Marcelino Jose Sanchez Alducin

Expediente 627/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
627/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Marcelino Jose Sanchez Alducin

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 627/2022-VII. Puebla, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de quince de junio de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 627/2022-VII. Puebla, Puebla, quince de junio de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por , por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia y otra. En consecuencia, regístrese ese oficio con la demanda y anexos en el libro de gobierno, bajo el número de juicio de amparo 627/2022, también en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"1. Para demostrarlo, se hace notar que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: 1. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO , ADSCRITO A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA, LOZALIZADA (SIC) COMPLEJO METROPOLITANO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA C-5.- OMISIONES Y ACTOS QUE SE RECLAMA. - I. LA INACTIVIDAD DE INTEGRACION, EJERCICIO DE LA ACCION PENAL O TERMINACION DE CARPETA DE INVESTIGACION QUE OBRA EN SU PODER. II. LA INACTIVIDAD DE ACREDITACION DE PROPIEDAD DEL VEHICULO III. LA OMISION PARA VINCULACION DE CARPETA QUE OBRA EN SU PODER CON LA CARPETA DE INVESTIGACION QUE OBRA EN PODER DEL AGENTE DE MINISTERIO PUBLICO . IV. LA LIBERTAD DEL C. , QUIEN SE ENCONTRABA EN CALIDAD DE DETENIDO POR LA DETENTACION DE MI VEHICULO ROBADO. 2.- , AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE ROBO DE VEHICULOS OMISIONES Y ACTOS QUE SE RECLAMA.- I. LA OMISION DE MOTIVAR Y FUNDAMENTAR LA RESPUESTA LA SOLICITUD Y PETICION DE FECHA 27 de abril de 2022 II. LA OMISION DE MOTIVAR Y FUNDAMENTAR LA RESPUESTA A LA SOLICITUD Y PETICION DE FECHA 19 de mayo de 2022 De lo referido con antelación, permite visualizar una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así ya que la inactividad de integración, ejercicio de la acción penal, terminación de la investigación la carpeta de investigación , la inactividad de acreditación de propiedad de un vehículo automotor, la omisión para vincular la mencionada carpeta de investigación; la omisión de fundar y motivar la respuesta a la solicitud y peticiones de veintisiete de abril y diecinueve de mayo de dos mil veintidós, -iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio- tienen previstas una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la parte quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales2, porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público durante la etapa de investigación, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 28/2018 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, que tiene el rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma, en particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entra las cuales quedan comprendidas la inactividad de integración, ejercicio de la acción penal, terminación de la investigación la carpeta de investigación , la inactividad de acreditación de propiedad de un vehículo automotor, la omisión para vincular la mencionada carpeta de investigación; la omisión de fundar y motivar la respuesta a la solicitud y peticiones de veintisiete de abril y diecinueve de mayo de dos mil veintidós, que aquí se reclama. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que cesen las omisiones e incluso disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal. Lo cual se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación. Por consiguiente, se afirma el reclamo planteado por el promovente, contra inactividad de integración, ejercicio de la acción penal, terminación de la investigación la carpeta de investigación , la inactividad de acreditación de propiedad de un vehículo automotor, la omisión para vincular la mencionada carpeta de investigación; la omisión de fundar y motivar la respuesta a la solicitud y peticiones de veintisiete de abril y diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Por lo anterior, se indica que es oportuno que el quejoso acuda previo a la promoción de amparo a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, ya que dicho mecanismo permite al juez de control modificar la decisión o inactividad del ente ministerial para que continúe con el imperativo constitucional de investigar los hechos con apariencia de delito y, eventualmente, lleve a cabo el ejercicio de la acción penal ante los tribunales (obligación contenida en el artículo 21 de la Constitución Federal). En efecto, la parte quejosa debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra los actos reclamados en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas del fiscal responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la inactividad combatida en la demanda de protección, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones del quejoso para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: pues es la víctima quien sufrió detrimento en su patrimonio por la probable comisión del delito de robo, bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Sin que pase desapercibida la manifestación de la parte quejosa en relación a que resulta procedente su demanda de amparo de conformidad con el artículo 107, fracción VII de la Ley de Amparo, en relación con la tesis aislada de rubro siguiente: OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. EL JUEZ DE AMPARO, REAFIRMANDO EL CARÁCTER DE RECURSO JUDICIAL EFECTIVO DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, ESTÁ FACULTADO PARA CONSTATAR SI CON AQUELLAS SE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS DEL QUEJOSO Y, EN SU CASO, A FIN DE CONTRIBUIR A SU CESE, ORDENAR A LA AUTORIDAD MINISTERIAL LA REALIZACION DE DETERMINADAS DILIGENCIAS, SIN PERJUICIO DE LAS DIVERSAS ACTUACIONES QUE, A JUICIO DE ÉSTA, DEBAN LLEVARSE A CABO. [Tesis: I.9o.P.189 P (10a.), Registro digital 2016826, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Materias, Común, Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2639]. Sin embargo, a consideración de la suscrita, la tesis citada por la parte quejosa no resulta aplicable al caso; en primer término, porque con independencia a que dicho criterio es sustentado por un Tribunal Colegiado distinto al Sexto Circuito, de conformidad con los artículos 216 y 217 de la Ley de Amparo, tampoco resulta obligatoria su aplicación, puesto que la misma no ha sido establecida por procedente, reiteración o contradicción, por ninguno de los órganos facultados para ellos -Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o Salas, Plenos Regionales o Tribunales Colegiados de Circuito-. Incluso, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, como ya se citó en párrafos precedentes, existe una jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Respecto de la cual ya se explicó su aplicabilidad al caso en párrafos precedentes. En relación con el acto reclamado: La libertad de, quien se encontraba detenido por la detentación de mi vehículo robado. Debe decirse que este acto también se engloba dentro de las facultades conferidas a los Agentes del ministerio Público en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya que es facultad del ministerio público el no ejercicio de la acción penal en caso de no existir denuncia o querella; y máxime que el propio quejoso en la narración de los antecedentes manifestó que el día treinta de marzo del presente año al estar con el Agente del Ministerio Público , adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta incidencia, le indicó el mencionado Agente que el ciudadano que se encontraba detenido por la detentación de vehículo robado, le ofrecía la cantidad de $10,000 (diez mil pesos) como ofrecimiento de pago en cuanto a lo que respeta de reparación de daño, a lo que el aquí quejoso le hizo mención que no los aceptaría y quería continuar con el procedimiento, refiriéndole que no firmaría documento alguno hasta que su abogado , estuviera presente, a lo cual el agente del ministerio público, le hizo mención que por el motivo de no existir denuncia alguna de su parte el ciudadano que ostentaba su vehículo quedaría en libertad por no presentar denuncia en su contra, entonces era facultad del agente del ministerio público determinar su libertad, conforme a la fracción XVIII del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, según lo narra el propio quejoso fue hasta el primero de abril de la presente anualidad que se presentó ante diverso agente a realizar la denuncia correspondiente. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la promovente, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la omisión atribuida a las autoridades responsables, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. En virtud de lo anterior, se ordena al Oficial Judicial A realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 7/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo - en cuyo caso la cita se programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en la Ciudad de Puebla. Además, se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a , porque los mismos no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de promociones de manera física, será en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Comunicación con las partes. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Bajo este contexto, se tiene la dirección de correo electrónico y los números telefónicos proporcionados en la demanda, como medios de contacto con la parte quejosa para el trámite de este juicio. En consecuencia, se determina que ese medio de contacto deberán considerarlo los actuarios de este juzgado, en específico cuando sea necesario ubicar a la quejosa por alguna circunstancia que lo ameritara. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Integración de la demanda. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.

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