Marcelo Alfredo Campos Scougall
Expediente 1058/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1058/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Marcelo Alfredo Campos Scougall
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE PROMOVENTE, EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Marcelo Alfredo Campos Scougall, en contra del Fiscal Décimo Primero Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1058/2018, que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, conforme a lo que en seguida se expone. El acto reclamado por el quejoso, se hace consistir en: ".El acuerdo de fecha dieciséis de octubre del año dos mil dieciocho, dictado dentro de la carpeta de investigación FESP/268/2018/XI-04 de la Fiscalía Décimo Primero Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, de la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz..." (sic). En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción III, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expondrán. El artículo 61, fracción XXIII y fracción III, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" En este contexto, debe decirse que, el presente juicio resulta improcedente, en virtud de que los actos reclamados por el impetrante de garantías, si bien proviene de un procedimiento seguido en forma de juicio, lo cierto es que no deviene en una afectación de imposible reparación. Ahora bien, resulta pertinente destacar que a la indagatoria realizada en una carpeta de investigación, le reviste el carácter de un procedimiento seguido en forma de juicio, lo que se desprende del actuar de la autoridad frente al particular, cuando ésta prepara, estudia o previene una resolución definitiva; donde el fiscal investigador integra un expediente, a efecto de preparar una eventual determinación que llevará ante el juez de control. Por otra parte es necesario destacar que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." Así pues, de las fases que conforman el procedimiento penal acusatorio vigente, se advierte que el acto reclamado por el quejoso, no afecta derechos sustantivos, porque constituye un acto pre procesal que tiene injerencia en la primera etapa del procedimiento, que señala el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, -que conlleva la práctica de diversas diligencias y pruebas que recaba el Ministerio Público, lo cual está sujeto a la apreciación que, en caso de ejercerse acción penal, realice el juez de control-. De ahí que, es hasta la audiencia de formulación de la imputación (investigación complementaria), donde en todo caso, al quejoso se le hará del conocimiento formalmente ante el juez de control, sobre los hechos por los cuales el Ministerio Público formula la respectiva imputación, y solamente formulada ésta, una vez que el Juez de Control haya vinculado a proceso al imputado, es que podría imponerse las medidas cautelares a petición del Fiscal, víctima u ofendido, respecto de las cuales incluso no rige la garantía de audiencia previa. Por otro lado, es posible afirmar que hasta en tanto no se determine a quien le resulta el carácter de indiciado, es imposible jurídicamente reconocerle tal personalidad y por tanto, brindarle los derechos fundamentales previstos en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal, de ahí lo imposible de pretensión, puesto que es indispensable que el Ministerio Público cuente con los elementos de prueba necesarios para señalarlo como imputado. Luego entonces el quejoso, podrá tener acceso a los registros de investigación, a fin de darle oportunidad de preparar su defensa, antes de su primera comparecencia ante el juez, siendo este último momento, o se encuentre detenido, a partir del cual no podrá mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, según lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI,11 de la Constitución Federal, cuyo contenido es retomado de manera medular en el artículo 218 y 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues como el mismo lo aduce se encuentra en la primera etapa procesal del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, constituye un acto que dada su naturaleza procesal no genera una ejecución que sea de imposible reparación en contra de los derechos el quejoso, esto es, a la carpeta de investigación entendida como un procedimiento seguido en forma de juicio, y dado lo reclamado por el impetrante de amparo, por su naturaleza omisiva, es claro que no reúne las características de una resolución definitiva dictada en dicha indagatoria penal. Bajo estas condiciones, se tiene que el acto reclamado consistente en la negativa de la responsable de expedirle copias de los registros y fijar fecha para que rinda su declaración por escrito dentro la carpeta de investigación FESP/268/2018/XI-04 al suscrito quejoso, a través del acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, tampoco constituye un acto de imposible reparación, dado que no afecta materialmente sus derechos sustantivos, por lo que no se actualizan los supuestos de procedencia del amparo previstos en la fracción III, del artículo 107, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable por las razones que la informan la tesis 2o.1 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, página 2592, Agosto de 2016, Tomo IV, Décima Época, de rubro siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO." En esta tesitura, lo reclamado por el aquí impetrante de amparo constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, cuya ejecución no es de imposible reparación, ni infringe derechos sustantivos consagrados en la Ley Fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que, con ello, únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales, que incluso podrían resultar intrascendentes si, al final, el fiscal decide no ejercitar acción penal. Con independencia de lo anterior, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que antes de acudir a esta instancia jurisdiccional, el quejoso debió asistir ante el Juez de Control para que resuelva lo conducente respecto a lo que por esta vía intenta hacer valer, también porque el acto reclamado consistente en la omisión reclamada ocurre dentro de la primera etapa del procedimiento que contempla el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello es así, pues el promovente de amparo estima tener el carácter de imputado, por lo que de conformidad con lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen derecho al acceso, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 del citado cuerpo de leyes. Sin embargo, la última parte del numeral 219 referido, establece que en caso de que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, el imputado y su defensor podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 27/2018 (10ª), que resolvió la Contradicción de tesis 233/2017, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 18 de abril de 2018, de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO, LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." En las relatadas circunstancias, como se dijo, en la especie se actualizan la causa de improcedencia previstas en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con la fracción III, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Maria del Carmen García Villa, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Agustín Romero Silva, Secretario de Juzgado con quien actúa. Doy fe.
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