Marcelino Jesús Mondragón Pereda
Expediente 1447/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1447/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Marcelino Jesús Mondragón Pereda
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de diciembre de dos mil veintidós Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós; sin que la parte quejosa hubiera hecho manifestación alguna. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo de mérito. Lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Cabe precisar que dada la carga excesiva de trabajo de este juzgado de distrito y con la finalidad de evitar dilaciones procesales en perjuicio de una pronta y expedita administración de justicia, se habilita al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que realice las notificaciones personales del presente juicio de amparo inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintidós Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós; sin que la parte quejosa hubiera hecho manifestación alguna. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo de mérito. Lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Cabe precisar que dada la carga excesiva de trabajo de este juzgado de distrito y con la finalidad de evitar dilaciones procesales en perjuicio de una pronta y expedita administración de justicia, se habilita al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que realice las notificaciones personales del presente juicio de amparo inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 761/2021, promovido por Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra actos del Congreso Constitucional del estado de Oaxaca y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, remitido el mismo día, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rodrigo Martínez Serrano, en su carácter de apoderado legal de Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los Congresos, Gobernadores, Presidentes Municipales, Tesoreros de las entidades federativas que a continuación se mencionarán: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; así como de la CFE Suministrador de Servicios Básicos ubicada en los distintos municipios de los estados mencionados. SEGUNDO. Mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, registró la demanda con el número 173/2021, y previa aclaración de demanda, decretó oficiosamente la separación de autos por número de servicios de suministro de energía eléctrica, dado que se reclamó la inconstitucionalidad de preceptos normativos de diversos municipios. TERCERO. El treinta de abril de dos mil veintiuno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitió a este órgano jurisdiccional el oficio signado por la secretaria adscrita a este juzgado, que contenía inserto el auto por el que se realizó la separación de juicios; un ejemplar de la demanda de amparo recibida vía electrónica y la boleta de turno respectiva en la que se precisó que el número de suministro de energía eléctrica relativo a este expediente es el 683151101003. CUARTO. El tres de mayo de dos mil veintiuno, esta autoridad registró la demanda de amparo con el número 761/2022, y previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda de amparo. Previa aclaración de demanda, por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, este juzgador admitió a trámite la demanda y precisó que el presente juicio versaría respecto de las autoridades, actos y servicio de suministro de energía eléctrica siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Congreso Constitucional del Estado de Oaxaca ".las leyes de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, mismas que prevén el derecho de alumbrado público que por esta vía se reclama su inconstitucionalidad." "Cabe señalar que la quejosa únicamente reclama de inconstitucionalidad los preceptos legales a través de los cuales le es aplicado el cobro del derecho de alumbrado público que se establece a través de las Leyes Municipales y Estatales reclamadas," "Ley de Ingresos para el Municipio de El Sauz Ejutla, para el Ejercicio Fiscal de 2021." "Lo anterior, toda vez que mi poderdante desconoce la cuantía por Municipio, ya que únicamente realiza un pago por servicio de energía eléctrica de manera centralizada por todas las unidades que opera, y del mismo únicamente se desprende el cobro del concepto de derecho de alumbrado público, desconociendo por completo el mecanismo de cobro del mismo, así como la cuantía que se divide para pagar cada uno de los Municipios (destino final)." Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca Ayuntamiento de El Sauz Ejutla, del Estado de Oaxaca Tesorero del Ayuntamiento de El Sauz Ejutla, del Estado de Oaxaca Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 683151101003 Asimismo, desechó la demanda por cuanto a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos del Municipio de Ejutla de Crespo, del Estado de Oaxaca, requirió a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. QUINTO. Mediante acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda por cuanto al ayuntamiento y tesorero, ambos de Ejiutla de Crespo, Oaxaca, con motivo de la inexistencia de las autoridades municipales señaladas como responsables. SEXTO. Mediante escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el diez de mayo de dos mil veintidós, la parte quejosa amplió su demanda de amparo por cuanto a las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Ayuntamiento de Ejutla de Crespo, Oaxaca ".el cobro del Derecho de Alumbrado Público." Tesorero del ayuntamiento de Ejutla de Crespo, Oaxaca SÉPTIMO. Por auto de once de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo, se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados y se les informó sobre la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que en la demanda que dio origen a este juicio se reclamó el cobro de los derechos de alumbrado público, pagados por transferencia electrónica derivada de ese cobro centralizado, además de que se señalaron como autoridades responsables a los tesoreros municipales de varios ayuntamientos de diferentes entidades federativas. En ese sentido, la competencia recae en este juzgado por ser el que previno en conocimiento, pues tiene jurisdicción sobre los municipios del estado de Morelos; entidad en la cual se prestan los servicios municipales de alumbrado público que también fueron combatidos por la parte quejosa. Esto es acorde a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 165/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "COMPETENCIA POR TERRITORIO. CUANDO SE RECLAMA LA RECAUDACIÓN Y EL COBRO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGADOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DERIVADA DEL SISTEMA DE COBRO CENTRALIZADO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD O LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, Y SE SEÑALAN COMO RESPONSABLES A LOS TESOREROS DE VARIOS MUNICIPIOS DE DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AQUELLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESTE ESE SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: Del Congreso y Gobernador del estado de Oaxaca: La inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos del Municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca, para el ejercicio fiscal del dos mil veintiuno. Del Presidente Municipal y del Tesorero de Ejutla de Crespo, Oaxaca: El cobro del derecho de alumbrado público correspondiente a enero de dos mil veintiuno (del pago del servicio de energía eléctrica), en relación con el establecimiento comercial que cuenta con número de servicio 683151101003. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La representación del Congreso y del Gobernador, ambos del estado de Oaxaca, al rendir sus informes justificados, aceptaron los actos que se les atribuyeron. Sin perjuicio de lo anterior, debe mencionarse que las leyes no son objeto de prueba. Por tanto, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicadas en el Diario Oficial para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlas en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. Dicha circunstancia se corrobora con la publicación de la ley impugnada en el Periódico Oficial del estado de Oaxaca, así como del portal de internet oficial del Congreso de ese estado. Cobra aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.-Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." De igual manera, se cita la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que literalmente dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA.- El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Por otro lado, las autoridades responsables municipales fueron omisas en rendir sus informes justificados, a pesar de haber sido legalmente notificadas del acuerdo por el cual se les requirió dicho informe, lo que se acredita con las copias certificadas que obran agregadas en autos. De este modo, con fundamento en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes no invocaron alguna causa de improcedencia, aunado a que el suscrito tampoco advierte que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Esta situación se hace constar debido a que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio por los tribunales de amparo, de conformidad con el numeral 62 del citado ordenamiento. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Para un mejor entendimiento de este asunto, a continuación se sintetizarán los conceptos de violación que el quejoso hizo valer en su escrito de demanda: Considera que la ley impugnada y el respectivo cobro por concepto de derecho de alumbrado público es contrario a lo previsto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), de la Constitución general. Esto debido a que el Congreso de la Unión es el órgano facultado para establecer contribuciones en materia de energía eléctrica. En consecuencia los congresos locales se encuentran impedidos para legislar sobre energía eléctrica, pues de hacerlo, se invadiría una facultad exclusiva de la federación. Afirma que la inconstitucionalidad planteada contraviene el artículo 115, fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello en virtud de que los Municipios tendrán a su cargo la prestación del servicio de alumbrado público y tendrán derecho a recibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, los cuales, al tener la naturaleza de derechos, deberán ser establecidas en Ley mediante la aprobación de las Legislaturas locales. Para sostener esta afirmación, aduce que, a pesar de que la contribución se le denominó "derecho", materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica. Ahora bien, esta contribución es violatoria de los principios de legalidad tributaria, ya que no contienen los elementos básicos de las contribuciones, como son el objeto, sujeto, base gravable, tasa o tarifa y la época de pago. Manifiesta que el cobro del derecho de alumbrado público es inconstitucional en virtud de que para el cobro de los derechos por el servicio de alumbrado público, no se atiende al costo real del servicio proporcionado por el Municipio ni mucho menos al beneficio obtenido por el particular al cual se cobran los citados derechos, toda vez que el Legislador pierde de vista que la prestación del servicio de alumbrado público es un servicio indivisible, respecto del cual no se puede cuantificar su uso, goce o los beneficios derivados del mismo por un contribuyente determinado. Asimismo, afirma que los preceptos reclamados violan el principio de equidad tributaria a que hace alusión el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que el monto a cubrir por la prestación de ese servicio no es igual para todos los usuarios del servicio, sino únicamente para aquellos que son propietarios de predios o que son consumidores de