Marcelino Miramón Regules
Expediente 385/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Marcelino Miramón Regules
- Marcelino Miramón Regules y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el proveído dictado por este Juzgado el once de julio de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales, ni se promovió recurso alguno. Finalmente, devuélvase al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, las copias certificadas de la causa penal 16/2016 de su índice, que remitió como justificación a su informe. Solicitando el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón asentada por el Actuario adscrito de la que se advierte no le fue posible notificar personalmente el auto de once de julio de la presente anualidad (fojas 173 - 175), a la parte quejosa por las razones que expone; en tal virtud, se ordena notificar el citado auto por medio de lista de acuerdos, conforme con lo establecido en la fracción III del numeral 26, en relación con el precepto 29, de la Ley de Amparo. Por otra parte, adjúntese el oficio del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, por el que devuelve sin diligenciar el despacho 360/2019 del índice de este Juzgado; para los efectos legales consiguientes. Dése de baja en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. inserción de auto de once de julio de dos mil diecinueve.... Número de expediente: 385/2019 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la lectura integral de la demanda de amparo y su aclaración, que el quejoso controvierte en esencia: a) La omisión del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, de dar respuesta a su escrito de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual solicitaron decretara la prescripción de la acción penal dentro de la causa 16/2016 que se instruye por el delito de daños en perjuicio de Manuel Zepeda Cortés; y, b) La omisión de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, de dar trámite y resolver el recurso de queja toca penal 13/2109, interpuesto contra la omisión del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, de atender su petición en la causa penal 16/2016. Así mismo, que de las constancias que remitieron las responsables, con valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se demuestra: Que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, dentro de la causa penal 16/2016 (fojas 133 vuelta, 139 y140), por acuerdo de cinco de marzo de dos mil diecinueve, atendió la promoción de los quejosos de veintisiete de febrero último y determinó, por las razones que expuso, que no había lugar a decretar la prescripción de la acción penal; lo que notificó a los promoventes el siete de mayo de dos mil diecinueve (esto posterior a la presentación de la demanda de garantías de tres de mayo del año en curso). La Sala responsable, el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, emitió resolución en la queja registrada bajo el número de toca 13/2019, y lo notificó a los peticionarios de amparo el veinticinco de ese mes y año (fojas 165 - 169). De lo expuesto se concluye que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Lo anterior es así, pues las omisiones de atender el escrito de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, presentado en el expediente penal 16/2016 del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, y de tramitar y resolver el recurso de que queja 13/2019 de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro de la causa penal 16/2016, cesaron en sus efectos, al dictar el juez responsable acuerdo sobre la referida petición y resolver la Alzada el recurso de queja interpuesto, lo que además notificaron a los peticionarios de garantías. Se invoca en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de junio de 1999, visible en la página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Luego, al actualizarse la citada causa de improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio de garantías. No es óbice la falta de emplazamiento a juicio de todos los terceros interesados, pues dado el sentido del fallo no se les ocasiona perjuicio alguno. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del quince de julio de dos mil diecinueve, pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, por identidad jurídica, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.- No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Sin que haya lugar a proceder en términos del último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, al no actualizarse la hipótesis prevista en dicho numeral. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª/J.28/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1599, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, correspondiente al mes de mayo de dos mil quince, que dice: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto referido sólo es aplicable tratándose de actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos; de ahí que cuando en la demanda de amparo se alegue violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un acto omisivo, aquel numeral resulta inaplicable, por lo que en este supuesto basta con que se dé vista al quejoso con la respuesta que, en su caso, proporcione la autoridad al rendir su informe justificado, para que pueda ampliar su demanda y alegar los vicios de fondo y forma que estime convenientes, pero sin exigir a dicha responsable que en el propio informe formule algún complemento, pues sería tanto como vincular al Juez de Distrito a prejuzgar que en todos los casos la respuesta adolece de falta o insuficiente fundamentación y motivación, no obstante que la persona afectada desconocía su contenido y no estaba, en consecuencia, en aptitud de plantear un argumento en tal sentido." Robustece el anterior criterio jurisprudencial, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el entonces Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 3134, Tomo IV, Enero de 2016; del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, CONFORME A LA CUAL, CUANDO EN LA DEMANDA SE ADUZCA SU FALTA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EN SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN LA AUTORIDAD DEBERÁ COMPLEMENTARLOS EN ESOS ASPECTOS, SÓLO ES APLICABLE A AQUELLOS DICTADOS UNILATERALMENTE, SIN INTERVENCIÓN DE LOS GOBERNADOS. La regla contenida en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe con justificación la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado, sólo es aplicable a aquellos dictados unilateralmente, sin intervención de los gobernados, es decir, emitidos en ejercicio de una potestad por la que libremente la autoridad pueda actuar o no, elegir entre varias medidas posibles, susceptibles de resolver cuándo ha de proceder, o determinar el contenido de su actuación. Así, la característica fundamental de este tipo de actos consiste en que las autoridades concretan una facultad decisoria, con la que se les dota de herramientas y recursos que les permiten desplegar su función y cumplir con los fines y objetivos para los cuales fueron instituidas, por lo que su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de elegir entre dos o más opciones, sin que ello signifique arbitrariedad pues, en todo caso, deben cumplir con las exigencias de fundamentación y motivación establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual permite verificar la legalidad de su actuación. De ahí que las autoridades responsables, al rendir sus informes, podrán expresar la justificación o, incluso, modificar la decisión y su fundamentación y motivación, siempre y cuando en el amparo se impugne un acto con las características descritas." De igual forma, por analogía y por cuanto a su contenido, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, visible en la página 1551, Tomo II, Noviembre de 2016; del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO SE REFIERE A LOS QUE SON EMITIDOS DE FORMA UNILATERAL POR UN ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EN LOS QUE NO TIENE INTERVENCIÓN EL GOBERNADO Y, POR TANTO, SON DISCRECIONALES). El apartado del precepto citado no debe entenderse referido a cualquier tipo de asunto, sino sólo respecto de actos materialmente administrativos, por corresponder precisamente a la naturaleza de la acción, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa, cuyos efectos son directos e inmediatos. Lo anterior, si se toma en consideración que cualquier acto administrativo diferente de los anunciados, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, por citar algunos ejemplos, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario no se atendería la violación alegada, bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo cual no es acorde con los objetivos del juicio de amparo, como lo es el restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a que lo respete." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil diecinueve. Adjúntese el oficio de la Secretaria de Acuerdos de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el toca penal 13/2019 de su índice, el veinticuatro de junio último; lo que será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de julio de dos mil diecinueve. Visto el escrito del Agente del Ministerio Público adscrito a la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, téngasele informando quedó legalmente emplazados al presente juicio en su carácter de tercero interesado. Así también, se le tiene realizando manifestaciones en vía de alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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