Marcelino Guzmán Damián

Expediente 1385/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1385/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Macedonio Guzmán Damián
  • Marcelino Guzmán Damián

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dos de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexos signados por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en la ciudad de Acapulco; por medio del cual remite copias del testimonio pronunciado en el recurso de queja administrativo 349/2022. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, la superioridad por mayoría de votos resolvió: ".ÚNICO. Es INFUNDADO el presente recurso de queja." En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: Conforme a lo estipulado por el artículo 20, fracción IV, del citado acuerdo, una vez transcurridos tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, este cuadernillo será DESTRUIBLE. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, por el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por Noé Narváez Magaña, autorizado de la parte quejosa, en contra del auto de auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo; mismo que quedó registrado como Recurso de Queja Administrativa 349/2022; lo que comunica en vía de notificación y para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por ******, autorizado de la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero y 100 de la Ley de Amparo, téngase a dicha parte interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, en turno y ríndase informe justificado, para lo cual se manifiesta que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio de amparo al rubro indicado, se desechó la demanda promovida por Macedonio Guzmán Damián, por conducto de su tutor provisional Macedonio Guzmán Damián, contra actos de los Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda presentado por ***, por conducto de su tutor provisional Macedonio Guzmán Damián, contra actos de los Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1385/2022. D E S E C H A M I E N T O . En principio, se advierte que el acto reclamado hecho valer por el quejoso consiste en: el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictado por la citada responsable en el cuaderno de antecedentes TJA/SS/025/2022. Por el cual, ordenó remitir los autos originales del expediente laboral 595/2019, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con motivo la incompetencia declarada por el órgano laboral, a la Sala Regional Acapulco I, para que conforme a derecho decida si acepta o no la competencia declinada, por ser la autoridad competente para conocer de la controversia de origen, dado el domicilio particular de la parte actora. Expuesto lo anterior, el suscrito juzgador considera que en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracciones V y VIII, todos de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados a contrario sensu. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: - - - [.] - - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - [.] - - - VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la parte quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que éstos, para ser calificados como irreparables, necesitan ineludiblemente producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Precisado lo anterior, es importante tomar en cuenta que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a), estableció que la instancia constitucional promovida en términos de la fracción VIII del numeral 107 de la Ley de Amparo, únicamente procede cuando los actos comprendidos en dicha norma sean definitivos, esto es, cuando el órgano a quien se le declina la competencia o el conocimiento del asunto la acepta -declinatoria-, o bien, cuando accede a inhibirse en el conocimiento de un asunto -inhibitoria-. Se invoca en sustento de lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". En este orden de ideas, como se precisó con anterioridad, en el presente caso se reclama el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, pronunciada por dicha responsable en el cuaderno de antecedentes TJA/SS/025/2022, por el cual ordenó remitir los autos originales del expediente laboral 595/2019, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con motivo la incompetencia declarada por el órgano laboral, a la Sala Regional Acapulco I, para que conforme a derecho decida si acepta o no la competencia declinada, por ser la autoridad competente para conocer de la controversia de origen, dado el domicilio de la parte actora, misma que no encuadra en el supuesto examinado para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Se afirma así porque la actuación impugnada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación ya que no afecta los derechos sustantivos del quejoso, pues no le impide el ejercicio de algún derecho; además, -en términos del criterio transcrito- en la excepción de incompetencia el acto definitivo será el pronunciamiento mediante el cual la autoridad que se estima competente acepte el conocimiento del asunto y esa determinación constituirá aquélla que podrá impugnarse en la vía de amparo indirecto; además, de que el tribunal declinado no está obligado a acatar la referida determinación y, por ende, a aceptar la competencia planteada, pues al ser una potestad con autonomía respecto de la sala declinante, es decir, de diversa jurisdicción a la del Tribunal de Justicia Administrativa de esta Entidad, no se encuentra subordinado a ésta. Apoya lo anterior, por las razones que contiene, la tesis XIX.1o.A.C.11 C (10ª), de título y contenido siguientes: "COMPETENCIA POR DECLINATORIA EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DECLARA FUNDADA LA EXCEPCIÓN RELATIVA Y ENVÍA LA DEMANDA A UN JUEZ CIVIL, RESPECTO DEL CUAL NO EJERCE JURISDICCIÓN, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. La tramitación de la excepción de incompetencia por declinatoria en el juicio oral mercantil, atiende al artículo 1390 Bis 34 del Código de Comercio. Ahora bien, si la autoridad responsable declaró como competente a un Juez civil residente en un lugar donde no ejerce jurisdicción, existe la posibilidad de suscitarse un conflicto competencial, lo que le quita el carácter de definitiva a la decisión reclamada constitucionalmente, incluso, sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, en términos de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, los actos definitivos susceptibles de impugnarse en sede constitucional, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria). Por tanto, la resolución que emita la autoridad responsable en un juicio oral mercantil, donde declara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria y envía la demanda a un Juez civil, respecto del cual no ejerce jurisdicción, no puede considerarse como definitiva para efectos de ser impugnada en el juicio de amparo indirecto. En efecto, del examen de los artículos 1100, 1114, fracción II, 1117 y el citado 1390 Bis 34 del Código de Comercio, que regulan la tramitación de esta figura procesal y siguiendo los lineamientos que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: 'AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).', se concluye que cuando se declare fundada la excepción de incompetencia por declinatoria y se ordena el envío a un Juez civil, respecto del cual la autoridad que la resuelve no ejerce jurisdicción, no puede ser una resolución definitiva para efectos del amparo indirecto, pues conforme al referido artículo 1100 del Código de Comercio, el Juez a quien se declina la competencia sí puede generar conflicto con el tribunal declinante, lo que le quita definitividad a la decisión que resuelve la declinatoria pues, en estos casos, la resolución definitiva será aquella que acepta la competencia declinada y no en la que se emite, por tanto, resulta improcedente el amparo indirecto promovido contra esta última al no producir una afectación personal y directa en la esfera de derechos del interesado, conforme al artículo 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo". Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia anteriormente invocada, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la legislación de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS: Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, ***, **, ***, ***, **, **, ***, ***, ***, *** y ***, toda vez que cuenta con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En tal virtud, los señalados en último lugar, así como los que señala expresamente, solo se les tiene por autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las demás facultades que tienen los autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo. De igual manera, téngasele designando los correos electrónicos que señala en su escrito de cuenta, para que por ese medio se le hagan llegar las notificaciones respectivas. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito los correos electrónicos proporcionados con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones a la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Notifíquese personalmente.

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