Marcelino Ruiz Molina

Expediente 956/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
956/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Marcelino Ruiz Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios enviados vía correo electrónico por la autoridad responsable Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en representación de la citada Secretaría; atento a su contenido y no obstante que mediante acuerdo de veintiocho de octubre de la presente anualidad, se ordenó el archivo del presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia se tienen como sus delegados a las personas que menciona, así como el correo electrónico y números telefónicos que cita para establecer contacto con dicha parte procesal. Por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que mediante oficio SEADS/1171/2021, se hizo del conocimiento a la Jueza Haydee Guadalupe Rodríguez Hernández, que en sesión ordinaria de fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó su adscripción como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del presente año, en sustitución del Juez Jacinto Figueroa Salmorán. En consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes por el término de tres días siguientes a aquél en que les surta efectos la notificación de este proveído, para que de ser el caso hagan valer lo que conforme a derecho corresponda. Cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, Novena Época, visible en la página 312, con número de registro 164217, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    ESTRADOS...SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE, MISMA QUE A LA LETRA DICE: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 956/2019; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se especifican. AUTORIDAD RESPONSABLE Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, residente en esta Ciudad. ACTO RECLAMADO: "Se reclama la falta de respuesta a mi escrito de petición por parte del Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero." Actos que estimó violatorios de los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Admisión y trámite. Por auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda misma que quedó registrada con el número 956/2019; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, por auto de dos de agosto del año pasado, este órgano jurisdiccional al considerar que habían cesado los efectos del acto reclamado, sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Determinación que fue impugnada por el quejoso, y mediante sentencia de cinco de marzo de dos mil veinte el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa residente en Acapulco, Guerrero determinó revocar y reponer el procedimiento para de dar vista de manera personal al quejoso requiriéndolo para que manifestara si era su deseo o no ampliar su demanda de garantías respecto de la respuesta dada por la autoridad responsable, sin que así lo hubiera hecho no obstante que se le notifico para tal efecto. Es así que, el día de hoy se llevó a cabo al tenor del acta que antecede la audiencia constitucional y concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 47/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil trece, relativo al inicio de funciones, denominación, competencia, jurisdicción territorial, y domicilio de este Órgano Jurisdiccional, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de los asuntos entre los Juzgados de Distrito de la entidad y sede indicadas, ambos aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior en virtud de que el acto que reclama le es imputado a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como cuestión previa a dilucidar en el presente fallo, se procederá a precisar el acto o actos reclamados (entendidos en sentido amplio, esto es, trátese de normas generales de actos u omisiones de autoridad); lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese entendido, para su debida precisión (la del acto reclamado) deberá analizarse en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, en congruencia con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio. Lo anterior, encuentra fundamento por identidad de razón, en la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo rubro literalmente dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De igual forma, es aplicable a lo anterior la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Al respecto, de la lectura integral de la demanda de garantías y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que el acto que se reclama en esta instancia constitucional, es el siguiente: La omisión de la autoridad responsable de dar respuesta al escrito de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. TERCERO.- Por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y que además de ello, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible en la página 68, del Tomo 76, abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 212775, que al rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Sobre esa tesitura se tiene que es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues si bien al rendir su informe justificado, negó su existencia, lo cierto es que existen diversas constancias que acreditan su certeza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo XVI, julio de mil novecientos noventa y nueve, octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página trescientos noventa y uno, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Así como la diversa Jurisprudencia 226, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, correspondiente a la Quinta Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO.- Causales de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia II.1°.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, visible a foja 190, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 394239, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Este Juzgador de amparo no entrará al análisis de la controversia planteada en el juicio que nos ocupa, consistente en la omisión dela responsable de dar respuesta al escrito de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en virtud que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado ." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera al quejoso en el goce de sus garantías violadas. El doctor Octavio A. Hernández en relación con el tema que nos ocupa dice: "Desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone el quejoso que son violatorias de la Constitución y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de garantías. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y, consecuentemente, la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 80 de la Ley de Amparo al que acabo de aludir". A su vez el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, expresa, en relación a la improcedencia prevista en la fracción XXI del citado artículo 61, lo siguiente: "El acto reclamado tiene como consecuencia inmediata la causación de una violación en los términos del artículo 103 constitucional. La violación o las violaciones son, pues, los efectos del acto reclamado. Entonces, cuando ha cesado la violación, cuando ha desaparecido la contravención, por haberlas reparado, por ejemplo, las propias autoridades responsables, el amparo deja de tener razón de ser, ya que perseguiría algo que ya está logrado: la reparación de la infracción". El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de la materia. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que la garantía exija, cuando el acto sea negativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. /J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, de las constancias remitidas por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, se advierte que el ocho de mayo de dos mil diecinueve, emitió el oficio SFA/SA/DGAyDP/1693/2019, por el que se le da respuesta de su petición al impetrante de garantía. Al respecto debe decirse, en primer término lo que establece el artículo 8° de la Constitución General de la República, el cual es del tenor literal que sigue: ARTÍCULO 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En otras palabras, la garantía que se consagra en el artículo 8o. constitucional, tutela el derecho de los particulares para que les sea contestada toda petición que eleven a las autoridades, dentro de un plazo que se considere prudente para analizar la petición formulada de acuerdo a su naturaleza, y así estar en aptitud de darle respuesta congruente. En síntesis, el precepto constitucional analizado, consagra el derecho de petición bajo los siguientes parámetros: Una facultad del gobernado para acudir ante cualquier autoridad o funcionario público para formular una solicitud; Dicha solicitud debe de ser de forma escrita, pacífica y respetuosa; y, Como consecuencia a dicha solicitud, los funcionarios y empleados públicos deben de emitir un acuerdo congruente a lo pedido, también por escrito fundado y motivado, y notificarlo fehacientemente en breve término de manera que el gobernado promovente pueda conocer su contenido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 79 que a la letra establece: PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario". En ese orden de ideas, válidamente se puede concluir que tratándose de juicios de amparo en los que se reclama violación a la garantía individual consagrada en el artículo 8° de la Constitución Federal, es indispensable analizar si el quejoso demuestra la existencia de la petición y la autoridad responsable haber dictado el acuerdo correspondiente, que sea congruente a la cuestión planteada y que haya notificado fehacientemente al promovente. En esa tesitura, tenemos que en autos se encuentra demostrado que la autoridad responsable dio contestación a la petición realizada por la parte quejosa, constancia con la que este Juzgado Federal dio vista al impetrante de garantías mediante auto de dos de agosto del presente año, para que hiciera las manifestaciones que a su derecho conviniera y se requirió al promovente para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda por la respuesta que dio la autoridad, sin que al respecto lo huera hecho. Por tanto, al haber dado respuesta la autoridad responsable, trae como resultado, que los efectos de la omisión de dar contestación a la solicitud realizada por la quejosa desaparecieran de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho subjetivo reclamado, por lo que, resulta obvio, como se dijo que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado; y en consecuencia, es dable sobreseer en el juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Robustece lo señalado, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." Ante tal circunstancia, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Ello, sin que sea óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio hayan sido emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, misma que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. QUINTO. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción IV, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *** contra el acto reclama, en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En cumplimiento al punto primero del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la captura de la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio remitido por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por ********************autorizado de la parte quejosa, en contra del auto de dos de agosto de la presente anualidad, el que quedó registrado con el toca A. R. A. ********************. Notifíquese.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · 7,641 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano