Marcelino Fernandez Tejedo
Expediente 585/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 42 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marcelino Fernandez Tejedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite los autos originales del presente juicio de amparo, junto con un tomo de prueba y el testimonio de la resolución dictada el ocho de febrero de dos mil veintiuno, en el incidente de inejecución de sentencia 4/2020, propuesto por este órgano de control constitucional mediante proveído de diecisiete de noviembre pasado, para la revisión de la resolución dictada el catorce de octubre de dos mil veinte, por la cual se determinó la existencia de una imposibilidad jurídica y material para cumplir de forma íntegra con el fallo protector. En efecto, dicho órgano colegiado confirmó la existencia de una imposibilidad para cumplir con la sentencia de amparo y, por ende, declaró sin materia el incidente de inejecución. Hágase del conocimiento de las partes que el referido incidente fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo: "(.) "ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de inejecución de sentencia. (.)" En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano colegiado oficiante, glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este asunto como concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada -provisional y definitiva-, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes físicos, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Dígase a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para recuperar y recoger las documentales que acompañó en sus escritos recibidos el veinticinco de junio de dos mil diecinueve y el diez de enero de dos mil veinte; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar los registros de audio y video, que remitió el juez responsable, en atención a su informe justificado y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolver a 1. Juan Jesús Gutiérrez Estrada, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla; dos discos versátiles digitales (DVD´S), que contienen los registros de audio y video de las audiencias de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve y veinticuatro de agosto de dos mil veinte, celebradas dentro de la causa penal 101/2019/CJP/PUEBLA de su índice; lo anterior, previa certificación de desglose. De igual forma, ya que resulta innecesario guardar la copia certificada de las anotaciones realizadas en los folios electrónicos 0033751-1 y 0033752-1, con la cual se formó el anexo I; se ordena devolver dicha constancia al 3. Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla. No ha lugar a solicitar acuse de recibo a las autoridades antes mencionadas, toda vez que se encuentran en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar los oficios respectivos, cerciorarse que en el acuse de cada misiva, se haga constar la entrega de los anexos correspondientes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por conducto José Federico González Sánchez -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-, por lista a los terceros interesados -imputados de origen-; por oficio a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Tribunal Colegiado oficiante en vía de acuse; y, por cualquier medio de comunicación interna al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional que le corresponda notificar al juez y al registrador público responsables.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, mediante el cual comunica la admisión del incidente de inejecución de sentencia propuesto por este órgano de control constitucional mediante proveído de diecisiete de noviembre pasado, para la revisión de la resolución dictada el catorce de octubre de dos mil veinte, por la cual se determinó la existencia de una imposibilidad jurídica y material para cumplir de forma íntegra con el fallo protector; radicado bajo el número de expediente 4/2020 de su índice. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por conducto José Federico González Sánchez -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; y, por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el catorce de octubre de dos mil veinte, mediante la cual se determinó la existencia de una imposibilidad jurídica y material para cumplir de forma íntegra con el fallo protector, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó al tercero interesado 3. Agustín Carpinteyro González y otros, por conducto de su defensor Antonio Hernández Santel, el veintiuno de octubre de dos mil veinte, surtió efectos el veintidós siguiente y el aludido plazo transcurrió del veintitrés de octubre al trece de noviembre de dos mil veinte, previo descuento de los siguientes días: i) veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de octubre, así como uno, siete y ocho de noviembre, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) uno de noviembre, declarado inhábil por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de veintiocho de octubre de dos mil veinte, comunicada mediante circular 17/2020 del Secretario Ejecutivo del propio Consejo. Ahora bien, debe decirse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 272/2016, señaló que en términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito consideraba que una sentencia de amparo indirecto era de imposible cumplimiento, debía esperar a que transcurriera el plazo de quince días previsto en el numeral 202 de la ley citada, y si no se interponía recurso de inconformidad, debía aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que correspondiera, quien los recibiría, notificaría a las partes su radicación, revisaría el trámite del Juez del conocimiento y emitiría una resolución en la que determinara la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento. Ello, porque así se aseguraba que una determinación de tal naturaleza fuera revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo era el Tribunal Colegiado de Circuito. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia de Penal en Turno del Sexto Circuito (junto con un anexo de pruebas), para la revisión de la resolución dictada el catorce de octubre de dos mil veinte, por la cual se determinó la existencia de una imposibilidad jurídica y material para cumplir de forma íntegra con el fallo protector. Fórmese cuaderno de antecedentes con la impresión de esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; vía electrónica a la parte quejosa, por conducto José Federico González Sánchez -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; y, por lista a los terceros interesados 3. Agustín Carpinteyro González, 4. Demetrio Enríquez Gudiño, 5. Flavio Vargas Pérez, 6. Ignacio Gómez Hernández, 7. Juan Hernández Gómez, 8. Cipriano Meza Silva, 9. Ignacio Gómez Rosario, 10. Gaudencio Meneses Ramírez, 11. Juan Meneses Pérez, 12. Ernesto Meneses Rodríguez, 13. José Luis Meza Silva, 14. Adrián Granillo Altamirano, 15. Juan Hernández Herrera, 16. Ramiro Hernández Gómez, 17. Filiberto Hernández Herrera, 18. Ángel Pérez Morales, 19. Eulalio González Pérez, 20. Genaro Gómez Hernández, 21. Luis Felipe Martínez Meneses, 22. Gabriel Gómez Hernández, 23. Cecilio Villa Ponce, 24. José Fermín Sánchez Pérez, 25. Sebastián Gómez Hernández, 26. Melesio Gómez Zaragoza, 27. Sergio Ramírez Morales, 28. Irineo Gómez Rosario, 29. Edmundo Hernández León, 30. Omar Gómez Zaragoza, 31. Romualdo Pérez Uvera, 32. Palermon Gómez Rosario, 33. Martín Gómez Hernández, 34. Óscar Pérez Vargas, 35. Melecio Gómez Rosario, 36. Herón Gómez Rosario, 37. Rubén Meneses Pérez, 38. Trinidad Gómez Hernández, 39. Rodolfo Meza Silva, 40. Valentín Hernández López, 41. Manuel Pérez Morales, 42. Saúl Hernández López, 43. Miguel Ángel Hernández Gómez y 44. Rigoberto Hernández Gómez, por conducto de su defensor Antonio Hernández Santel; así como a los diversos terceros interesados 1. Jaime Sánchez Coyoli y 2. Gerardo Armando Sánchez Coyoli.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando dicha vista únicamente la parte quejosa. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos y tomando en consideración lo manifestado por la parte quejosa. 1. Antecedentes. Mediante sentencia dictada el trece de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo al quejoso Marcelino Fernández Tejedo, respecto de los actos siguientes: La determinación que confirmó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 6456/2018/ZC y el sobreseimiento del asunto, dictada en audiencia oral de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente de control judicial 101/2019/CJP/PUEBLA; y, Su ejecución, consistente en la confirmación de la cancelación de las anotaciones preventivas inscritas en los folios electrónicos 0033751-1 y 0033752-1 del Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, realizadas con motivo de la investigación penal en la citada indagatoria. Para el fin de que 1. Juan Jesús Gutiérrez Estrada, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, cumpliera con los efectos precisados en el propio fallo protector. Inconforme con dicha determinación, Antonio Hernández Santel, defensor particular del tercero interesado 3. Agustín Carpinteyro González y otros -parte imputada de origen-, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 43/2020, en donde mediante ejecutoria dictada el doce de junio de dos mil veinte confirmó la sentencia sujeta a revisión. En ese tenor, por acuerdo emitido el trece de agosto de dos mil veinte, se requirió al juez responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficios 15014/2020/JC y 15346/2020/JC, la autoridad responsable informó el cumplimiento dado al fallo protector y, en auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte , se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. En resolución emitida el ocho de septiembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional se pronunció sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en el sentido de que existía defecto en el cumplimiento de la misma, al no existir constancia de que el