Marcelino Rubén Guadarrama Ramírez

Expediente 280/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
280/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Marcelino Rubén Guadarrama Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de abril de dos mil veintiuno. REGISTRO Vista la demanda promovida por ****; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo regístrese bajo el número 280/2021-II-B. DESECHAMIENTO. Previo a la admisión de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano. Del análisis integral de la demanda, así como del propio acto reclamado se precisa que la quejosa en el presente juicio se duele del contenido de la interlocutoria de cinco de abril del año en curso, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual dejó sin efectos los emplazamientos que fueron practicados a las demandadas Erika ***, a través de su apoderada *** En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu. Lo anterior, porque el acto reclamado no tiene una ejecución material de imposible reparación. Dichos artículos señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito citado en último término, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, el acuerdo reclamado no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio; esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo pues, sí solo trascienden en el interior o trámite del juicio natural. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable en el momento de que se resuelva en definitiva el Juicio Ordinario Civil ***, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, con residencia en Ixtapan de la Sal, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la sentencia definitiva; ello conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo. En efecto, el amparo indirecto, tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra los de imposible reparación, los cuales consisten según el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Sin embargo, en la especie no se está frente a uno de esos actos. Lo anterior, en atención a que la resolución combatida tiene su origen en el reclamo de violaciones procesales, pues se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado a las determinaciones vinculadas con el emplazamiento de las partes, y por regla general dichas violaciones se pueden hacer valer cuando transcienden en el resultado de la sentencia que se emita; por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia correspondiente, si es contrario a los intereses del hoy solicitante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos otorgados. .... Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que dichos profesionistas se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de éste órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 1/2021. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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