energía eléctrica. Estima que el cobro del derecho de alumbrado público resulta ser inconstitucional en virtud de que para el cobro de los derechos por el servicio de alumbrado público a que hace referencia en ellos, no se atiende al costo real del servicio proporcionado por el Municipio, sino al consumo de energía eléctrica que realiza el contribuyente. Reitera que el cobro de la contribución impugnada es inconstitucional ya que el precepto reclamado obliga únicamente a un tipo de contribuyentes a realizar el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, no obstante que dicho servicio es aprovechado por todos y cada uno de los habitantes del municipio. Considera que el cobro del derecho de alumbrado público es inconstitucional en virtud de que los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, no obstante que estos no tienen el carácter de sujetos de dicha contribución y aun cuando no son necesariamente los beneficiarios del servicio de alumbrado público, son obligados a pagarlo. Afirma que el cobro del derecho de alumbrado público es violatorio a la garantía de legalidad tributaria, toda vez que se establece la obligación de realizar el pago de una contribución, sin que se fije la tasa o la tarifa aplicable para efectos del cálculo de dicha contribución en una Ley en sentido formal y material. Máxime que si bien se establece un porcentaje máximo, la aplicación de este tornaría a los derechos en cuestión en un verdadero impuesto sobre el consumo de energía eléctrica. Considera que en el caso concreto se configuró la figura de la cosa juzgada refleja, en tanto que los actos reclamados que originalmente adujo la quejosa ya fueron decretados inconstitucionales anteriormente (derecho de alumbrado público). A continuación, este juzgador procederá al estudio y análisis del concepto de violación reseñado con el número 1. I. La Ley de Ingresos del municipio de Ejutla de Crespo para el ejercicio fiscal 2021 que prevé el cobro por concepto de derecho de alumbrado público invade la esfera de competencias de la federación Dicho argumento es fundado para conceder el amparo y protección de la justicia de la unión, en razón a las siguientes consideraciones: Los actos reclamados en este juicio consisten en el pago del "Derecho de Alumbrado Público", tomando como base el consumo eléctrico. Sin embargo, este tipo de contribuciones han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal del país sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica. Por tanto, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En todo caso, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, ya que en este tipo de "derechos", no existe relación entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público. En consecuencia, los derechos por servicio de alumbrado público son verdaderas contribuciones establecidas por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución general. Las consideraciones anteriores se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P. 6, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CODIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República". En ese sentido, conviene acudir a los artículos 57 a 62 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, que establecen lo siguiente: Con base en los preceptos citados, la contribución por servicio de alumbrado público para el municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno se integra por los siguientes elementos: Sujeto: los beneficiarios del servicio de alumbrado público que proporcione el Municipio. Objeto: la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. Base: el importe del consumo que los propietarios o poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica. Época de pago: al momento de pagar el servicio de energía eléctrica prestado por la Comisión Federal de Electricidad. Tarifa: el 8% (ocho por ciento) para tarifas 01, 1a, 1b, 1c, 02, 03, y 07; y 4% (cuatro por ciento) para las tarifas OM, HM, HS, y HT Atento lo anterior, puede concluirse que la contribución analizada es inconstitucional pues las tasas del 8% y 4% se aplican directamente sobre el consumo de energía eléctrica. Esto es así, pues, como sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no existe una relación lógica entre el objeto -consumo de la energía eléctrica- y la base -cantidad que debe pagarse por el alumbrado público- del concepto reclamado. Por tanto, se trata de una contribución establecida por el Congreso local al consumo de energía eléctrica con lo cual se invaden las facultades de la federación, en una clara contravención al artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a) de la Constitución general. Por lo antes expuesto es que en el presente asunto debe concederse el amparo y protección de la justicia federal por cuanto al acto de aplicación de ese ordenamiento. Debe mencionarse que la parte quejosa acreditó haber cubierto la contribución impuesta mediante el cobro del porcentaje relativo a la cuantificación del consumo de energía eléctrica establecido en el mencionado precepto. Dicha situación se corrobora con las constancias que remitió la CFE Empresa Productiva Subsidiaria, con las cuales se aprecia el pago por concepto de "Importe DAP", realizado de manera conjunta con el correspondiente al servicio de suministro de energía eléctrica. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa hubiere realizado un pago centralizado, pues en todo caso, al realizar esa erogación, también cubrió lo correspondiente por el derecho de alumbrado público relacionado con el número de suministro de energía eléctrica motivo de este juicio. No pasa inadvertido que el artículo 115, fracción III, inciso b) y IV, inciso c) de la Constitución general establece que, las legislaturas de los Estados podrán fijar las contribuciones que correspondan a los municipios por concepto de los servicios que deben prestar (entre los que se encuentra el de alumbrado público). Pero la inconstitucionalidad del cobro del derecho de alumbrado público establecido en la Ley Ingresos del Municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca para el ejercicio fiscal 2021 que contempla un pago por el derecho de alumbrado público radica en que el cobro de la contribución de ese concepto se aplica directamente sobre el consumo de energía eléctrica de los particulares, en una clara contravención al artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a) de la Constitución general, por tratarse de una facultad reservada a la federación. Es decir, este órgano jurisdiccional no desconoce que el congreso local tiene facultades para implementar el pago del derecho de alumbrado público, siempre y cuando observe los principios previstos en el artículo 31, fracción IV constitucional. No obstante, la contribución por ese concepto no podrá realizarla con base en el consumo de energía eléctrica de las y los gobernados, pues, como se sostuvo en líneas anteriores, no existe ninguna relación entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público. Por lo antes expuesto, este juzgador estima innecesario entrar al estudio del resto de los conceptos de violación formulados en el escrito de demanda, en virtud de que en nada variaría el sentido de la presente sentencia, además de que no se obtendría un mayor beneficio al alcanzado en esta determinación. Tiene aplicación, la jurisprudencia VI.2o.J/7, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que dice lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia". SEXTO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundado el concepto de violación analizado lo procedente es conceder el amparo solicitado por Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para los siguientes efectos: 1) El Tesorero Municipal de Ejutla de Crespo, Oaxaca, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del auto por el que esta resolución cause ejecutoria, devuelva exclusivamente la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo al número de servicio que aparece en la facturación electrónica 683151101003, por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno, que equivale a la cantidad de $31.75 (treinta y un pesos 75/100 m.n.), debidamente actualizada, de conformidad con lo previsto en el artículo 43, del Código Fiscal para el estado de Oaxaca, que dice lo siguiente: "ARTICULO 43.- La autoridad fiscal una vez recibida la solicitud de devolución, emitirá resolución dentro de los tres meses siguientes. De ser procedente, la misma deberá efectuarse sobre los montos actualizados, desde la fecha en que se hizo el pago en exceso o indebido, hasta que el importe de que se trata se haga efectivo". Del artículo anterior se desprende que las devoluciones a cargo del Fisco estatal deberá efectuarse sobre los montos actualizados desde la fecha en que se realizó el pago de lo indebido y hasta aquel en que la devolución esté a disposición del contribuyente. Para robustecer lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 13/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.XXVII. J/1 A (11a.), del Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito que dice: "DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO. LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO POR LA DECLARACIÓN DE SU INCONSTITUCIONALIDAD POR JURISPRUDENCIA TEMÁTICA, SE AGOTAN CON LA DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD ENTERADA ACTUALIZADA, SIN QUE PROCEDA EL PAGO DE INTERESES Y RECARGOS (CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios divergentes respecto del alcance de los efectos restitutorios de la sentencia que concedió el amparo contra el derecho de alumbrado público declarado inconstitucional por jurisprudencia temática, pues uno de los Tribunales Colegiados sostuvo que tales efectos se cumplen con el reintegro al quejoso de la cantidad enterada actualizada, sin que proceda el pago de intereses y recargos, mientras que los otros sostuvieron que además de la devolución del pago actualizado, deben sumarse el pago de intereses y recargos. Criterio jurídico: El Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito determina que los efectos de la sentencia que otorga el amparo contra el derecho de alumbrado público declarado inconstitucional por jurisprudencia temática, están satisfechos con la devolución al quejoso de la cantidad enterada con su respectiva actualización, sin que sea procedente el pago de intereses y recargos. Justificación: En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el efecto de una sentencia de amparo contra una ley fiscal se agota al devolver al quejoso la cantidad enterada actualizada, de ahí que no puede comprender el pago de intereses y recargos pues además de que ello rebasaría el objeto de la protección federal, los artículos 25 a 28 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, no prevén expresamente la procedencia del pago de intereses y recargos como indemnización al contribuyente por el retardo en la devolución del derecho de alumbrado público declarado inconstitucional en la sentencia de amparo". 2) No se le apliquen los preceptos impugnados respecto del periodo en el que estén vigentes y, por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, por lo que a ese periodo se refiere (dos mil veintiuno). En el entendido de que la concesión del amparo no exime a la parte peticionaria de amparo de seguir efectuando oportunamente el pago por concepto del uso de energía eléctrica que le sea proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad. Sirve de aplicación al caso concreto, la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido". Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, y para los efectos señalados en el considerando sexto de la misma. Notifíquese Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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