MARCELO APANTENCO MENESES y Otros.

Expediente 111/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
111/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
09/03/2016

Partes del expediente

  • MARCELO APANTENCO MENESES y Otros.
  • Marcelo Apantenco Meneses

Actuaciones

  1. Principal

    ...se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, quince de febrero de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos los oficios de cuenta de las autoridades responsables denominadas JUEZ DE LO PENAL DE CHOLULA, PUEBLA; AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA PRIMERA MESA DE TRÁMITE TURNO MATUTINO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA; AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA PRIMERA MESA DE TRÁMITE TURNO VESPERTINO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA; y, AGENTE 267 ENCARGADO DE GRUPO SAN ANDRÉS CHOLULA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, mediante los cuales rinden su respectivo informe JUSTIFICADO; al respecto, ténganse por rendidos los informes de mérito y por hechas las manifestaciones que de los mismos se advierten a fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y demás constancias que se allegaron a este sumario, se advierte que en el presente caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de sobreseimiento que hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo, razón por la cual procede decretarlo, aún fuera de la audiencia. : "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIA VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Hágase del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 112 y 115 de la Ley de Amparo se admite la demanda de garantías... Lo anterior en virtud de que dicho plazo es suficiente para que las responsables rindan su respectivo informe y remitan las constancias conducentes, además de privilegiar el mandato contenido en el artículo 17 Constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que establecen las leyes, apercibidas que de no cumplir con lo ordenado en este párrafo, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada una de las autoridades responsables, una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por otra parte, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, a fin de recabar las actuaciones que resultan necesarias para la resolución del presente asunto, tomando en consideración la naturaleza de los actos reclamados, se requiere a las autoridades responsables ordenadoras a fin de que en el término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remitan a este Juzgado Federal copia certificada del proceso penal, expediente administrativo, carpeta de investigación, averiguación previa o constancia de hechos generadora del acto reclamado o, en su caso, el duplicado de tales expedientes, en la inteligencia de que de tratarse de una averiguación previa o constancia de hechos, el Agente del Ministerio Público responsable deberá remitir únicamente copia certificada del acuerdo o resolución que constituya el acto reclamado, así como de las constancias relativas al mismo y sus correspondientes constancias de notificación, ello a fin de resguardar el sigilo de la indagatoria; apercibidas las autoridades responsables ordenadoras que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente párrafo en el término señalado sin causa justificada, se le impondrá a cada una de las autoridades omisas una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, conforme al artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. Término que se concede tomando en consideración que es un hecho notorio la carga de trabajo de las autoridades responsables ordenadoras no obstante que el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles contempla un plazo de tres días, así como el hecho de que el incumplimiento del presente requerimiento les generaría consecuencias de trascendencia relevante, no únicamente económicas sino, en su caso, de naturaleza penal, por resistirse a dar cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal; lo anterior, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 262, fracción V, de la Ley de Amparo. De igual forma, se requiere a todas y cada una de las partes para que en su oportunidad cumplan con lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, esto es, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarlo de inmediato a este Juzgado y acompañar las constancias que la acrediten; apercibidas que de no cumplir con lo ordenado en el presente párrafo, se le impondrá a quien incurra en dicha omisión, una multa de TREINTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Así mismo, se requiere a las autoridades responsables ordenadoras para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, siguientes a la notificación del presente proveído, informen a este Juzgado Federal el nombre, domicilio procesal y último domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones de todas y cada una de la partes que intervienen en el proceso, expediente administrativo, averiguación previa o constancia de hechos generadora del acto reclamado, así como el monto de la reparación del daño correspondiente a cada uno de ellos, de manera individual y clara; lo anterior, a fin de que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla se encuentre en aptitud de determinar a quién le reviste el carácter de tercero interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo; apercibidas las autoridades responsables que de no cumplir con lo ordenado en el presente párrafo, se le impondrá a quien incurra en tal omisión una multa equivalente a CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley de Amparo. De igual forma, se requiere a todas y cada una las autoridades responsables, para que en el término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, informen a este Juzgado Federal si existe algún juicio de amparo anterior al expediente en que se actúa, promovido por el mismo quejoso o por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional y por tratarse de actos derivados del propio procedimiento; lo anterior, a fin de que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se encuentre en aptitud de acordar lo que en derecho proceda; apercibidas las autoridades responsables que de no cumplir con lo ordenado en el presente párrafo, se le impondrá a cada una de las autoridades omisas una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas que menciona en los términos precisados en el proemio de dicha demanda. Tramítese por separado y por duplicado el incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 115 de la ley de la materia, se fijan para la celebración de la audiencia constitucional las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Dése al Ministerio Público de la Federación la intervención que a su representación compete, para lo cual se ordena notificar el presente acuerdo a dicho representante social por lista. Gírese oficio al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal que el quejoso señaló como responsable en su demanda de amparo, en términos del artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, remitiéndole para el efecto copia simple de dicha demanda. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no existan como las denominó en su escrito de demanda o que dicha denominación sea incorrecta, se dejarán de tener como autoridades responsables en el presente juicio de amparo; ello, con apoyo en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluidas las autoridades responsables y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. Lo anterior en concordancia con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI de enero de 2013, tomo 2, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: ... A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Finalmente, de conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación.

  4. Incidental

    Previo a la tramitación del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 111/2016 promovido por *** por su propio derecho, se hace necesario precisar que la presente demanda se promueve en contra de autoridades penales con residencia en la ciudad de San Pedro Cholula, Puebla, en la cual, en términos de lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el diecisiete de junio de dos mil once, contenido en Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, aún no se implementa el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional contenida en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho; por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo décimo transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la presente medida cautelar, por ser del orden penal, se tramitará y se regirá conforme a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis y normas supletorias aplicables. ... Con fundamento en los artículos 130, 131 y 132 de la Ley de Amparo, mediante oficios que al efecto se giren, pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes lo rendirán por duplicado dentro del término de veinticuatro horas bajo su más estricta responsabilidad respecto de todos y cada uno de los actos reclamados por el quejoso, esto es: ... Remitiéndoles copia de la demanda; apercibidas que de no hacerlo o de no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá a cada una de las autoridades omisas una corrección disciplinaria consistente en multa por el equivalente a TREINTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 55, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al anterior. Ahora bien, respecto al acto reclamado al Juez de lo Penal y Agentes del Ministerio Público responsables, consistente en la CITA DE COMPARECENCIA y ORDEN DE PRESENTACIÓN y la ejecución material de dicha orden realizada por las autoridades que señaló como responsables ejecutoras, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, para el efecto de que hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, el quejoso no sea privado de su libertad personal en cumplimiento a la CITA DE COMPARECENCIA y ORDEN DE PRESENTACIÓN que reclama, toda vez que con tal orden emitida en un proceso penal o en una averiguación previa se restringe la libertad para determinado fin, de manera precaria, pero en resumidas cuentas constituye un acto de autoridad que afecta a aquélla, sin que esta medida ocasione contravención alguna al orden público, ya que no se trata únicamente de examinar si es necesario o conveniente al interés público que se realicen los actos reclamados, sino que debe determinarse si hay o no urgencia en que se realicen, comparando los daños que la suspensión pueda ocasionar a ese interés, con los daños que la ejecución o consecuencia de los actos reclamados pueda ocasionar a la parte quejosa, de quien en el caso que nos ocupa no se advierte exista urgencia en privarlo de la libertad; en la inteligencia de que la medida cautelar que se concede no surtirá ningún efecto legal si ya se ejecutaron tales actos, o si las órdenes provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables. ... Así mismo, respecto al acto reclamado al Juez de lo Penal que el quejoso señaló como responsable, consistente en la ORDEN DE APREHENSIÓN y la ejecución material de dicha orden por parte de las autoridades responsables ejecutoras, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, para el efecto de que hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, el quejoso no sea privado de su libertad personal siempre y cuando el delito que se le impute al quejoso, no se trate de delito o delitos que por su gravedad la ley expresamente prohíba conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución, es decir, de aquellos que se encuentran contemplados por el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, no se trate de alguna medida prevista por la ley dictada por juez competente, o bien si dicha orden ya se ejecutó, pues en esos casos el único efecto de la suspensión será que lograda la aprehensión del quejoso' éste quede a disposición del suscrito en el lugar de su reclusión por cuanto hace a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa penal instaurada en su contra para la continuación de la misma. Así mismo, respecto al acto reclamado a los Agentes del Ministerio Público señalados como responsables ordenadoras, consistente en la ORDEN DE APREHENSIÓN y la ejecución material de dicha orden por parte de las autoridades que señaló como responsables ejecutoras, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada para el efecto de que hasta en tanto se resuelva sobre suspensión definitiva, el quejoso no sea privado de su libertad personal, siempre y cuando la orden de aprehensión que se reclama no provenga de autoridad judicial competente, no sea sorprendido el quejoso en flagrante delito, no se trate de un arresto administrativo, ni de la práctica de diligencias en averiguación de delitos, lo que es de orden público y por tanto insuspendible, ni se trate de alguna medida dictada por autoridad competente; pues si así fuere dejará de surtir efectos dicha suspensión, o bien si dicha orden ya se ejecutó, el único efecto de la suspensión será que lograda la privación de la libertad del quejoso' éste quede a disposición del suscrito en el lugar de su reclusión por cuanto hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento; la medida cautelar debe ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas en términos del artículo 206 de la Ley de Amparo. Así mismo, para el caso de que la orden de privativa de libertad reclamada por el quejoso se trate de una orden de detención y ésta hubiese sido dictada por los Agentes del Ministerio Público responsables conforme las facultades que les otorga el párrafo sexto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que el delito atribuido al quejoso sea considerado como grave, es decir, de aquellos que se encuentran contemplados por el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, y que exista riesgo fundado de que el quejoso puedan sustraerse de la acción de la justicia, riesgo fundado en hechos y circunstancias objetivas de las que se deduzca efectivamente que aquél existe y que por la razón de la hora, lugar u otra circunstancia, el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, para el efecto de que una vez lograda la privación de la libertad del quejoso el Agente del Ministerio Público responsable lo ponga a disposición del juez competente para la continuación del procedimiento, así como para el efecto de que el impetrantes de amparo quede a disposición del suscrito en el lugar de su reclusión por cuanto hace a su libertad personal. Medida suspensional que no surtirá efecto si las órdenes privativas de libertad libradas en contra del quejoso son materia de diverso juicio de amparo o éste se encuentra gozando de la medida cautelar decretada en diverso incidente de suspensión, lo que en su caso, las autoridades responsables deberán informar detalladamente dicha circunstancia, apercibidas que de no hacerlo se le impondrá a cada una de las autoridades omisas una multa equivalente a SESENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; ello, en los términos del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de ese delicadísimo derecho fundamental, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a las autoridades responsables, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al Juzgado o Agencia del Ministerio Público los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez o Agente del Ministerio Público de su causa, debiendo allegar las constancias que acrediten esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. En el contexto que antecede, como medida de seguridad se decreta que el quejoso otorgue dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo una garantía por la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS, EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY, es decir, ya sea en efectivo, billete de depósito a su nombre o en póliza de fianza, la que deberá contener los siguientes requisitos, domicilio de la compañía en esta Ciudad, nombre del Agente o Agentes en esta plaza, y la expresión de que la Compañía se somete a la Jurisdicción de los Tribunales del Estado para el caso de litigio. En caso de exhibir la garantía en efectivo, deberá proporcionar el número de RFC (Registro Federal de Contribuyentes), CURP (Clave Única de Registro de Población) o fecha de nacimiento, todos de la parte quejosa, toda vez que tales datos son necesarios para canjear la cantidad exhibida por un billete de depósito, cuenta habida que en este juzgado no debe manejarse dinero en efectivo; en el entendido de que de no satisfacer tales requisitos no se tendrá por constituida dicha garantía. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que de no exhibir la garantía fijada en el término concedido para tal efecto, la medida cautelar otorgada dejará de surtir sus efectos. Garantía que se fija en forma "discrecional" y al prudente arbitrio, por no conocerse hasta el momento la naturaleza, modalidades y características del delito que se le imputa al quejoso ni la situación económica de éste, estimando que la misma es la que a criterio del suscrito permite asegurar que en caso de no obtener sentencia favorable el aquí quejoso, este Juzgado estará en aptitud jurídica y material de ponerlo a disposición de la autoridad que lo reclama. En efecto, como se dijo, la garantía fijada en el párrafo que antecede se fija de manera "discrecional" y al prudente arbitrio, en atención a que se desconoce el delito por el cual pudiere haberse librado no sólo una orden privativa de libertad, sino potencialmente TRES que corresponde al número de autoridades responsables que señaló como ordenadoras, lo que de suyo implica que de existir estas TRES órdenes el quejoso deberá estar obligado y sujeto a UN proceso penal y DOS averiguaciones previas según el caso. Por lo que, por la orden privativa de libertad reclamada al juez de lo penal se fija la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS PESOS CERO CENTAVOS; y, por cada orden privativa de libertad reclamada a los Agentes del Ministerio Público se fija la cantidad de DOS MIL PESOS CERO CENTAVOS, cantidades que a criterio del suscrito permiten asegurar que en caso de no obtener sentencia favorable el aquí quejoso este Juzgado estará en aptitud jurídica y material de ponerlo a disposición de las autoridades que lo reclaman. ... Ahora bien, en caso de resultar ciertos los actos reclamados, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente respecto de la suspensión definitiva que solicita el quejoso, se requiere a las autoridades responsables ordenadoras, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS siguientes a la notificación del presente acuerdo informen a este juzgado lo siguiente: ... Lo anterior, conforme a los datos contenidos en las actuaciones que integren el expediente administrativo, averiguación previa o causa penal generadora del acto reclamado según corresponda, apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá a cada una de las autoridades omisas una multa equivalente a SESENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se fijan para la celebración de la audiencia Incidental las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Como lo solicita el quejoso en su escrito de demanda, expídasele una copia certificada del presente proveído teniendo por autorizadas para recibir dichas copias a las personas que menciona en su escrito de demanda. Respecto a su petición de que les sea otorgada copia certificada de la suspensión definitiva, dígase al quejoso que una vez que se dicte la interlocutoria correspondiente en el presente incidente, previa reiteración de su petición se acordará lo procedente. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no existan como las denominó en su escrito de demanda o que dicha denominación sea incorrecta, se dejarán de tener como autoridades responsables en el presente incidente de suspensión; ello, con apoyo en el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluidas las autoridades responsables y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. ... A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación.

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