Marcelino Torres Hernandez

Expediente 134/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
134/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • Marcelino Torres Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    ... Ténganse por recibido el escrito de cuenta, suscrito por la parte quejosa mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito N ***, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional Crediticia, que exhibió para garantizar la suspensión definitiva concedida en el presente incidente de suspensión; al respecto, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de treinta de marzo del año en curso, en que se dejó a su disposición. Notifíquese.

  2. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio de cuenta, recibido correo electrónico, signado por la Juez Interina Segundo Civil de Partido de Silao, Guanajuato, a través del cual en cumplimento a lo solicitado en autos, remite copia del auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio ordinario civil ********** de su índice; actuación con la que asegura da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, considerando el domicilio procesal de la quejosa, se deja a su disposición, en la secretaría de este juzgado federal, copia de la promoción de méritoo, para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento que informa la responsable, apercibiéndole que en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia" [Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, jurisprudencia 2ª. J.26/2000, consultable en la página 243, registro 917781]." En el entendido de que para su obtención deberá agendar cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las 12:30 a las 18:30 horas, así como que el sistema sólo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas.

  3. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que las partes lo hicieran valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que sea necesario realizar el cómputo correspondiente a la responsable, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 183709 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/2003 Página: 23 "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. Contradicción de tesis 44/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito. 24 de junio de 2003. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy primero de julio en curso, aprobó, con el número 22/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de julio de dos mil tres. Nota: Por ejecutoria del veintinueve de marzo de dos mil doce, el Pleno declaró infundada la solicitud de modificación de jurisprudencia 10/2011 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, toda vez que estimó innecesario modificar la presente tesis jurisprudencial al tenor de las razones expuestas en la solicitud respectiva. En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: Época: Novena Época Registro: 195909 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Julio de 1998 Materia(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 47/98 Página: 146 "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo". Incidente de inejecución 19/93. Juan González Mendoza y otros. 18 de septiembre de 1996. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. Inconformidad 89/97. Constructora Inmobiliaria Gilmar, S.A. de C.V. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Inconformidad 144/97. Israel Téllez Lara y otro. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Inconformidad 90/98. María Ruth Gallegos Corona. 20 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales. Incidente de inejecución 6/98. Francisco Horst Leonel Hernández Mendoza y otros. 24 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Benito Alva Zenteno. Tesis de jurisprudencia 47/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió a efecto de que la autoridad responsable Juzgado Segundo Civil de Partido de Silao, Guanajuato, realice lo siguiente: "(.) a) Ordene reponer el procedimiento en el juicio ordinario civil ********* de su índice; b) Deje insubsistentes las diligencias de citatorio y emplazamiento de dos y cinco de agosto de dos mil diecinueve, así como todas las demás actuaciones posteriores, incluyendo la sentencia de dos de diciembre de dos mil diecinueve, y todos los actos tendentes a su ejecución; y; c) Ordene se lleve a cabo el emplazamiento de la parte demandada, aquí quejosa, cumpliendo las formalidades que para tal efecto prevén los artículos 314, 318, 319, 320 y 321 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, a efecto de que se puedan llevar a cabo las etapas del procedimiento hasta el dictado de la sentencia, haciéndose la precisión que esto último no será materia de cumplimiento del presente fallo. (.)" En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juzgado Segundo Civil de Partido de Silao, Guanajuato, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente a cien veces de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia de Trabajo en turno, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 192, párrafo tercero, obliga a este juzgado federal a notificar y requerir al superior jerárquico de la autoridad directamente vinculada para que la constriña a dar cumplimiento al fallo protector, en el presente caso, el Juzgado Segundo Civil de Partido de Silao, Guanajuato, al constituirse como autoridad formal y materialmente jurisdiccional dotada de autonomía e independencia para dictar y hacer cumplir sus resoluciones, carece de superior jerárquico en los términos que se establecen en la ley de la materia. Ilustra sobre el tópico expuesto la tesis: Época: Novena Época Registro: 165779 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P. LVIII/2009 Página: 12 "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE SUBORDINACIÓN CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL REVISAR ÉSTOS SUS DETERMINACIONES. El hecho de que en el aspecto jurisdiccional los Jueces, al dictar sus sentencias, queden sujetos a las decisiones y criterios de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, no implica que haya subordinación, en la medida de que si bien ello significa depender o sujetarse a otro servidor público en las órdenes que dé, no puede configurarse tal situación cuando por ejemplo, al resolverse los recursos ordinarios el tribunal de alzada ordene admitir una prueba, analizar en otro sentido la pretensión del actor o reponer el procedimiento, ya que el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite recurrir las resoluciones de primera instancia, pero tanto al dictarse la relativa a esta última como la de segundo grado los Jueces y Magistrados, respectivamente, gozan de autonomía, en términos del artículo 17, párrafo tercero, constitucional. En este tenor, no es posible considerar que en materia jurisdiccional exista dependencia o subordinación por el hecho de que en revisión puedan modificarse las decisiones de los Jueces, porque en el ejercicio de sus funciones conservan íntegras las facultades propias de interpretación y decisión al emitir sus fallos. Estimar lo contrario llevaría al extremo de considerar que existe dependencia con los órganos del Poder Judicial de la Federación al conceder el amparo contra sus determinaciones, lo cual resulta inconcebible conforme al principio de división funcional de poderes y de los niveles de gobierno, en virtud de que en cada ámbito los juzgadores -cualquiera que sea su tipo- llevan a cabo una tarea jurisdiccional disímbola2. Amparo en revisión 414/2008. Ignacio Flores Anguiano y otros. 22 de enero de 2009. Mayoría de siete votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Roberto Lara Chagoyán y Óscar Palomo Carrasco. El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LVIII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve. Asimismo devuélvase a la Juez Segundo Civil de Partido, con residencia en Silao de la Victoria, Guanajuato, la copia certificada del juicio ********* de su índice, en un tomo que allegó como complemento a su informe de ley. Finalmente, se requiere a la autoridad responsable para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    ...TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Segundo Civil de Partido de Silao de la Victoria, Guanajuato, al rendir su informe con justificación en relación a los actos reclamados en la demanda y la actuaria adscrita a la Central de Actuarios de Silao, Guanajuato, al rendir su informe con justificación en relación a la ampliación de la demanda, aceptaron la existencia de los actos que se les reclamaron, lo que resulta suficiente para tenerlo por cierto. Encuentra fundamento lo anterior en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Actos que se corroboran de las copias certificadas del referido juicio ordinario civil *** que el juez responsable remitió adjunto al informe en comento, documentales que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al segundo numeral de la misma, al haberse certificado por funcionario público al ejercer sus facultades, y en razón de que estas no se encuentran desvirtuadas, de las que se advierten que la quejosa no es parte demandada. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, sea que las partes la propongan o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el presente caso las partes no las hicieron valer ni este juzgado advierte la existencia de alguna que deba ser analizada de oficio, por lo que se procederá al estudio de la cuestión de fondo. QUINTO. Antecedentes el acto reclamado. De las copias certificadas del juicio ordinario civil *** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de Silao de la Victoria, Guanajuato, en lo que interesa, se advierten los siguientes antecedentes: ... SEXTO. Estudio de fondo. Ahora bien, la parte quejosa en su demanda de amparo y su ampliación, manifestó sustancialmente que la autoridad responsable violó en su perjuicio sus las garantías de libertad seguridad jurídica y debido proceso contenidas en el artículo 14 constitucional, las cuales se vieron transgredidas por las actuaciones de la Actuaria Adscrita al Jugado responsable, ello pues la falta de notificación o su verificación de forma contraria a las disposiciones aplicables resultan en una violación procesal que imposibilita al gobernado ejercer su derecho humano de audiencia y debido proceso. Que las diligencias de dos y cinco de agosto de dos mil diecinueve, no cumplen con las formalidades de la ley de la materia, toda vez que la forma en que se cercioró del domicilio mediante la aparente consulta que hizo con dos personas omite señalar si las requirió para que se identificaran, luego al estar aparentemente constituida en el domicilio y haberse entrevistado con *** omitió asentar si la requirió para que se identificara y si esta no quiso o no pudo firmar. Asimismo, señala que la fedataria fue omisa en señalar si al constituirse en el domicilio, requirió a la persona que le atendió, la presencia del quejoso, razón por la que no justificó su actuación para practicar la diligencia por medio de interpósita persona, pues no tuvo el cercioramiento de que el buscado se encontrara o no en el domicilio, además de haber sido omisa en requerir que la persona que le atendió se identificara y en señalar razón de que si la persona que lo atendió no quiso o no pudo firmar la actuación, además de haber omitido certificar la entrega de las copias de la demanda debidamente selladas y cotejadas con su original. Motivos de disenso que se estiman fundados, aunque para llegar a esa determinación deba suplirse la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo y de conformidad con la jurisprudencia P./J. 149/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo XII, diciembre de dos mil, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Se estima pertinente señalar que el emplazamiento es la primera notificación que se hace en el juicio a la parte demandada, y reviste gran importancia porque permite el cumplimiento de la garantía de audiencia, establecida en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5, de tal forma que la garantía de audiencia, consagrada en dicho precepto, obliga a las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, como es el emplazamiento a la parte demandada; por lo que, de no cumplirse con ello, se infringe la referida garantía, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión. En esas condiciones, la ausencia de emplazamiento o el emplazamiento que no cumple con los requisitos legales establecidos para llevarlo a cabo, resultan violatorios de la garantía de audiencia. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.47/95 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II diciembre de mil novecientos noventa y cinco de rubro "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J.7/98 consultable en el tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE."7 Ahora, el quejoso en esta instancia constitucional reclama el emplazamiento que se le realizó al juicio ordinario civil *** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de Silao de la Victoria, Guanajuato, mismo que fue llevado a cabo por la Actuaria designada por la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, de la forma siguiente: ... De la transcripción anterior, se advierte que la fedataria, refiere haberse apersonado en la calle Morelos sin número del poblado de Menores de esa ciudad, y cerciorada que era el domicilio de la demandada, entendió la diligencia del citatorio con *** en tanto que el emplazamiento, lo llevó a cabo por conducto de *** Sin embargo, el emplazamiento practicado el cinco de agosto de dos mil diecinueve, por la actuaria de la central de actuarios del partido judicial de Irapuato, Guanajuato, dentro de los autos del Juicio ordinario civil*** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de Silao de la Victoria, Guanajuato, viola el derecho fundamental de audiencia del quejoso, pues no se realizó con las formalidades previstas para los emplazamientos en el Código de Procedimientos Civiles, para el Estado de Guanajuato8, con lo cual se generó una violación formal, como se verá a continuación. De los artículos 314, 318, 319 y 320 del Código Adjetivo Civil del Estado, se desprenden los requisitos mínimos que deben contener las diligencias de emplazamiento, los cuales son: 1. El emplazamiento se hará personalmente al interesado; 2. El notificador debe constituirse en el lugar señalado en autos, para realizar la diligencia de emplazamiento, y cerciorarse por cualquier medio de que la persona buscada ahí tiene su domicilio; es decir, si vive en la casa designada. La exigencia contenida en el artículo 320 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establece que el actuario debe satisfacer dos extremos: a. Asentar los medios con base en los cuales se cercioró de haberse constituido específicamente en el lugar señalado para emplazar al demandado; y b. Cerciorarse de que en el domicilio donde actúa "vive" la persona buscada y así expresarlo en su acta; 3. Si es hallado el demandado o su representante, se entenderá la diligencia con éste, previo cercioramiento de su identidad, haciéndole entrega del instructivo y corriéndole traslado con el escrito de demanda, sus anexos y copia del auto que ordenó el emplazamiento; 4. En caso de no encontrar a la persona buscada, el notificador dejará citatorio, designado hora fija del día hábil siguiente; 5. En caso de que el demandado no espere al notificador, dicho servidor público entenderá la diligencia con el vecino más inmediato. A continuación, emplazará al demandado, entregándole instructivo que contenga el acuerdo a notificar, corriéndole traslado con la copia de la demanda y los anexos, para que dentro del término de ley comparezca a juicio a ejercer sus derechos; 7. El funcionario debe levantar un acta en la que asiente razón pormenorizada de todo lo que de hecho y derecho ocurra en la diligencia; la cual debe estar suscrita por el servidor público que la practicó y la persona con quien se entendió, si ésta no puede o quisiere firmar, el notificador debe hacer constar esa circunstancia. Precisado lo anterior, y después de examinar la diligencia de citatorio y emplazamiento que constituye el acto reclamado en el presente juicio, se considera que no se observaron las formalidades del procedimiento, pues se evidencia que no se llevaron a cabo con las formalidades previstas para el emplazamiento, pues el artículo 320 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, es puntual en establecer que para realizar el emplazamiento debe existir cercioramiento por parte del fedatario, primero de que se constituya en el lugar que se señaló en autos y después de que la persona busca tiene su domicilio en ese lugar, lo que en la especie no aconteció. En efecto, de las diligencias del citatorio de dos de agosto de dos mil diecinueve y emplazamiento de cinco del mismo mes y año, se aprecia que la fedataria indicó que se cercioró de encontrarse en el lugar correcto por los medios legales de ser este su domicilio toda vez que en la calle y localidad coincide con la denominación, sin que asentara de forma clara y precisa las razones particulares o medios de convicción en los que se basó, es decir, debió hacer constar los medios objetivos (aquellos que apreciara directamente) con los que constató que se encontraba en el domicilio correcto, sin especificar en qué calle se encontraba constituida y los medios con los cuales se cercioró de encontrarse en *** sin que ello permita advertir si se trata de una colonia o una comunidad que pertenezca a ese municipio. Luego, asentó haberse entrevistado con las personas que refieren sin que tal circunstancia otorgue certeza de ser el domicilio correcto, pues omitió señalar el nombre tienda de abarrotes en la que se constituyó, calle y número en el que se encuentra; sin que la manifestación realizada por la persona que le atendió resulte suficiente, pues solo indicó "el buscado vive en la casa salmón con rayas blancas que hace esquina con Juárez" y de la diversa persona con quien se entrevistó tampoco otorga elementos de convicción, pues únicamente señaló el buscado vive a lado en la casa que hace esquina con Juárez, pero en ninguno de los casos las personas con las que se entrevistó le indicó que la calle, colonia comunidad eran correctas por lo que, los datos de cercioramiento asentados por la actuaria se consideran insuficientes para generar plena certeza de que el domicilio en el que se constituyó la actuaria, efectivamente, era el que fue señalado en autos como el que pertenece a la parte demandada. Así, la omisión de la fedataria de precisar esas circunstancias, ocasiona que no se tenga la certeza de que la parte demandada haya conocido el contenido de la información que se le dejó; en la inteligencia de que dicha formalidad debió acatarse en su literalidad, y al no haberse observado se concluye que la diligencia de emplazamiento reclamado carece de una formalidad esencial para su validez. Por otro lado, de las diligencias reclamadas no se obtiene que la fedataria al constituirse en el domicilio, haya preguntado por *** pues del citatorio únicamente se obtiene que la persona que lo atendió le dijo "sí vive aquí, pero está trabajando" sin que se obtenga que haya cuestionado previamente si ese era el domicilio donde habitaba *** y solicitar su presencia; además, en el emplazamiento asentó haber llamado a la puerta y ser atendido por diversa persona de quien asentó características físicas, agregó que se trataba de la esposa del buscado, pero no se advierte que previo a entender la diligencia con ella, haya preguntado si en ese lugar se encontraba la persona buscada (aquí quejoso) Finalmente, de la constancia de emplazamiento de cinco de agosto que obra en el expediente se obtiene que emplazó a la parte demandada (sin señalar el nombre) corriéndole traslado con copias simples de demanda y documentos anexos, para que dentro del término de nueve días ocurriera a contestar la demanda entablada en su contra y oponer las excepciones correspondientes, al que se encontraba obligado no así del instructivo, por el que se encontraba obligado a realizar el llamamiento a juicio, como lo indica el numeral 320 del Código Adjetivo Civil del Estado. Es por las razones que han sido expuestas que se concluye que las diligencias de emplazamiento materia de controversia, no reúnen los requisitos que establecen los artículos 319, segundo párrafo y 320, segundo párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, por lo que existe una violación al derecho fundamental de debido proceso, por el cual se garantiza a los gobernados a no ser privados de algún derecho, sin que tengan acceso a un procedimiento judicial, donde tengan verificativo la oportunidad para defender sus derechos y aportar pruebas, alegar y recibir sentencia; por tanto, la actuación impugnada es violatoria del artículo 14 de la Constitución Federal, por haberse omitido llamar en forma legal al juicio de origen al promovente del amparo. Razón por la que se debe conceder el amparo solicitado. SÉPTIMO.- Efectos de la sentencia de amparo (vicios de fondo). Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe señalarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, procede precisar que la protección constitucional concedida a *** es para el efecto de que la autoridad responsable Juzgado Segundo Civil de Partido de Silao, Guanajuato, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: a) Ordene reponer el procedimiento en el juicio ordinario civil *** de su índice; b) Deje insubsistentes las diligencias de citatorio y emplazamiento de dos y cinco de agosto de dos mil diecinueve, así como todas las demás actuaciones posteriores, incluyendo la sentencia de dos de diciembre de dos mil diecinueve, y todos los actos tendentes a su ejecución; y; c) Ordene se lleve a cabo el emplazamiento de la parte demandada, aquí quejosa, cumpliendo las formalidades que para tal efecto prevén los artículos 314, 318, 319, 320 y 321 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, a efecto de que se puedan llevar a cabo las etapas del procedimiento hasta el dictado de la sentencia, haciéndose la precisión que esto último no será materia de cumplimiento del presente fallo. OCTAVO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a *** contra el acto que reclama de las autoridades responsables, por las consideraciones señaladas en el considerando sexto de la presente resolución, y para los efectos precisados en el considerando séptimo.

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