Marcelino Velazquez Arriaga
Expediente 509/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 509/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/12/2016
Partes del expediente
- Marcelino Velazquez Arriaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
V. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso mediante el cual solicita copias certificadas de diversas constancias que obran en autos y autoriza a diversas personas con la finalidad de recogerlas. De conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, expídanse las copias solicitadas a costa del promovente, teniéndose como autorizadas a las personas designadas en el escrito de cuenta, en el entendido que quien se presente a recogerlas deberá asentar razón en autos para debida constancia legal por su entrega.
- Principal
V.- La certificación de cuenta patentiza que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el auto de dos de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
V.- Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido en proveído de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, a fin de que la parte quejosa y tercero interesado manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con la forma en que la responsable dio cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo; por tanto, se procede al estudio de las constancias remitidas a fin de determinar si el fallo protector fue cumplido. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, se hacen las siguientes precisiones: Marcelino Velázquez Arriaga, solicito el Amparo y Protección de la justicia federal: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. En su calidad de autoridad ordenadora señalo a la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México." "IV. LA LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Señalo como acto reclamado la resolución dictada en la causa penal número 09/1993, del índice de la responsable, emitida el día veintinueve de Mayo del año dos mil dieciséis, a través del cual se decretó el auto de formal prisión en mi contra por la autoridad señalada como responsable.". Ahora bien, mediante sentencia terminada de engrosar el catorce de marzo de dos mil dieciséis, se concedió el Amparo y protección de la Justicia Federal. Seguido el juicio, mediante auto de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, se declaró firme la sentencia protectora y se requirió el cumplimiento de está a la autoridad responsable para los efectos siguientes: Deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en el presente asunto, pronuncie una nueva, en la cual determine si es materialmente factible, cuáles de los resultados punibles son atribuibles a cada uno de los indiciados y si después del análisis del caudal probatorio no le fuera posible establecer el grado de participación de cada uno de los activos del delito, se deberá de pronunciar respecto a su responsabilidad correspectiva, partiendo de la base que ésta se funda en la imposibilidad de establecer la relación causal entre el resultado obtenido con la consumación de la conducta antisocial y el acusado. Mediante oficio recibido el quince de agosto de dos mil dieciséis, la autoridad responsable la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, remitió diversas constancias con las que acreditó el cumplimiento dado al fallo protector, de las cuales se advierte que dejó insubsistente el auto constitucional de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis en contra de Marcelino Velázquez Arriaga, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Homicidio calificado por la ventaja y su lugar, en estricto acatamiento a la sentencia concesoria de amparo, el doce de agosto de la presente anualidad el Juez responsable dictó auto de formal prisión en el cual decretó la prescripción de la acción penal así como el sobreseimiento en el juicio de origen. Ahora, de la relación de las constancias, resulta evidente que los efectos de la sentencia concesoria de amparo fueron satisfechos, pues se aprecia que la autoridad responsable, dejó insubsistente el auto constitucional de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis dictado en la causa penal 09/1993 del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México y con plenitud de jurisdicción dictó otra diversa en la cual se advierte que prescribió la acción penal y decretó el sobreseimiento en la causa de origen. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de la materia, se advierte que la responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia protectora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se tiene por cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
V.- Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Marcelino Velázquez Arriaga mediante el cual solicita copia simple de diversas constancias remitidas por el Juez Penal de Tenango del Valle, Estado de México y autoriza a diversas personas para recoger dichas documentales, las cuales obran en el juicio en que se actúa; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles Federales de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a costa del promovente las copias que refiere previa comparecencia y firma que por su recibo se otorgue en autos y se tiene por autorizadas a las personas que refiere para los efectos precisados en el escrito de cuenta.
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