Marcelo Cedeño Rodríguez

Expediente 476/2016 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
476/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
18/12/2018

Partes del expediente

  • Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado
  • Guillermo Sánchez Sánchez (albacea definitivo)
  • Marcelo Cedeño Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a trece de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 222), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 230). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, este Órgano Colegiado, concedió a Marcelo Cedeño Rodríguez, la protección constitucional solicitada, para el efecto que la Sala responsable: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que: a) Reitere la acreditación del delito de violación, conforme a la descripción típica contenida en el artículo 285 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, vigente a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; por ende, deberá reiterar la aplicación retroactiva de dicha legislación en beneficio del sentenciado. Asimismo, deberá reiterar la demostración de la plena responsabilidad penal del ahora quejoso en la comisión de dicho delito, en agravio de la víctima cuya identidad se reserva; la condena a la reparación del daño moral y que su cuantificación se realice en la etapa de ejecución de la sentencia; la suspensión de derechos civiles y políticos por el tiempo que dure la sanción corporal; la absolución del pago de la reparación del daño material y la decisión de no amonestar al enjuiciado b) Determine de manera fundada y motivada el grado de culpabilidad del sentenciado; solamente para decidir si lo confirma o disminuye, pero no podrá incrementarlo, teniendo en cuenta que la víctima no interpuso el recurso de apelación, y en el interpuesto por el Ministerio Público fueron desestimados los agravios. Desde luego, tampoco podrá incrementar las sanciones corporal y pecuniaria impuestas en primera instancia, dado que la parte ofendida no cuestionó a través del recurso de apelación la legalidad de la sentencia de primera instancia, al margen de la penalidad que contempla el tipo penal. Además, en la estimación del grado de culpabilidad del sentenciado, deberá prescindir de considerar como factor negativo la circunstancia personal que la víctima se encontraba en etapa de gestación, pues al margen de lo correcto o no, en la sentencia de primera instancia no se consideró tal situación como desfavorable para el enjuiciado al definir el rango de culpabilidad; una vez hecho esto, imponga la pena de prisión y pecuniaria que corresponda, se reitera, sin que la mismas puedan ser mayores a las establecidas en primera instancia. Así también, deberá reiterar las consideraciones que tuvo en cuenta para desestimar los agravios que hizo valer en segunda instancia el Agente del Ministerio Público, tendentes a justificar la elevación en el grado de culpabilidad del sentenciado" (fojas 175 vuelta y 176). I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictó una nueva sentencia (fojas 184 a 221), en la que dejó insubsistente la reclamada (fojas 185) y, siguiendo los lineamientos del fallo protector, reiteró las determinaciones que a continuación se mencionan: a) La acreditación del delito de violación, conforme a la descripción típica contenida en el artículo 285 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, vigente a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, legislación, que aplicó de forma retroactiva en beneficio del sentenciado (fojas 187 a 190, y 211 vuelta). b) La plena responsabilidad penal del enjuiciado Marcelo Cedeño Rodríguez, en la comisión del citado ilícito, en agravio de la víctima cuya identidad se protege (foja 208 vuelta a 210). c) La condena a la reparación del daño moral, y que su cuantificación se realice en la etapa de ejecución de la sentencia (foja 215). d) La suspensión de derechos civiles y políticos del sentenciado, por el tiempo que dure la sanción corporal impuesta (fojas 214, 215 y 220 vuelta). e) La absolución del pago de la reparación del daño material (foja 215), así mismo, prescindió de amonestar al sentenciado el diligencia formal. II. Por otro lado, se advierte que con libertad de jurisdicción, la responsable consideró que el enjuiciado presenta un grado de culpabilidad mínimo (fojas 210 vuelta a 215). En esta nueva apreciación del grado de culpabilidad, se advierte que la Sala responsable dejó de considerar como factor negativo la circunstancia personal que la víctima se encontraba en etapa de gestación. Además, reiteró las consideraciones que tuvo en cuenta para desestimar los agravios hechos valer por la representación social, tendentes a justificar la elevación del grado de culpabilidad del sentenciado (foja 220). En consecuencia, también con plenitud de jurisdicción, la Sala responsable, impuso al sentenciado la pena de siete años once meses de prisión, y a pagar una multa equivalente a ciento tres días de salario mínimo vigente en el Estado en la época en que sucedieron los hechos, la cual asciende a la cantidad de $6,568.31 (seis mil quinientos sesenta y ocho pesos con treinta un centavos moneda nacional), lo cual evidencia que no se agravaron dichas sanciones, pues resultaron ser las mismas que se determinaron en la sentencia dictada en primera instancia (fojas 85 y 214). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a trece de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 222), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 230). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, este Órgano Colegiado, concedió a Marcelo Cedeño Rodríguez, la protección constitucional solicitada, para el efecto que la Sala responsable: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que: a) Reitere la acreditación del delito de violación, conforme a la descripción típica contenida en el artículo 285 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, vigente a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; por ende, deberá reiterar la aplicación retroactiva de dicha legislación en beneficio del sentenciado. Asimismo, deberá reiterar la demostración de la plena responsabilidad penal del ahora quejoso en la comisión de dicho delito, en agravio de la víctima cuya identidad se reserva; la condena a la reparación del daño moral y que su cuantificación se realice en la etapa de ejecución de la sentencia; la suspensión de derechos civiles y políticos por el tiempo que dure la sanción corporal; la absolución del pago de la reparación del daño material y la decisión de no amonestar al enjuiciado b) Determine de manera fundada y motivada el grado de culpabilidad del sentenciado; solamente para decidir si lo confirma o disminuye, pero no podrá incrementarlo, teniendo en cuenta que la víctima no interpuso el recurso de apelación, y en el interpuesto por el Ministerio Público fueron desestimados los agravios. Desde luego, tampoco podrá incrementar las sanciones corporal y pecuniaria impuestas en primera instancia, dado que la parte ofendida no cuestionó a través del recurso de apelación la legalidad de la sentencia de primera instancia, al margen de la penalidad que contempla el tipo penal. Además, en la estimación del grado de culpabilidad del sentenciado, deberá prescindir de considerar como factor negativo la circunstancia personal que la víctima se encontraba en etapa de gestación, pues al margen de lo correcto o no, en la sentencia de primera instancia no se consideró tal situación como desfavorable para el enjuiciado al definir el rango de culpabilidad; una vez hecho esto, imponga la pena de prisión y pecuniaria que corresponda, se reitera, sin que la mismas puedan ser mayores a las establecidas en primera instancia. Así también, deberá reiterar las consideraciones que tuvo en cuenta para desestimar los agravios que hizo valer en segunda instancia el Agente del Ministerio Público, tendentes a justificar la elevación en el grado de culpabilidad del sentenciado" (fojas 175 vuelta y 176). I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictó una nueva sentencia (fojas 184 a 221), en la que dejó insubsistente la reclamada (fojas 185) y, siguiendo los lineamientos del fallo protector, reiteró las determinaciones que a continuación se mencionan: a) La acreditación del delito de violación, conforme a la descripción típica contenida en el artículo 285 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, vigente a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, legislación, que aplicó de forma retroactiva en beneficio del sentenciado (fojas 187 a 190, y 211 vuelta). b) La plena responsabilidad penal del enjuiciado Marcelo Cedeño Rodríguez, en la comisión del citado ilícito, en agravio de la víctima cuya identidad se protege (foja 208 vuelta a 210). c) La condena a la reparación del daño moral, y que su cuantificación se realice en la etapa de ejecución de la sentencia (foja 215). d) La suspensión de derechos civiles y políticos del sentenciado, por el tiempo que dure la sanción corporal impuesta (fojas 214, 215 y 220 vuelta). e) La absolución del pago de la reparación del daño material (foja 215), así mismo, prescindió de amonestar al sentenciado el diligencia formal. II. Por otro lado, se advierte que con libertad de jurisdicción, la responsable consideró que el enjuiciado presenta un grado de culpabilidad mínimo (fojas 210 vuelta a 215). En esta nueva apreciación del grado de culpabilidad, se advierte que la Sala responsable dejó de considerar como factor negativo la circunstancia personal que la víctima se encontraba en etapa de gestación. Además, reiteró las consideraciones que tuvo en cuenta para desestimar los agravios hechos valer por la representación social, tendentes a justificar la elevación del grado de culpabilidad del sentenciado (foja 220). En consecuencia, también con plenitud de jurisdicción, la Sala responsable, impuso al sentenciado la pena de siete años once meses de prisión, y a pagar una multa equivalente a ciento tres días de salario mínimo vigente en el Estado en la época en que sucedieron los hechos, la cual asciende a la cantidad de $6,568.31 (seis mil quinientos sesenta y ocho pesos con treinta un centavos moneda nacional), lo cual evidencia que no se agravaron dichas sanciones, pues resultaron ser las mismas que se determinaron en la sentencia dictada en primera instancia (fojas 85 y 214). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de seis de septiembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre anterior, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · 6,390 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano