Marcelino Medina Ortíz
Expediente 201/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marcelino Medina Ortíz
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, en el presente asunto procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de garantías, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 940, consultable a fojas 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y tesis comunes, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, quien aquí juzga, considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Así, de conformidad con el precepto legal citado en términos generales el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el acto no agravie a la parte quejosa. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El anterior criterio, determina que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del gobernado, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de éste, que pueden verse acompañados o no de su insubsistencia, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de imperio, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de uno que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que actué en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la norma exija. De los artículos referidos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. En ese tenor, es importante establecer que la pretensión constitucional que en este apartado se analiza, versa en la abstención de los Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México de dar cumplimiento total a la sentencia de nueve de octubre de dos mil diecisiete, emitida por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, esto es, cambiar el título de crédito **********, por la cantidad de $********** (********** Moneda Nacional), en virtud que dicho documento fue rechazado por la institución bancaria al no coincidir la firma plasmada en el mismo con la registrada en ese banco. Ahora bien, en el presente asunto, la citada Comisión de Honor al rendir su informe justificado adjuntó copia del cheque número **********, de la Institución Crediticia Banco Banorte por la cantidad de $********** (********** Moneda Nacional), el cual fue dejado a consignación de la Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a fin de que fuera entregado al aquí quejoso **********; ello, a fin de dar cabal cumplimiento a la sentencia dictada por ese Tribunal. Documental que si bien obra en copia simple, adminiculados con las manifestaciones de la autoridad responsable, crean convicción en este juzgado sobre su valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Máxime que no fue objetado por la parte quejosa. De ahí que se estime que la omisión reclamada ha cesado, dado que si bien el acto que reclamó la quejosa existió, al haberse emitido un nuevo título de crédito a nombre del solicitante de amparo **********, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de nueve de octubre de dos mil diecisiete, emitida por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la misma ha cesado en sus efectos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, resulta ilustrativa la siguiente tesis VI.1o.T.6 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, página:2522, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente". Por ende, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos, en virtud que si bien, los Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, omitieron en su momento cambiar el título de crédito **********, por la cantidad de $********** (********** Moneda Nacional), al haber sido rechazado por la institución bancaria, al emitir el nuevo cheche, cesaron los actos que reclamó el peticionario de amparo; por tanto, lógico es, como se dijo anteriormente, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del presente asunto respecto de los actos reclamados. Máxime que la Sala referida prevé un mecanismo ordinario y oficioso para verificar el cabal cumplimiento a sus sentencias. En conclusión, y toda vez que se actualiza la causal de improcedencia precisada, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, por propio derecho. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las once horas con cinco minutos del diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los presentes autos el informe justificado que rinde el Director Jurídico, en representación de los Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; dese vista con el mismo a las partes y hágase relación de éste al celebrarse la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio. Asimismo, como lo solicitan las autoridades oficiantes, se tienen como sus delegados a las personas que indican y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona, con apoyo en dispuesto por los numerales 9 y 28, fracción II, de la ley de la materia. Pruebas. Por otro lado, con base en el ordinal 119 de la ley de la materia, se tienen por enunciadas las pruebas documentales que adjuntó, así como la instrumental de actuaciones y presuncional; las cuales serán valoradas al momento de resolver el presente asunto. Vista Al respecto, con fundamento en los artículos 66 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y sus anexos, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, manifieste lo que a su interés convenga. Diferimiento de audiencia. Para dar margen de que acontezca lo anterior, a fin de no vulnerar las reglas que rigen el juicio de amparo, así como no irrogar perjuicio alguno a las partes, es procedente diferir la audiencia constitucional programada para esta data y, en su lugar, se señalan las once horas con cinco minutos del diecisiete de abril de dos mil veintitrés, para su verificativo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese.
- Principal
Citatorio: Se notifica por lista de acuerdos del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, a la parte quejosa Ana María... la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, que determina: Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 63, fracción IV, 65, 73 a 75, 76, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por su propio derecho, contra actos que reclama del Agente del Ministerio Público Encargado de la Mesa Quinta de Trámite en Naucalpan, Estado de México, en términos del considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese.
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