Marcelo Clemente Alberto

Expediente 141/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
141/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
08/05/2017

Partes del expediente

  • Marcelo Clemente Alberto
  • Andrés Martínez Salinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    isto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se aprecia que transcurrió el plazo otorgado a los quejosos ****, para manifestar lo que a sus intereses conviniera en torno a las constancias remitidas por la autoridad responsable, sin que hayan realización manifestación al respecto. En esa medida, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si la autoridad responsable dio o no, cumplimiento a la sentencia de amparo, en principio es pertinente precisar que por sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos para los efectos establecidos en el considerando sexto de esa sentencia, que menciona: ".En esa tesitura, al haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado por violación al artículo 17 constitucional, lo procedente es conceder el amparo y protección solicitados, para el efecto de que por una parte la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que reitere lo infundado de los agravios que ya analizó; y por otra parte, con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada se pronuncie sobre el argumento de los quejosos acerca de que no existe afectación patrimonial en contra de las ofendidas porque a su parecer, los predios no están ocupados y, ante esta circunstancia, afirman, pueden establecerse diversos medios para garantizar la integridad de los inmuebles, ello con el fin de dilucidar si existe o no una afectación patrimonial de igual valor al asignado pericialmente." El citado fallo se declaró ejecutoriado por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, en el que además se requirió a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, para que diera cumplimiento al fallo protector; a lo que mediante oficio 413 recibido por este juzgado el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, dicha autoridad responsable, remitió copia certificada de la resolución que emitió en esa fecha dentro de los autos del toca penal 1193/2016 de su índice, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por los aquí quejosos en contra de la interlocutoria de doce de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, que resolvió el incidente no especificado de reducción o cancelación de la garantía de reparación del daño que se les fijó en la causa penal 172/2014. Entonces, para determinar si efectivamente la responsable cumplió la sentencia, debe realizarse una confrontación de los efectos establecidos en dicha ejecutoria y la parte considerativa del auto emitido en cumplimiento a ella. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO A) Deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que reitere lo infundado de los agravios que ya analizó. Este efecto se cumplió en la parte de la resolución dictada por la responsable, que señala: "Por lo anterior, se declara insubsistente la ejecutoria de fecha 29 de noviembre de 2016, emitida por la entonces Primera Sala Penal y se procede a emitir nueva resolución en los términos indicados" Así como en los primeros 18 puntos que integran la parte considerativa de la sentencia de la cual se aprecia que se reiteró el acto reclamado en lo que no fue objeto de concesión, B) Con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada se pronuncie sobre el argumento de los quejosos acerca de que no existe afectación patrimonial en contra de las ofendidas porque a su parecer, los predios no están ocupados y, ante esta circunstancia, afirman, pueden establecerse diversos medios para garantizar la integridad de los inmuebles, ello con el fin de dilucidar si existe o no una afectación patrimonial de igual valor al asignado pericialmente Este efecto se cumplió en los puntos 19 a 25 de la parte considerativa de la resolución que se revisa, que señala: "19. En último término -y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo-, durante la tramitación del incidente para la reducción de la reparación del daño, por escritos presentados ante el Juez Natural en fecha 26 de noviembre de 2015, los procesados, en vía de alcance al escrito mediante el que promovieron esa incidencia, ofrecieron la prueba de inspección judicial e introdujeron como planteamiento del incidente que no existía afectación patrimonial en contra de las ofendidas, porque los predios no estaban ocupados e inclusive podían establecerse diversas medidas para garantizar la integridad de los inmuebles. 20. Y al momento de pronunciar la interlocutoria del 12 de agosto de 2016, el A quo no se pronunció sobre el tema propuesto por los inculpados para efectos de la caución, ya que cuando se fijaron los montos que por concepto de reparación deben cubrir éstos, el Juez Natural nada dijo sobre porqué existía una afectación patrimonial de igual valor al asignado a los inmuebles sobre los que recayó la conducta, en el peritaje en materia de ingeniería civil realizado el 21 de febrero de 2013. 21. En este orden de ideas, es infundado el planteamiento de los apelantes en cuanto a que no existe un daño patrimonial a las agraviadas porque los predios mencionados ya no se encuentran ocupados, pues en tal sentido, se cuenta únicamente con su dicho que no se encuentra corroborado hasta este momento procesal por ningún medio probatorio, toda vez que como se estableció en los párrafos antecedentes, de la INSPECCIÓN JUDICIAL que se realizó el 23 de junio de 2016, ofrecida dentro del incidente de mérito por los procesados, se desprende que la autoridad judicial se percató que en los predios existen trazos de los lotes de diferentes medidas,, construcciones de diversos materiales y una cancha de fútbol, pues así se precisó al señalar que hay lotificación del predio ubicado al sureste del terreno general, dentro del poligonal del predio identificado con clave catastral 11 01 001 66 318 695 (propiedad de ANA LAURA VALLARINO HERNANDO) y la otra zona lotificada al sureste del predio general que se ubica dentro del poligonal con clave catastral 11 01 091 66 310 513 (perteneciente a LAURA VIOLETA GONZÁLEZ PINTO), también observó que se localiza un campo de futbol dentro del polígono general , ubicado al sur en parte de los polígonos identificados con las claves catastrales 11 01 091 66 310 514 (propiedad de LAURA VIOLETA GONZÁLEZ PINTO) Y 11 01 001 66 310 037 (perteneciente a MYRIAM VALLARINO HERNANDO) , además observó que en el interior del predio general, hay construcciones rudimentarias, principalmente dentro de las poligonales de los predios amparados con claves catastrales 11 01 001 66 318 695 (de ANA LAURA VALLARINO HERNANDO) Y 11 01 091 66 310 514 (de LAURA VIOLETA GONZÁLEZ PINTO), en agravio de las pasivos; aunado a que no se encuentra en autos agregado ningún dictamen pericial que acredite el monto al que ascienden esos daños, es decir, deshacer dichas modificaciones para regresar los inmuebles en cuestión al estado en que se encontraban antes de que se produjera su ocupación ilícita, por ende, prevalece el valor asignado pericialmente a los predios. 22. A todo lo anterior, se suma que en el proveído de 14 de octubre del 2015, se estableció por el Natural que no es posible realizar la restitución provisional del inmueble propiedad de ANA LAURA VALLARINO HERNANDO, a fin de no producir afectaciones a terceras personas diversas de los sujetos activos, que ocupan el predio de la ofendida, sin que hasta este momento exista prueba de que tales condiciones se hayan modificado. 23. En tanto que las agraviada MYRIAM VALLARINO HERNANDO y LAURA VIOLETA GONZÁLEZ PINTO, de los autos se desprende que no han solicitado la restitución provisional de los inmuebles de su propiedad. 24. En esta secuencia, es que se estima correcta la decisión del A quo al fijar los montos en que el perito en materia de ingeniería civil valoró los multicitados terrenos como garantía de reparación de daño, pues si bien es cierto, ante una eventual sentencia deberá condenarse a los inculpados a restituir a las ofendidas los bienes inmuebles sobre los que recayeron los despojos, bienes que por su naturaleza no pueden extinguirse o desaparecer con motivo del ilícito, también es cierto que al existir afectaciones a esos inmuebles, como por ejemplo la disminución en su valor por el transcurso del tiempo objeto del despojo o daños causados por las edificaciones que existen, es que debe garantizarse esos posibles daños, y al no contar con prueba alguna hasta este momento procesal, sobre el monto que representan las construcciones motivo de la ocupación ilícita, es que se toma como base el valor determinado a los predios en el dictamen pericial ya referido. En conclusión, lo que se acredita en la causa es que las referidas ofendidas son propietarias de los bienes inmuebles aquí descritos y con motivo de la conducta ilícita de los agentes delictivos consistente en haber ocupado de manera ilícita dichos predios, se les produjo un detrimento en su patrimonio, el cual tienen el derecho fundamental de que les sea reparado por quien resulte ser el responsable del delito; por ende, es exigible garantizar dicho concepto para el caso de que los probables responsables quieran obtener la libertad provisional bajo caución a que tienen derecho y que al no haberse modificado las circunstancias que llevaron al A quo a fijar los montos señalados como garantía de reparación de daño, no hay motivo alguno para cancelar o reducir las cantidades fijadas por dicho concepto. En ese contexto, de la comparativa de los efectos otorgados en la sentencia concesoria del amparo y la resolución que en cumplimiento a la misma emitió la responsable, este juzgador estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, pues por un parte, dejó sin efectos la resolución que constituyó el acto reclamado y en su lugar se dictó una nueva en la que reiteró aquello que no fue objeto de protección constitucional y con plenitud de jurisdicción analizó el argumento de los quejosos acerca de que no existe afectación patrimonial en contra de las ofendidas en la causa penal de origen, lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza; consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su Representación Social corresponda. Luego, al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...III

  2. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 09/05/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS QUEJOSOS MARCELO CLEMENTE ALBERTO Y ANDRES MARTINEZ SALINAS EL AUTO DE 08/05/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: isto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se aprecia que transcurrió el plazo otorgado a los quejosos ****, para manifestar lo que a sus intereses conviniera en torno a las constancias remitidas por la autoridad responsable, sin que hayan realización manifestación al respecto. En esa medida, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si la autoridad responsable dio o no, cumplimiento a la sentencia de amparo, en principio es pertinente precisar que por sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos para los efectos establecidos en el considerando sexto de esa sentencia, que menciona: ".En esa tesitura, al haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado por violación al artículo 17 constitucional, lo procedente es conceder el amparo y protección solicitados, para el efecto de que por una parte la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que reitere lo infundado de los agravios que ya analizó; y por otra parte, con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada se pronuncie sobre el argumento de los quejosos acerca de que no existe afectación patrimonial en contra de las ofendidas porque a su parecer, los predios no están ocupados y, ante esta circunstancia, afirman, pueden establecerse diversos medios para garantizar la integridad de los inmuebles, ello con el fin de dilucidar si existe o no una afectación patrimonial de igual valor al asignado pericialmente." El citado fallo se declaró ejecutoriado por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, en el que además se requirió a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, para que diera cumplimiento al fallo protector; a lo que mediante oficio 413 recibido por este juzgado el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, dicha autoridad responsable, remitió copia certificada de la resolución que emitió en esa fecha dentro de los autos del toca penal 1193/2016 de su índice, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por los aquí quejosos en contra de la interlocutoria de doce de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, que resolvió el incidente no especificado de reducción o cancelación de la garantía de reparación del daño que se les fijó en la causa penal 172/2014. Entonces, para determinar si efectivamente la responsable cumplió la sentencia, debe realizarse una confrontación de los efectos establecidos en dicha ejecutoria y la parte considerativa del auto emitido en cumplimiento a ella. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO A) Deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que reitere lo infundado de los agravios que ya analizó. Este efecto se cumplió en la parte de la resolución dictada por la responsable, que señala: "Por lo anterior, se declara insubsistente la ejecutoria de fecha 29 de noviembre de 2016, emitida por la entonces Primera Sala Penal y se procede a emitir nueva resolución en los términos indicados" Así como en los primeros 18 puntos que integran la parte considerativa de la sentencia de la cual se aprecia que se reiteró el acto reclamado en lo que no fue objeto de concesión, B) Con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada se pronuncie sobre el argumento de los quejosos acerca de que no existe afectación patrimonial en contra de las ofendidas porque a su parecer, los predios no están ocupados y, ante esta circunstancia, afirman, pueden establecerse diversos medios para garantizar la integridad de los inmuebles, ello con el fin de dilucidar si existe o no una afectación patrimonial de igual valor al asignado pericialmente Este efecto se cumplió en los puntos 19 a 25 de la parte considerativa de la resolución que se revisa, que señala: "19. En último término -y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo-, durante la tramitación del incidente para la reducción de la reparación del daño, por escritos presentados ante el Juez Natural en fecha 26 de noviembre de 2015, los procesados, en vía de alcance al escrito mediante el que promovieron esa incidencia, ofrecieron la prueba de inspección judicial e introdujeron como planteamiento del incidente que no existía afectación patrimonial en contra de las ofendidas, porque los predios no estaban ocupados e inclusive podían establecerse diversas medidas para garantizar la integridad de los inmuebles. 20. Y al momento de pronunciar la interlocutoria del 12 de agosto de 2016, el A quo no se pronunció sobre el tema propuesto por los inculpados para efectos de la caución, ya que cuando se fijaron los montos que por concepto de reparación deben cubrir éstos, el Juez Natural nada dijo sobre porqué existía una afectación patrimonial de igual valor al asignado a los inmuebles sobre los que recayó la conducta, en el peritaje en materia de ingeniería civil realizado el 21 de febrero de 2013. 21. En este orden de ideas, es infundado el planteamiento de los apelantes en cuanto a que no existe un daño patrimonial a las agraviadas porque los predios mencionados ya no se encuentran ocupados, pues en tal sentido, se cuenta únicamente con su dicho que no se encuentra corroborado hasta este momento procesal por ningún medio probatorio, toda vez que como se estableció en los párrafos antecedentes, de la INSPECCIÓN JUDICIAL que se realizó el 23 de junio de 2016, ofrecida dentro del incidente de mérito por los procesados, se desprende que la autoridad judicial se percató que en los predios existen trazos de los lotes de diferentes medidas,, construcciones de diversos materiales y una cancha de fútbol, pues así se precisó al señalar que hay lotificación del predio ubicado al sureste del terreno general, dentro del poligonal del predio identificado con clave catastral 11 01 001 66 318 695 (propiedad de ANA LAURA VALLARINO HERNANDO) y la otra zona lotificada al sureste del predio general que se ubica dentro del poligonal con clave catastral 11 01 091 66 310 513 (perteneciente a LAURA VIOLETA GONZÁLEZ PINTO), también observó que se localiza un campo de futbol dentro del polígono general , ubicado al sur en parte de los polígonos identificados con las claves catastrales 11 01 091 66 310 514 (propiedad de LAURA VIOLETA GONZÁLEZ PINTO) Y 11 01 001 66 310 037 (perteneciente a MYRIAM VALLARINO HERNANDO) , además observó que en el interior del predio general, hay construcciones rudimentarias, principalmente dentro de las poligonales de los predios amparados con claves catastrales 11 01 001 66 318 695 (de ANA LAURA VALLARINO HERNANDO) Y 11 01 091 66 310 514 (de LAURA VIOLETA GONZÁLEZ PINTO), en agravio de las pasivos; aunado a que no se encuentra en autos agregado ningún dictamen pericial que acredite el monto al que ascienden esos daños, es decir, deshacer dichas modificaciones para regresar los inmuebles en cuestión al estado en que se encontraban antes de que se produjera su ocupación ilícita, por ende, prevalece el valor asignado pericialmente a los predios. 22. A todo lo anterior, se suma que en el proveído de 14 de octubre del 2015, se estableció por el Natural que no es posible realizar la restitución provisional del inmueble propiedad de ANA LAURA VALLARINO HERNANDO, a fin de no producir afectaciones a terceras personas diversas de los sujetos activos, que ocupan el predio de la ofendida, sin que hasta este momento exista prueba de que tales condiciones se hayan modificado. 23. En tanto que las agraviada MYRIAM VALLARINO HERNANDO y LAURA VIOLETA GONZÁLEZ PINTO, de los autos se desprende que no han solicitado la restitución provisional de los inmuebles de su propiedad. 24. En esta secuencia, es que se estima correcta la decisión del A quo al fijar los montos en que el perito en materia de ingeniería civil valoró los multicitados terrenos como garantía de reparación de daño, pues si bien es cierto, ante una eventual sentencia deberá condenarse a los inculpados a restituir a las ofendidas los bienes inmuebles sobre los que recayeron los despojos, bienes que por su naturaleza no pueden extinguirse o desaparecer con motivo del ilícito, también es cierto que al existir afectaciones a esos inmuebles, como por ejemplo la disminución en su valor por el transcurso del tiempo objeto del despojo o daños causados por las edificaciones que existen, es que debe garantizarse esos posibles daños, y al no contar con prueba alguna hasta este momento procesal, sobre el monto que representan las construcciones motivo de la ocupación ilícita, es que se toma como base el valor determinado a los predios en el dictamen pericial ya referido. En conclusión, lo que se acredita en la causa es que las referidas ofendidas son propietarias de los bienes inmuebles aquí descritos y con motivo de la conducta ilícita de los agentes delictivos consistente en haber ocupado de manera ilícita dichos predios, se les produjo un detrimento en su patrimonio, el cual tienen el derecho fundamental de que les sea reparado por quien resulte ser el responsable del delito; por ende, es exigible garantizar dicho concepto para el caso de que los probables responsables quieran obtener la libertad provisional bajo caución a que tienen derecho y que al no haberse modificado las circunstancias que llevaron al A quo a fijar los montos señalados como garantía de reparación de daño, no hay motivo alguno para cancelar o reducir las cantidades fijadas por dicho concepto. En ese contexto, de la comparativa de los efectos otorgados en la sentencia concesoria del amparo y la resolución que en cumplimiento a la misma emitió la responsable, este juzgador estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, pues por un parte, dejó sin efectos la resolución que constituyó el acto reclamado y en su lugar se dictó una nueva en la que reiteró aquello que no fue objeto de protección constitucional y con plenitud de jurisdicción analizó el argumento de los quejosos acerca de que no existe afectación patrimonial en contra de las ofendidas en la causa penal de origen, lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza; consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su Representación Social corresponda. Luego, al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 09/05/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERA INTERESADA ANA LAURA VALLARINO HERNANDO EL AUTO DE 08/05/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: isto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se aprecia que transcurrió el plazo otorgado a los quejosos ****, para manifestar lo que a sus intereses conviniera en torno a las constancias remitidas por la autoridad responsable, sin que hayan realización manifestación al respecto. En esa medida, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si la autoridad responsable dio o no, cumplimiento a la sentencia de amparo, en principio es pertinente precisar que por sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos para los efectos establecidos en el considerando sexto de esa sentencia, que menciona: ".En esa tesitura, al haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado por violación al artículo 17 constitucional, lo procedente es conceder el amparo y protección solicitados, para el efecto de que por una parte la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que reitere lo infundado de los agravios que ya analizó; y por otra parte, con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada se pronuncie sobre el argumento de los quejosos acerca de que no existe afectación patrimonial en contra de las ofendidas porque a su parecer, los predios no están ocupados y, ante esta circunstancia, afirman, pueden establecerse diversos medios para garantizar la integridad de los inmuebles, ello con el fin de dilucidar si existe o no una afectación patrimonial de igual valor al asignado pericialmente." El citado fallo se declaró ejecutoriado por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, en el que además se requirió a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, para que diera cumplimiento al fallo protector; a lo que mediante oficio 413 recibido por este juzgado el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, dicha autoridad responsable, remitió copia certificada de la resolución que emitió en esa fecha dentro de los autos del toca penal 1193/2016 de su índice, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por los aquí quejosos en contra de la interlocutoria de doce de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, que resolvió el incidente no especificado de reducción o cancelación de la garantía de reparación del daño que se les fijó en la causa penal 172/2014. Entonces, para determinar si efectivamente la responsable cumplió la sentencia, debe realizarse una confrontación de los efectos establecidos en dicha ejecutoria y la parte considerativa del auto emitido en cumplimiento a ella. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO A) Deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que reitere lo infundado de los agravios que ya analizó. Este efecto se cumplió en la parte de la resolución dictada por la responsable, que señala: "Por lo anterior, se declara insubsistente la ejecutoria de fecha 29 de noviembre de 2016, emitida por la entonces Primera Sala Penal y se procede a emitir nueva resolución en los términos indicados" Así como en los primeros 18 puntos que integran la parte considerativa de la sentencia de la cual se aprecia que se reiteró el acto reclamado en lo que no fue objeto de concesión, B) Con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada se pronuncie sobre el argumento de los quejosos acerca de que no existe afectación patrimonial en contra de las ofendidas porque a su parecer, los predios no están ocupados y, ante esta circunstancia, afirman, pueden establecerse diversos medios para garantizar la integridad de los inmuebles, ello con el fin de dilucidar si existe o no una afectación patrimonial de igual valor al asignado pericialmente Este efecto se cumplió en los puntos 19 a 25 de la parte considerativa de la resolución que se revisa, que señala: "19. En último término -y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo-, durante la tramitación del incidente para la reducción de la reparación del daño, por escritos presentados ante el Juez Natural en fecha 26 de noviembre de 2015, los procesados, en vía de alcance al escrito mediante el que promovieron esa incidencia, ofrecieron la prueba de inspección judicial e introdujeron como planteamiento del incidente que no existía afectación patrimonial en contra de las ofendidas, porque los predios no estaban ocupados e inclusive podían establecerse diversas medidas para garantizar la integridad de los inmuebles. 20. Y al momento de pronunciar la interlocutoria del 12 de agosto de 2016, el A quo no se pronunció sobre el tema propuesto por los inculpados para efectos de la caución, ya que cuando se fijaron los montos que por concepto de reparación deben cubrir éstos, el Juez Natural nada dijo sobre porqué existía una afectación patrimonial de igual valor al asignado a los inmuebles sobre los que recayó la conducta, en el peritaje en materia de ingeniería civil realizado el 21 de febrero de 2013. 21. En este orden de ideas, es infundado el planteamiento de los apelantes en cuanto a que no existe un daño patrimonial a las agraviadas porque los predios mencionados ya no se encuentran ocupados, pues en tal sentido, se cuenta únicamente con su dicho que no se encuentra corroborado hasta este momento procesal por ningún medio probatorio, toda vez que como se estableció en los párrafos antecedentes, de la INSPECCIÓN JUDICIAL que se realizó el 23 de junio de 2016, ofrecida dentro del incidente de mérito por los procesados, se desprende que la autoridad judicial se percató que en los predios existen trazos de los lotes de diferentes medidas,, construcciones de diversos materiales y una cancha de fútbol, pues así se precisó al señalar que hay lotificación del predio ubicado al sureste del terreno general, dentro del poligonal del predio identificado con clave catastral 11 01 001 66 318 695 (propiedad de ANA LAURA VALLARINO HERNANDO) y la otra zona lotificada al sureste del predio general que se ubica dentro del poligonal con clave catastral 11 01 091 66 310 513 (perteneciente a LAURA VIOLETA GONZÁLEZ PINTO), también observó que se localiza un campo de futbol dentro del polígono