Marcelo Bautista García

Expediente 135/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
135/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/03/2018

Partes del expediente

  • Marcelo Bautista García

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, y téngase a la Actuaria adscrita al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, comunicando el proveído de cinco de marzo de dos mil dieciocho, dictado por el Magistrado presidente de ese tribunal en el incidente de inejecución de sentencia IIIS. 9/2018, en el que acusa recibo del oficio por el que se le enviaron los autos de este asunto para su substanciación; asimismo, informa que lo admitió a trámite. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la prevención ordenada en proveído de veintinueve de enero pasado, por tanto se procede a proveer lo conducente. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el Juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Las causas de improcedencia son de estudio preferente en el juicio de amparo al ser una cuestión de orden público, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En ese contexto, en relación con el acto reclamado consistente en la emisión de la Ley de Seguridad Interior, en específico los artículos 2, 3, 7, 9, 11, 12, y 30, se ACTUALIZA la causa de improcedencia prevista en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para sostener lo anterior, resulta necesario invocar las normas generales citadas: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] En ese sentido, el artículo 5°, fracción I, de la referida Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese sentido, resulta conveniente destacar que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, o en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Esta concepción constitucional fue plasmada en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo transcrito, que dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Precisado lo anterior, se debe determinar lo que se entiende por interés jurídico e interés legítimo para los efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, al respecto, ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. De lo anterior se advierte que existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. En suma, son dos los supuestos que integran el interés jurídico; el primero de ellos, la existencia y titularidad de un derecho y el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta autoritaria deviene del perjuicio que ésta ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Esa prerrogativa protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio. Por otra parte, el interés legítimo ha sido concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o perjuicio inmediato. Así, el Alto Tribunal expuso que el interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos y concluyó que la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al precisar el alcance jurídico del concepto de interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, señaló que este tipo de interés no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Este criterio dio origen a la tesis 2ª. XVIII/2013 (10ª), consultable en la página 1736 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, cuyo rubro es: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Conforme a lo expuesto, pueden identificarse algunos rasgos característicos que diferencian al interés legítimo del interés jurídico, los cuales pudieran resultar orientadores para determinar en qué casos debe satisfacerse uno u otro a fin de acreditar el interés exigido por la norma constitucional para efectos de la procedencia del juicio de amparo. En ese contexto, al resolver la contradicción de tesis 69/2002-SS, que dio origen a la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo referencia a las características que permiten identificarlo y que son las siguientes: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Ambos tipos de interés participan de cuatro elementos o rasgos característicos que los diferencian, los cuales resultan orientadores para determinar en qué casos debe satisfacerse uno u otro, a fin de acreditar el exigido por la norma constitucional para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los cuales son: a) Titularidad del interés: tratándose del jurídico es una persona, de manera individual y exclusiva, mientras que del legítimo, un grupo de personas; b) Poder de exigencia del titular: tratándose del primero es la capacidad de exigir de otro, en este caso, de la autoridad, que realice cierta conducta de dar, hacer o no hacer en su beneficio, mientras que en el segundo no puede exigirse una prestación para sí, sino sólo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación a ésta le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica; c) Norma de la que surge: tratándose del jurídico se crea para salvaguardar los intereses de particulares individualmente considerados, mientras que respecto del legítimo es para salvaguardar intereses generales, el orden público o el interés social; y d) Tipo de afectación que sufre el titular del interés: tratándose del jurídico la afectación deriva de una lesión directa a la esfera jurídica del gobernado, en tanto que en relación con el legítimo se produce de manera indirecta, es decir, no es una lesión a la persona, sino a la comunidad, sin embargo, afecta o impacta calificadamente a un grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto. Ilustra lo anterior la jurisprudencia XXVII.1o. (VIII Región) J/4 (10a), que a continuación se reproduce: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Lo anterior implica que la acción será procedente cuando el promovente: a) Sea titular de un interés jurídico, incluyendo en esta hipótesis cuando alegue ser parte en un procedimiento administrativo; b) Sea titular de un interés legítimo, según ha quedado caracterizado. Es decir, el interés jurídico de una persona surge cuando el acto reclamado se relaciona con su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto, persona física o moral, privada u oficial. De ese modo, si el acto o ley reclamada, no se refiere a los derechos contenidos en la esfera jurídica de la parte quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, en consecuencia, debe declararse la improcedencia del juicio, en términos de las normas citadas. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Asimismo, sirve de fundamento a la anterior consideración, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 690, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE." En ese sentido, la falta de interés jurídico deriva de la ausencia de afectación directa de algún derecho subjetivo, sobre todo, porque la sola presentación de la demanda de amparo no establece en modo alguno una presunción juris tantum en favor del peticionario de amparo, a fin de acreditar su interés jurídico; dado que, la eficacia del mismo está condicionada a su demostración, sin que sea permisible ni válido relevar a la parte promovente de su obligación de probarlo para instar el juicio constitucional. Asimismo, la reforma a la fracción I, del artículo 107 constitucional, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo, sin embargo, no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda a dicho medio de control constitucional, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige a la parte quejosa que demuestre algo más que un interés simple, entendido como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, pero que en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Por tanto, si la emisión de la norma impugnada tiene como finalidad regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, es evidente que no existe tutela jurídica alguna del interés en que se apoya la pretensión del peticionario del amparo, que acredite agravio jurídico alguno -directo o indirecto- que lo legitime para instar esta vía constitucional, es decir, dicho contendiente no se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad ante la posible afectación con la entrada en vigor de la norma que reclama; por tanto, puede decirse que sólo le asiste un interés simple, el cual no da lugar a la procedencia del juicio de amparo. Apoya a la anterior consideración la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la SCJN, visible en la página 1078, número 2 A /J 57/2017 (10ª), del tomo II, junio de dos mil diecisiete, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia de que se trata, dado que únicamente se acude al amparo bajo un interés simple (al tratarse de un interés genérico de la sociedad relacionado con la seguridad interior del Estado), que por sí no faculta al particular para instar esta vía constitucional, con fundamento en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción XII del artículo 61 en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo, promovida por Marcelo Bautista García. No es óbice a lo anterior, que la causa de improcedencia en que se funda este desechamiento podría ser estudiada en la resolución de fondo de este juicio; sin embargo, cuando es manifiesta e indudable la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que se admitiera a trámite la demanda para que, después de agotadas las formalidades de ley, llegar a la conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, correspondiente al mes de octubre, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA." Notifíquese y, por medio de lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo número 1049/2017 [...] R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ***, en contra de las autoridades y actos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ***, en contra de los actos y autoridades señalados en el considerando cuarto, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Titular de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas de la Subdelegación Zona Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informa los tramites que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia y como lo solicita, de conformidad con el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se le concede prórroga de diez días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que remita copia certificada de la documentación con la que acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,205 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano