Marcelino Perez Alvarez

Expediente 11/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
11/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • Marcelino Perez Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    VII.- HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO... ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO... SE HACE LA INDICACIÓN QUE EL PRESENTE ASUNTO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    VII.- Villahermosa, Tabasco; cinco de enero de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Se tiene por recibida en este órgano jurisdiccional la demanda de amparo promovida por José Anan López Vicente, quien se ostenta como defensor de Marcelino Pérez Álvarez, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Seis, con sede en Nacajuca, Tabasco; por tanto, se ordena formar expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y registrar en el Libro de Gobierno correspondiente, con el juicio de amparo indirecto 11/2022-VII. Ahora bien, no pasa desapercibido para el suscrito que el promovente José Anan López Vicente omitió señalar bajo protesta de decir verdad que es defensor de Marcelino Pérez Álvarez, incumpliendo así con lo previsto por el artículo 14 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 108, fracción I del mismo ordenamiento; sin embargo, se estima innecesario formular la prevención correspondiente dada la siguiente determinación. DESECHAMIENTO. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "causa manifiesta e indudable de improcedencia", ha sido explicado por su contenido y alcance en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción III, inciso b), del artículo 107, interpretado en sentido contrario. En efecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal preceptúa: Artículo 107. "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[.]". En ese sentido, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo directo. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107, de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. En el caso a estudio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: la resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, donde se declara improcedente el incidente de nulidad del dato de prueba consistente en el informe policial homologado de dos de marzo del mismo año, planteado por la defensa del aquí quejoso, en la audiencia intermedia de la causa penal 85/2021. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En ese tenor, la resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal 85/2021, por el Juez Control de la Región Judicial Seis, con sede en Nacajuca, Tabasco, mediante el cual declaró improcedente el incidente de nulidad respecto al dato de prueba consistente en el informe policial homologado de dos de marzo de dos mil veintiuno, signado por los agentes aprehensores Gabriel Miguel Avalos Sepulveda y otros; por tanto, se estima que el acto se traduce a cuestiones relativas a la recepción de pruebas el cual no tiene ejecución de imposible reparación, al no afectar de manera inmediata y directa derechos sustantivos protegidos por la Constitución, como son la libertad, posesión, propiedad. En ese tenor, resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito; es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Asimismo, el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, consiste en la obligación que constitucionalmente se impone a la Fiscalía de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada etapa preliminar o de investigación, los elementos de prueba suficientes a partir de los cuales pueda determinarse si se somete o no a una persona a juicio. En esta etapa, una vez que el Fiscal formaliza la investigación mediante la intervención judicial, el juez de control adquiere primordialmente atribuciones de garantía y resguardo de los derechos fundamentales del imputado, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal. Ahora bien, al cierre de la investigación no le sigue inmediatamente la realización del juicio, sino una etapa intermedia que también se realiza ante el juez de control y que tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijándose de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y las pruebas que deberán ser examinadas. Una vez superada la etapa intermedia, se procederá a la realización del juicio oral. Así, será a través del desahogo de las pruebas que el juez o tribunal del juicio se haga de toda la información necesaria para resolver sobre la responsabilidad del acusado; sin embargo, un principio básico del sistema acusatorio, vinculado a los principios de inmediación y a la idea del juicio previo, es que la información que se puede utilizar para llegar a la convicción final sólo puede ser aquella que ha ingresado válidamente al debate principal a través del auto de apertura a juicio -salvo por la excepciones que expresamente establezca la ley-, y es desahogada conforme a los principios de inmediación y contradicción, precisamente en la etapa de juicio. Lo antes destacado resulta importante debido a que, a diferencia del sistema de justicia tradicional, en el sistema penal acusatorio, el Ministerio Público no recaba durante su investigación pruebas que puedan valorarse directamente en el juicio y que en su caso puedan ser usadas para dictar una condena a un imputado, pues los datos de prueba solamente constituyen información que recaba para determinar si debe llevarse a una persona ante el juez para iniciar una investigación complementaria con pretensión ir a juicio; por tanto, su investigación que por disposición constitucional debe ser en sigilo, no debe interrumpirse. Conforme a la explicación anterior, es dable concluir que el acto que ahora reclama la parte quejosa, no trasciende de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio que sea de imposible reparación, toda vez que el hecho de que se declarara improcedente el incidente de nulidad contra un dato de prueba, cuya afectación se reclama, solo se podría materializar hasta que la autoridad judicial determine en un momento dado si resulta procedente la continuación de las etapas del proceso penal; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a la autoridad responsable, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Al respecto se invoca, por analogía, la tesis jurisprudencial 1a./J. 23/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Onceava Época, de rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO."HECHOS: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. JUSTIFICACIÓN: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Asimismo, cobra aplicación al caso, la jurisprudencia PC.XVII. J/29 P (10a.) emitida por los Plenos de Circuito, visible en la página 1154, Tomo I, Libro 81 del mes de Diciembre de 2020 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. Hechos. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control en la etapa intermedia, de admitir medios de prueba, arribando a conclusiones distintas, pues uno consideró que, por regla general, es procedente por afectar en forma preponderante y superior los derechos sustantivos de acceso a la justicia y defensa adecuada y los restantes concluyeron que no es impugnable a través de ese medio de control constitucional, porque no implica un acto de ejecución irreparable. Criterio jurídico: Las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto. Justificación: Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, con apoyo en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por José Anan López Vicente, quien se ostenta como defensor de Marcelino Pérez Álvarez, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Seis, con sede en Nacajuca, Tabasco. DOMICILIO. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, y señaló para tal efecto las listas de este Juzgado, por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena que el auto de mérito, así como las subsecuentes notificaciones que deban realizarse de forma personal en este asunto a dicha parte, se notifiquen por medio de la lista de acuerdos que se fija y publica en las instalaciones de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto señale uno diverso para tal efecto. CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se tiene únicamente como referencia de contacto, para el caso de ser necesario, el correo electrónico y número telefónico que cita en su escrito de demanda. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Asimismo, con apoyo en la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda favorable la obtención de las actuaciones judiciales, a través de aparatos electrónicos como son: cámaras, grabadoras, etcétera; debiéndose levantar certificación en autos de la comparecencia de la parte interesada, y de la obtención de las documentales respectivas para debida constancia para lo cual deberá ceñirse a lo que establece el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS RELATIVAS A LA CRISIS SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS COVID 19. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, mediante la utilización de firma electrónica vigente (FIREL). CONSULTA DEL EXPEDIENTE. Asimismo, mientras las medidas de sana distancia y reducción de movilidad subsistan para enfrentar la contingencia, se privilegiará la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, por tanto, se autoriza a las partes para la consulta del presente expediente vía telefónica por videollamada con el secretario encargado de la mesa VII, al número 246-216-3400, en un horario de lunes a viernes de nueve a quince horas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden de ideas, atendiendo a las cargas de trabajo que se tienen en este juzgado y conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al Actuario Judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que pueda notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto, ésta se regirá de acuerdo a lo previsto en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de nueve de mayo de dos mil dieciséis. Notifíquese en términos de ley.

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