general , ubicado al sur en parte de los polígonos identificados con las claves catastrales 11 01 091 66 310 514 (propiedad de LAURA VIOLETA GONZÁLEZ PINTO) Y 11 01 001 66 310 037 (perteneciente a MYRIAM VALLARINO HERNANDO) , además observó que en el interior del predio general, hay construcciones rudimentarias, principalmente dentro de las poligonales de los predios amparados con claves catastrales 11 01 001 66 318 695 (de ANA LAURA VALLARINO HERNANDO) Y 11 01 091 66 310 514 (de LAURA VIOLETA GONZÁLEZ PINTO), en agravio de las pasivos; aunado a que no se encuentra en autos agregado ningún dictamen pericial que acredite el monto al que ascienden esos daños, es decir, deshacer dichas modificaciones para regresar los inmuebles en cuestión al estado en que se encontraban antes de que se produjera su ocupación ilícita, por ende, prevalece el valor asignado pericialmente a los predios. 22. A todo lo anterior, se suma que en el proveído de 14 de octubre del 2015, se estableció por el Natural que no es posible realizar la restitución provisional del inmueble propiedad de ANA LAURA VALLARINO HERNANDO, a fin de no producir afectaciones a terceras personas diversas de los sujetos activos, que ocupan el predio de la ofendida, sin que hasta este momento exista prueba de que tales condiciones se hayan modificado. 23. En tanto que las agraviada MYRIAM VALLARINO HERNANDO y LAURA VIOLETA GONZÁLEZ PINTO, de los autos se desprende que no han solicitado la restitución provisional de los inmuebles de su propiedad. 24. En esta secuencia, es que se estima correcta la decisión del A quo al fijar los montos en que el perito en materia de ingeniería civil valoró los multicitados terrenos como garantía de reparación de daño, pues si bien es cierto, ante una eventual sentencia deberá condenarse a los inculpados a restituir a las ofendidas los bienes inmuebles sobre los que recayeron los despojos, bienes que por su naturaleza no pueden extinguirse o desaparecer con motivo del ilícito, también es cierto que al existir afectaciones a esos inmuebles, como por ejemplo la disminución en su valor por el transcurso del tiempo objeto del despojo o daños causados por las edificaciones que existen, es que debe garantizarse esos posibles daños, y al no contar con prueba alguna hasta este momento procesal, sobre el monto que representan las construcciones motivo de la ocupación ilícita, es que se toma como base el valor determinado a los predios en el dictamen pericial ya referido. En conclusión, lo que se acredita en la causa es que las referidas ofendidas son propietarias de los bienes inmuebles aquí descritos y con motivo de la conducta ilícita de los agentes delictivos consistente en haber ocupado de manera ilícita dichos predios, se les produjo un detrimento en su patrimonio, el cual tienen el derecho fundamental de que les sea reparado por quien resulte ser el responsable del delito; por ende, es exigible garantizar dicho concepto para el caso de que los probables responsables quieran obtener la libertad provisional bajo caución a que tienen derecho y que al no haberse modificado las circunstancias que llevaron al A quo a fijar los montos señalados como garantía de reparación de daño, no hay motivo alguno para cancelar o reducir las cantidades fijadas por dicho concepto. En ese contexto, de la comparativa de los efectos otorgados en la sentencia concesoria del amparo y la resolución que en cumplimiento a la misma emitió la responsable, este juzgador estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, pues por un parte, dejó sin efectos la resolución que constituyó el acto reclamado y en su lugar se dictó una nueva en la que reiteró aquello que no fue objeto de protección constitucional y con plenitud de jurisdicción analizó el argumento de los quejosos acerca de que no existe afectación patrimonial en contra de las ofendidas en la causa penal de origen, lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza; consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su Representación Social corresponda. Luego, al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos

  4. Principal

    Intégrese a los autos para que obre como corresponda el oficio que signa la Secretaria de Acuerdos del Pleno, del Consejo de la Judicatura, del Presidente y de las Salas del Tribunal Superior de Justicia en Materia de Amparo, del cual se desprende que ese órgano jurisdiccional recibió el oficio 9484/2017 con anexos...III

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