoridad oficiante informando que realizó una búsqueda en sus registros y/o base de datos sobre los quejosos ******************** y ********************, sin obtener registro alguno. En ese tenor, y como de la constancia actuarial de trece del mes y año en curso, se aprecia que no le fue posible a la actuaria de la adscripción localizar a los impetrantes, toda vez que no estaban alojados en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, lo cual apuntó en el mismo sentido el comunicado remitido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Villahermosa, quien al dar cumplimiento con el requerimiento formulado en autos, informó que no cuenta con registro de los agraviados. Por ende, al no existir los actos materia de reclamo, pues los impetrantes no están retenidos ni alojados contra su voluntad en las referidas estaciones migratorias, con independencia de la calidad migratoria que tengan o tendrán en definitiva en el Estado mexicano, lo cual no forma parte de la litis constitucional, se tiene por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efectos las providencias dictadas al decretarse la suspensión de plano, de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Notifíquese al promovente a través del medio de comunicación no procesal.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de mayo de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria de la adscripción para localizar a los directamente agraviados Marcelo Da Silva Rocha y Ramón Pedro Santos de Oliveira. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente de la demanda, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, informe el lugar en el que puedan ser localizados los referidos agraviados, o bien de encontrarse en libertad los presente ante este órgano jurisdiccional para que ratifiquen o no la demanda promovida en su favor; bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento en la forma y término apuntados, se tendrá por no presentada la demanda. Bajo apercibimiento al promovente que de no cumplir, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Notifíquese y personalmente al promovente a través de los medios de comunicación no procesal aportados.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida en favor de ******************** y ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en perjuicio de los agraviados los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 21 y 22 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico con el número 556/2023. Suspensión de plano Tomando en consideración que en la demanda se precisan como algunos de los actos reclamados destacados la incomunicación y tortura psicológica, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: Cese de inmediato la incomunicación y tortura psicológica, de la que se dicen son objetos los directamente agraviados ********************, y ********************, y todos aquellos prohibidos por el artículo 22 constitucional, es decir, las penas de infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier índole y cualquier otra pena inusitada y trascendental; lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad. Con independencia de esta medida suspensiva, dese vista a la agente Ministerio Público de la Federación adscrita, autorizándose copia certificada de la totalidad de las actuaciones de este asunto, para que inicie una investigación respecto de la afectación relacionada con la tortura de la que el promovente dice son objeto los directamente agraviados. Es aplicable la tesis 1a. CCVII/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 561, libro 6, mayo 2014, tomo I, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA." En relación con los actos consistentes en la privación de la libertad, con fundamento en el numeral 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que pongan a ******************** y ********************, a disposición del Ministerio Público correspondiente, si su detención deriva de la comisión de un delito. Si la detención de los directamente agraviados no tiene relación con la comisión de un delito sino por su irregular estancia en el país, los quejosos quedan a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, en la estación migratoria donde fue presentada, cuyo alojamiento no podrá exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, luego del cual, si las autoridades migratorias determinan sujetarlos a un procedimiento administrativo migratorio deberán ponerlos en libertad para su continuación, para lo cual deben otorgarles el permiso de estancia correspondiente; asimismo, tienen la obligación de determinar su situación migratoria definitiva, incluso, la relativa a un posible retorno asistido o de deportación. Se arriba a esta decisión, en observancia a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 388/2022, en el que se determinó que los periodos de alojamiento de personas extranjeras en estaciones migratorias, previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración, contravienen la temporalidad máxima establecida por el precepto 21 de la Constitución Federal, para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa. En otro tenor, respecto a la deportación, expulsión o retorno asistido o voluntario, se toman las medidas siguientes: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute ninguna orden de esa naturaleza, si es que a la fecha no se ha cumplimentado, y en caso de haberse llevado a cabo dichos actos, permanezcan los quejosos en el lugar donde se encuentren, por una temporalidad que no puede exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar los directamente agraviados a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. Se invoca la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, diciembre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Además, las autoridades responsables deberán, bajo su más estricta responsabilidad, instruir y salvaguardar la integridad física y la vida de los directamente agraviados. Informes de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, rindan su informe en acato a la suspensión de plano, debiendo comunicar dentro del mismo plazo, el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad; hágase de su conocimiento que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el numeral 262, fracción III, del ordenamiento legal invocado, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Se comisiona al actuario de este juzgado para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que encuentre a los quejosos. Asimismo, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ratificación de demanda Con apoyo en el artículo 15 de la propia ley, requiérase a los agraviados ******************** y ********************, para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído, o bien, dentro de los tres días, legalmente computados, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, a efecto de que proceda a la localización de los referidos agraviados en el domicilio de las autoridades responsables. Así también, requiérase al Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, en esta ciudad, para que proporcione un perito traductor en el idioma que hablen los agraviados a fin de que el actuario judicial desahogue la diligencia encomendada por este órgano jurisdiccional, toda vez que quien promueve refiere que el país de origen de los quejosos es Brasil; por tanto, a fin de que se impongan del contenido de la diligencia y del juicio de amparo promovido en su favor, se faculta al fedatario judicial asiente las medidas realizadas por las autoridades responsables para llevar a cabo la encomienda; en la inteligencia de que el actuario de este tribunal, podrá utilizar herramientas electrónicas para posibilitar lo que aquí se ordena, como sería el caso de una aplicación para traducir mensajes escritos o lenguaje hablado simultáneamente, que descargue en su teléfono inteligente o dispositivo similar. En el supuesto de que el diligenciario judicial no localice a los directamente agraviados en las instalaciones de las responsables, se le faculta para que les requiera las constancias en las que se advierta la situación jurídica de los extranjeros, en relación con su estatus migratorio, así como, el derecho a la libertad y tránsito en este país; lo anterior, para que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. Notificaciones, consulta electrónica y medios de comunicación no procesal Respecto de las notificaciones, consulta electrónica y medios de comunicación no procesal, se reserva el acuerdo conducente hasta en tanto se practiquen las diligencias mandatadas en este acuerdo y los impetrantes ratifiquen la demanda promovida en su favor. No obstante, por única ocasión se ordena la notificación personal del presente acuerdo en el lugar donde se dice se encuentran resguardados los agraviados. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido de la licenciada Alma Rosa Flores Castañón, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. J´FCG/S´ARFC/Josefina*

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