Marcelo Agustín Ramos Romero

Expediente 711/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
711/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
06/06/2019

Partes del expediente

  • Marcelo Agustín Ramos Romero

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la razón asentada por la actuaria adscrita a este juzgado, de la que se desprende que no fue posible notificar al quejoso Enrique Navarrete Lechuga en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral Libramiento Elevado de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable, el acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve, por las razones que menciona; en consecuencia, se ordena su notificación por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes aun las de carácter personal.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual expone que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo copia certificada de diversas constancias, de las que se desprende que ya se realizó la cancelación realizada por el Registrador Público de Puebla, el veintinueve de abril del año en curso, misma que reporta el número de inscripción 2539734. De igual manera, mediante oficio recibido el veintinueve de abril del año en curso, el Juez Décimo Especializado en Materia Mercantil de la Ciudad de Puebla, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa, dictó un acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente 919/2012 de su estadística, a partir de las diligencias de citatorio previo y requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a juicio, incluyendo el embargo trabado en el juicio de origen, la sentencia definitiva, subsistiendo únicamente el escrito de demanda y el auto de admisión de veintisiete de septiembre de dos mil doce, ordenando girar oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Puebla, a fin de que cancele el citado embargo; asimismo ordenó turnar los autos a la Diligenciaria de su adscripción a efecto de que desahogara en todas sus partes el auto de veintisiete de diciembre de dos mil doce. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

  3. Principal

    Juicio de amparo 711/2019-IV-NL Promoción: 8318. En diez de mayo de dos mil diecinueve, doy cuenta con el oficio del Tribunal de Arbitraje del Estado, al que adjunta constancias. Conste. San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio del Tribunal de Arbitraje del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales procedentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante designando como delegados de su parte a las personas que indica. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable con que justifica el informe, -las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se advierte que el quejoso Marcelino Agustín Ramos Romero, señaló como acto reclamado el auto de quince de enero de dos mil diecinueve, que reserva el acuerdo correspondiente a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral D-396/2015. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, y Actuario adscrito, al rendir el informe justificado negaron la existencia del acto reclamado (fojas 20 y 21); además, indicaron que, el ocho de mayo de dos mil diecinueve, fue dictado el acuerdo correspondiente a las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral D-396/2015. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Tribunal de Arbitraje del Estado y Actuario adscrito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Marcelino Agustín Ramos Romero acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el auto de quince de enero de dos mil diecinueve, que reserva el acuerdo de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral D-396/2015. Así, de las constancias remitidas por las responsables a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el ocho de mayo de dos mil diecinueve (fojas 23 a 28), se dictó el acuerdo respectivo a las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral D-396/2015. Bajo esa óptica, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de la que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Marcelino Agustín Ramos Romero reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado y Actuario adscrito. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con diecisiete minutos del doce de junio de dos mil diecinueve, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que el tercero interesado mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, objetó de falsa además de la firma que calza el escrito de demanda que dio origen al sumario en que se actúa, la firma que calza el escrito presentado en este órgano judicial el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (foja 61); en tal virtud, en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo se le tiene objetando de falsa dicha firma, lo cual se ordena hacer del conocimiento de las partes, para el único efecto de que las partes ofrezcan pruebas y contrapruebas en relación a la autenticidad o no de la firma objetada, las cuales deberán anunciarse dentro del término de tres días siguiente a la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido, perderán ese derecho. Por otra parte, se ordena agregar a sus autos el escrito de cuenta, signado por el tercero interesado Víctor Manuel Arellano Romero, visto su contenido, en cuanto a su petición de que se tenga por objetada la firma que calza el escrito recibido en este órgano judicial el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dígasele que se esté a lo acordado en el párrafo que antecede y en relación a las pruebas que ofrece dentro del incidente de objeción de documentos planteado en autos, se reserva el acuerdo respectivo hasta en tanto fenezca el término concedido a las partes para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, respecto de las firmas objetadas.

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