Marcelino Sepúlveda Díaz
Expediente 209/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marcelino Sepúlveda Díaz
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso, a través del cual se le remitió el juicio de amparo V-209/2018 e informa que se avocó al conocimiento del mencionado asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental e histórica, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se toma nota que es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto undécimo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad, con el cual solicita se le precise si también han de cancelarse los gravámenes inscritos bajo los números 6 y 21 de los tomos 1729 y 1822 de los libros de gravámenes correspondientes al distrito de Zamora. Al respecto, debe decirse que tal y como se precisó en la resolución del incidente para precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, los efectos de la concesión del amparo se traducen en que el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad, debe practicar la cancelación de los asientos registrales y las nuevas inscripciones practicadas al bien inmueble en conflicto, derivadas del juicio sucesorio 391/2009 y del que emanaron los actos reclamados en el presente juicio. En ese sentido, de las constancias que obran en autos se advierte que el bien que constituye el haber hereditario del de cujus Hugo Mora Ramos, fue adjudicado, en forma inicial, en favor del tercero interesado Hugo Mora Godínez , quien, a su vez, la transfirió mediante donación a una diversa persona de nombre María Eréndira Mora Soto. De igual forma, el Director del Registro Público de la Propiedad informó que en cumplimiento a la resolución del incidente para precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, realizó la cancelación de los títulos de propiedad 2924 y 3593, relativos a Hugo Mora Godínez y María Eréndira Mora Soto, respectivamente, sin que cancelara los gravámenes registrados con los números 6 y 21 de los tomos 1729 y 1822 . Ahora, de las constancias remitidas por el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad, en el oficio RPP/DAT/730/2018, de veintidós de febrero del año en curso, se desprende que la diversa persona de nombre María Eréndira Mora Soto celebró dos contratos de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria y prendaria , en los que constituyó como garantía hipotecaria el bien inmueble que constituye el haber hereditario del de cujus Hugo Mora Ramos. Asimismo, tales garantías hipotecarias fueron registradas con el número 21, del tomo 1822, y 06, del tomo 1729, de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Gobierno del Estado de Michoacán, de las cuales existe duda por parte de la autoridad oficiante respecto a si deben o no cancelarse. Por tal motivo, si el cumplimiento total a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio que nos ocupa se traduce, en que se cancelen los asientos registrales y las nuevas inscripciones practicadas al bien inmueble en conflicto, derivadas del juicio sucesorio 391/2009, y si los gravámenes 1729 y 1822, a que hace referencia la autoridad responsable recaen sobre un título de propiedad que ha sido cancelado por virtud de la propia ejecutoria de amparo, entonces, la consecuencia lógica consiste en que los gravámenes que fueron registrados a la luz de dicho título de propiedad también deben cancelarse. En consecuencia, se requiere a la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad, para que dentro del término legal de tres días se sirva cumplir a cabalidad con la sentencia de amparo en el juicio que nos ocupa, en la inteligencia de que le subsiste el apercibimiento decretado en la resolución dictada el nueve de febrero del año en curso. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ PADILLA ALEGRE, QUIEN SE OSTENTA APODERADO JURÍDICO DE MARCELINO SEPULVEDA DÍAZ. Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo promovida por José Padilla Alegre, quien se ostenta apoderado jurídico de Marcelino Sepulveda Díaz, contra actos del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número V-209/2018, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. ? Declaratoria de incompetencia. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso hizo consistir el acto reclamado en: 1. El auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente 283/2016 de su índice, en el cual declaró la caducidad de dicho procedimiento. En cuanto al acto reclamado se observa que se trata de una resolución que sin decidir en lo principal puso fin al juicio, contra la cual no procede ningún recurso ordinario. Entonces, este Juzgado de Distrito considera que no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, y para sustentar esa afirmación, se transcribe el artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la literalidad indica: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.". A la luz del precepto legal transcrito, como se dijo, el acto reclamado por el quejoso no encuadra en ninguno de los presupuestos del artículo que antecede, por las razones siguientes: El acto reclamado no se trata de una norma general, pues no es un tratado internacional, ni ley federal o estatal; mucho menos una constitución local, ni reglamento de ámbito federal o local, así como tampoco es un decreto, acuerdo o resolución de observancia general [fracción I]. Tampoco nos encontramos ante un acto u omisión que provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues el acto reclamado fue dictado por una autoridad jurisdiccional [fracción II]. No estamos ante un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que se trata de una determinación dictada en un procedimiento judicial [fracción III]. Ni se está frente a un acto de tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido [fracción IV], ya que antes de emitirse no existía laudo o diversa determinación que hubiese dado por concluido el procedimiento que ya había iniciado. No se trata de un acto en juicio, pues como se dijo el acto reclamado puso fin a la controversia [fracción V]. De igual forma, no se trata de un acto dentro o fuera de juicio que haya afectado a personas extrañas [fracción VI], ya que el quejoso reconoció ser parte formal -actora- del juicio natural. Mucho menos es una omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni resolución de reserva, ni ejercicio de acción penal, pues el acto emana de un procedimiento laboral [fracción VII]. Por último, no estamos ante un acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto [fracción VIII]. En mérito de los argumentos expuestos, se pone de manifiesto que el acto reclamado, no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, de conformidad con los preceptos legales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los artículos 47 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratar de combatirse por una parte una resolución que sin decidir en lo principal puso fin al juicio, lo que pudiera resultar procedente sería el juicio de amparo directo o uni-instancial; de modo que la legal competencia para conocer y resolver este asunto correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito. Por identidad jurídica sustancial, es aplicable la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación , que establece: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión respecto del acto consistente en el auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el expediente 283/2016 de su índice, en el cual declaró la caducidad de dicho procedimiento. Por tales motivos, como se ha venido estableciendo, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del asunto. ? Cuaderno de antecedentes, remisión al Tribunal Oficina de Correspondencia Común. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 47, primer párrafo, de la ley de la materia, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en esta capital, a efecto de que tenga a bien decidir lo que proceda conforme a derecho. Por lo anterior, se solicita a la Superioridad de la manera más atenta el acuse de recibo de estilo. ? Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda Asimismo, se tiene como autorizados, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Jesús Arellano Villagómez, por así expresarlo el promovente. ? Habilitación de días y horas inhábiles; anotaciones, capturas e integración del expediente electrónico. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Háganse las anotaciones relativas al presente juicio en el Libro de Gobierno correspondiente y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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