Marcelino Javier Montalvo Tinoco

Expediente 784/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
784/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Marcelino Javier Montalvo Tinoco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil veinte. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió la sentencia emitida en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ....

  2. Principal

    S E N T E N C I A , en el juicio de amparo indirecto 784/2020, promovido por Marcelino Javier Montalvo Tinoco en contra de los actos reclamados del Tribunal de Arbitraje, Gobernador y Consejero Jurídico del Gobierno, todos del Estado de Puebla; y, A N T E C E D E N T E S : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido el día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, Marcelino Javier Montalvo Tinoco promovió juicio de amparo, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES DEMANDADAS: MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO (.) Luis Miguel G. Barbosa Huerta GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA. (.) Ricardo Velázquez Cruz Consejería Jurídica (.) IV. OMISIONES Y ACTOS QUE SE RECLAMAN: La falta de cumplimiento del LAUDO que conlleva DESDE EL CIERRE DE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO, hasta el ordenar el PAGO de las INDEMNIZACIONES, la inactividad y la falta de acceso a la justicia por orden del gobierno estatal, incumpliendo las leyes laborales, principalmente con lo establecido en los artículos 102, 107 y 108 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, hasta el incumplimiento de las dependencias estatales de acatar y cumplir los laudos, conforme lo ordena el artículo 108 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, considerando que el laudo ha quedado firme, y ya contaba con fecha de PAGO, la que se dejó sin efectos derivado de la contingencia, sin embargo se debe ordenar su ejecución, en acatamiento a la ley que lo prevé y a los ordenamientos internacionales. (.)" SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito radicó la demanda de amparo con el número 784/2020; la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; dio al Fiscal Ejecutivo Asistente adscrito la intervención legal que le compete; y, señaló fecha para que tuviere verificativo la audiencia constitucional, misma que -previo diferimiento- se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales del Estado de Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo y; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en lo dispuesto en los Acuerdos Generales 8/2013 y 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos omisivos derivados de un juicio laboral tramitado dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En principio, es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril 2004, página 255, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que el quejoso reclama del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla: La omisión de ordenar la ejecución del laudo emitido dentro del juicio laboral burocrático D-408/2012, de su índice. Del Gobernador y Consejero Jurídico del Gobierno, ambos del Estado de Puebla: La omisión de dar cumplimiento al laudo emitido dentro del juicio laboral burocrático D-408/2012, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, en primer término se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, página 68, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.". En ese orden, las autoridades responsables Gobernador y Consejero Jurídico del Gobierno, ambos del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de dar cumplimiento al laudo emitido dentro del juicio laboral burocrático D-408/2012, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Como se observa, en el caso concreto, se reclama una abstención u omisión por parte del Gobernador y Consejero Jurídico del Gobierno, ambos del Estado de Puebla, que se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito -cuya parte conducente se transcribirá más adelante- resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, es pertinente que en este capítulo, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Las consideraciones de la ejecutoria en comento, en la parte conducente, disponen: ". VI. Estudio de contradicción. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa". Tal ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 59, octubre de 2018, tomo I, página 926, que de rubro y texto dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, el Gobernador y Consejero Jurídico del Gobierno, ambos del Estado de Puebla, no se encuentran en condiciones de dar cumplimiento al laudo emitido dentro del juicio laboral burocrático D-408/2012, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Lo anterior, toda vez que de la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veinte, emitida dentro del juicio laboral burocrático D-408/2012, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla -que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo-, se advierte que la autoridad laboral señaló las catorce horas del siete de diciembre de dos mil veinte para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento de pago y las catorce horas del dos de diciembre de dos mil veinte para la diligencia de reinstalación de la actora, sin que dichas datas hayan acontecido, además de que el Gobernador y Consejero Jurídico del Gobierno, ambos del Estado de Puebla, no fueron requeridos para esto, dado que se requirió a la Secretaría de Economía para realizar el pago condenado y a la Secretaría de Planeación y Finanzas para reinstalar a la parte actora. De lo que se colige que el Gobernador y Consejero Jurídico del Gobierno, ambos del Estado de Puebla, no se encuentran en aptitud legal de dar cumplimiento al laudo emitido dentro del juicio laboral burocrático de origen, pues no han acontecido las fechas establecidas por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla para aquello, máxime que no se les impuso esa obligación. Por tanto, el acto reclamado deviene inexistente. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado del Gobernador y Consejero Jurídico del Gobierno, ambos del Estado de Puebla, consistente en la omisión de dar cumplimiento al laudo emitido dentro del juicio laboral burocrático D-408/2012, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de ordenar la ejecución del laudo emitido dentro del juicio laboral burocrático D-408/2012, de su índice. Sin embargo, se corrobora la certeza del acto con la copia certificada de la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veinte, emitida dentro del juicio laboral burocrático D-408/2012, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla -que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo-, de la que se advierte que la autoridad responsable señaló nueva data para efectuar la diligencia de requerimiento de pago y la reinstalación correspondiente; de ahí que el acto reclamado es cierto. QUINTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Por disposición expresa del artículo 62 de la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar de oficio las causales de improcedencia que se adviertan en el juicio de amparo, aunado a que las partes aleguen o no la actualización de las mismas, esto por tratarse de cuestiones de orden público. En ese orden, este órgano jurisdiccional, de manera oficiosa, estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de ordenar la ejecución del laudo emitido dentro del juicio laboral burocrático D-408/2012, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Aunado que, el tribunal responsable hace valer la causal de improcedencia correspondiente a la cesación del acto reclamado, lo cual resulta fundado. Al respecto, es pertinente invocar el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presentan en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte promovente en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Así, de la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veinte, emitida dentro del juicio laboral burocrático D-408/2012, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla -que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo-, se advierte que el tribunal responsable señaló las catorce horas del siete de diciembre de dos mil veinte para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento de pago y las catorce horas del día dos de diciembre de dos mil veinte para la diligencia de reinstalación; de ahí que los efectos de dicho acto reclamado han cesado. Esto, por haber sido destruidos completamente los motivos de vulneración a la esfera jurídica del quejoso; así que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional. Es decir, como si la omisión no hubiere invadido los derechos del particular, o habiéndolos irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, tomo IX, de junio de mil novecientos noventa y nueve, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente asunto, por cuanto hace al acto reclamado del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de ordenar la ejecución del laudo emitido dentro del juicio laboral burocrático D-408/2012, de su índice, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del citado ordenamiento legal. En virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por el aquí quejoso, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 239006, página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que de rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Marcelino Javier Montalvo Tinoco, en contra de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Rolando Hernández Hernández, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veinte. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de veintiséisde octubre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y a la fecha el plazo de ocho días que establece el mismo está transcurriendo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, de rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." ....

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, del Magistrado Presidente, Magistrado representante del Estado y Magistrada representante de los Trabajadores, en representación del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual rinden el informe justificado correspondiente, designan delegados y hacen valer causal de improcedencia. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En términos del artículo 9º de la citada ley, se les tiene designando como delegados a las personas que citan en el oficio que se acuerda. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se les tiene ofreciendo como pruebas copia certificada de diversas constancias del expediente laboral***, que acompañan en el informe justificado; mismas que serán relacionadas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, se tiene a la autoridad oficiante haciendo valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, de la que este juzgado de Distrito toma conocimiento. Notifíquese. ....

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