registrador público responsable hubiera realizado nuevamente las anotaciones marginales en los folios electrónicos 0033751-1 y 0033752-1, las cuales se cancelaron por virtud del no ejercicio de la acción penal impugnado a través del medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en consecuencia, se requirió nuevamente su debido acatamiento. A través del oficio 18417/2020/J, el juez de origen informó nuevamente el cumplimiento dado al fallo protector y, en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de trece de enero de dos mil veinte -confirmada en sus términos por el Tribunal de Alzada-, se declaró inconstitucional la determinación de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictada en audiencia oral celebrada en el expediente de control judicial 101/2019/CJP/PUEBLA, en la que se confirmó el no ejercicio de la acción penal y el sobreseimiento del asunto, por violar los derechos de la víctima a la justicia y a la eventual reparación del daño, consagrados en el artículo 20, Apartado C, Constitucional, por lo que se concedió al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución, porque no se combatieron por vicios propios, sino con motivo de la resolución emitida por la autoridad ordenadora. En efecto, en dicha sentencia se estimó -esencialmente- que tanto la fiscal como el juez de origen realizaron una incorrecta interpretación del artículo 404, fracción IX, del Código Penal del Estado de Puebla, el cual establece textualmente que también comete el delito de fraude -y será sancionado por ello- el que simule un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio indebido. Así, se estableció que la consideración del juez de control se encontraba apartada del derecho, cuando sostuvo que por ser reales el juicio laboral y sus consecuencias jurídicas -el remate de bienes- no había existido una simulación, pues precisamente el agraviado se dolía de la existencia del citado controvertido, el cual -refirió- se entabló por una simulación entre la parte actora y la parte demandada para evadir una obligación contraída por la última en un juicio civil hipotecario, en donde resultó condenada y se ordenó la adjudicación de los bienes a la ahora parte agraviada, pero que con posterioridad también fueron embargados en el juicio laboral para cubrir el adeudo a los supuestos trabajadores. Justamente, se destacó que el agraviado denunció la simulación de un juicio laboral, de modo que de establecerse con datos de prueba la actitud bilateral de las diversas partes con aparentes intereses opuestos con el objeto de causar un perjuicio a otro u obtener cualquier beneficio indebido, se podría -en su momento- ejercitar acción penal por hechos con apariencia del delito de fraude específico, previsto en el artículo 404, fracción IX, del código punitivo local. En tal virtud, se concluyó que fue incorrecto que juez de control determinara que como el juicio laboral existió y tuvo consecuencias jurídicas, no podía existir la simulación, ya que justamente la materialización del juicio tildado de simulado y sus consecuencias son las que pudieron provocar un perjuicio a un tercero o la obtención de un beneficio indebido. De ahí que, el juez de control -se dijo- debió declarar fundado el medio de impugnación promovido por el agraviado -por conducto de su apoderado legal-, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del propio código nacional, invocada por la fiscal en su determinación del no ejercicio de la acción penal -dictada el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve- y, por ende, debió ordenar al agente del ministerio público el desahogo de los actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos denunciados. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que el juez responsable: Dejara sin efectos la resolución que confirmó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 6456/2018/ZC y el sobreseimiento del asunto, dictada en audiencia oral de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente de control judicial 101/2019/CJP/PUEBLA, y señalara nueva fecha para la audiencia correspondiente. Luego, con base en lo considerado en la sentencia de amparo, en dicha audiencia oral debía dictar otra resolución, en la que reiteraría todo lo manifestado por las partes en el debate que se sostuvo el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve y, después, declarar fundado el medio de impugnación hecho valer en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por ende, revocar la determinación de no ejercicio de la acción y sobreseimiento, decretada el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación 6456/2018/ZC. ? Enseguida, debía ordenar al agente del ministerio público que: a) continuara con la investigación de los hechos denunciados, conforme a su facultad prevista en el artículo 21 Constitucional; y, b) girara oficio al Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, para que nuevamente realizara las anotaciones marginales en los folios electrónicos 0033751-1 y 0033752-1 en virtud de la investigación criminal en curso en la aludida carpeta de investigación. Finalmente, se precisó que el fiscal estaba en aptitud de determinar nuevamente el no ejercicio de la acción penal con posterioridad, si consideraba actualizada alguna de las causales de sobreseimiento contempladas en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso, podría hacerlo invocando la normada en fracción II; sin embargo, para ello debía variar su motivación, es decir, acreditar que el hecho denunciado no constituye delito con base en los datos de prueba recabados y no únicamente tomando en consideración lo manifestado en la querella, como lo hizo en el acto impugnado ordinariamente. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. La autoridad responsable 1. Juan Jesús Gutiérrez Estrada, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: 1. En acuerdo dictado el veinte de agosto de dos mil veinte, dentro expediente de control judicial 101/2019/CJP/PUEBLA de su índice, señaló las nueve horas con cero minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veinte para la celebración de la audiencia oral en la que se daría cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 2. En audiencia oral de veinticuatro de dos mil veinte de dos mil veinte, celebrada en el citado expediente de control judicial, se realizó -en lo que interesa- lo siguiente: 2.1 Dejó sin efectos la resolución que confirmó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 6456/2018/ZC y el sobreseimiento del asunto, dictada en audiencia oral de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente de control judicial 101/2019/CJP/PUEBLA. 2.2. Luego, con base en lo considerado en la sentencia de amparo, reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate que se sostuvo el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve y, después, declaró fundado el medio de impugnación hecho valer en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por ende, revocó la determinación de no ejercicio de la acción y sobreseimiento, decretada el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación 6456/2018/ZC. 2.3. Enseguida, ordenó al agente del ministerio público: a) continuar con la investigación de los hechos denunciados, conforme a su facultad prevista en el artículo 21 Constitucional; y, b) girar oficio al Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, para que nuevamente realizara las anotaciones marginales en los folios electrónicos 0033751-1 y 0033752-1 en virtud de la investigación criminal en curso en la aludida carpeta de investigación. 2.4. Hizo saber al fiscal que estaba en aptitud de determinar nuevamente el no ejercicio de la acción penal con posterioridad, si consideraba actualizada alguna de las causales de sobreseimiento contempladas en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso, que podría hacerlo invocando la normada en fracción II; sin embargo, que para ello debía variar su motivación, es decir, acreditar que el hecho denunciado no constituía delito con base en los datos de prueba recabados y no únicamente tomando en consideración lo manifestado en la querella. 3. Mediante oficio 18417/2020/JC de catorce de septiembre de dos mil veinte acreditó lo siguiente: 3.1. Que el 3. Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla -autoridad responsable ejecutora- realizó nuevamente la anotación marginal en el folio electrónico 0033752-1, correspondiente al bien identificado como terreno número 2, de la Colonia Amor, a orillas y poniente, localidad Resurrección del Municipio de Puebla. 3.2. Que -en cambio- no se pudo realizar la anotación marginal en el diverso folio electrónico 0033751-1, correspondiente al bien identificado como predio número 1, número 3320, de la Calzada o Boulevard Hermanos Serdán, ciudad de Puebla, en virtud de que se realizaron tres segregaciones y ventas que agotaron la superficie, previas a la ejecutoria de amparo. 3. Desahogo a la vista otorgada. José Federico González Sánchez -autorizado de la parte quejosa en términos amplios de artículo 12 de la Ley de Amparo-, mediante escrito recibido el veintiocho de septiembre de dos mil veinte -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, desahogó la vista concedida por auto de veintiuno de septiembre del año en curso, en donde adujo -esencialmente- lo siguiente: Que uno de los efectos de la ejecutoria de amparo, consistió en girar oficio al Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, para que nuevamente realizara las anotaciones marginales en los folios electrónicos 0033751-1 y 0033752-1 ante la investigación criminal en curso en la carpeta de investigación de origen. Que en virtud de lo anterior, las anotaciones marginales no se encuentran condicionadas a la titularidad de la propiedad de los bienes inmuebles que describen o describían dichos folios electrónicos, por lo que las responsables deben realizar las anotaciones sin importar que los bienes hayan sido vendidos. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que existe imposibilidad jurídica y material para que la autoridad responsable cumpla en su totalidad con el fallo protector, tomando en consideración que si bien cumplió con el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, lo cierto es que no es posible la realización de una anotación marginal ordenada en la propia sentencia. Se explica. El juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: A. Dejó sin efectos el acto reclamado; B. Declaró fundado el medio de impugnación hecho valer en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por ende, revocó la determinación de no ejercicio de la acción y sobreseimiento, decretada el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación 6456/2018/ZC; C. Ordenó al agente del ministerio público: a) continuar con la investigación de los hechos denunciados, conforme a su facultad prevista en el artículo 21 Constitucional; y, b) girar oficio al Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, para que nuevamente realizara las anotaciones marginales en los folios electrónicos 0033751-1 y 0033752-1 en virtud de la investigación criminal en curso en la aludida carpeta de investigación; e, D. Hizo saber al fiscal que estaba en aptitud de determinar nuevamente el no ejercicio de la acción penal con posterioridad, si consideraba actualizada alguna de las causales de sobreseimiento contempladas en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso, que podría hacerlo invocando la normada en fracción II; sin embargo, para ello debía variar su motivación, es decir, acreditar que el hecho denunciado no constituía delito con base en los datos de prueba recabados y no únicamente tomando en consideración lo manifestado en la querella. Sin embargo, el juez de origen únicamente pudo acreditar que se realizó la anotación marginal en el folio electrónico 0033752-1, correspondiente al bien identificado como terreno número 2, de la Colonia Amor, a orillas y poniente, localidad Resurrección del Municipio de Puebla, y no en el diverso folio electrónico 0033751-1, correspondiente al bien identificado como predio número 1, número 3320, de la Calzada o Boulevard Hermanos Serdán, ciudad de Puebla. Al respecto, debe decirse que el agraviado Marcelino Fernández Tejedo, por conducto de su apoderado legal, denunció ante el agente del ministerio público la probable comisión -en su perjuicio- de hechos con apariencia del delito de fraude específico, previsto por el artículo 404, fracción IX, del Código Penal del Estado de Puebla, en razón de lo siguiente: Que Marcelino Fernández Tejedo, desde el tres de diciembre de dos mil tres, es cesionario de los derechos hipotecarios de la institución crediticia BBVA Bancomer, misma que gozaba de garantía real hipotecaria sobre los bienes inmuebles identificados como predio uno del Boulevard Hermanos Serdán, número 3320, con folio real inmobiliario 33751; y, predio dos ubicado en la Colonia Amor, a orillas hacia el poniente con folio real inmobiliario 33752, propiedad de Armando Sánchez Coyoli, Jaime Sánchez Coyoli y la moral Hermanos Sánchez, Sociedad Anónima de Capital Variable. Que la acción hipotecaria fue ejercida ante el Juzgado Quincuagésimo de lo Civil de la Ciudad de México en contra de Armando Sánchez Coyoli, Jaime Sánchez Coyoli y la moral Hermanos Sánchez, Sociedad Anónima de Capital Variable, radicándose el número de expediente 499/2004, en donde mediante sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil cinco se condenó a los demandados y, con posterioridad, se ordenó el trance y remate de los aludidos inmuebles y se actualizó la condena por la cantidad de $88,619,911.90 (ocho millones seiscientos diecinueve mil novecientos once pesos, novena centavos, moneda nacional), mediante interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil ocho. Que los referidos demandados -en su carácter de patrones-, con el fin de evitar el pago y cumplimiento del contrato de hipoteca y de la sentencia condenatoria emitida en su contra, simularon un juicio laboral junto con Agustín Carpinteyro González y otros -en su carácter de trabajadores-, el cual se radicó con el número de expediente D-8/118/2013, del índice de la Junta Especial Número Ocho de las que integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con sede en Teziutlán, en donde los trabajadores -parte actora- obtuvieron un laudo favorable y en donde, durante la etapa de remate, se ordenó la adjudicación en su favor de los citados inmuebles. Entonces señaló que la única forma de que los demandados Armando Sánchez Coyoli, Jaime Sánchez Coyoli y la moral Hermanos Sánchez, Sociedad Anónima de Capital Variable, pudieran evadir sus obligaciones era a través de la simulación del citado controvertido laboral, en donde los actores obtuvieron un crédito preferente a los demás como los derivados de créditos hipotecarios, conforme al artículo 123, Apartado A, fracción XXII, de la Constitución Federal, por derivar de sueldos devengados. Para convencer sobre la simulación del juicio laboral, señaló, entre otras cuestiones, que le resultaba inverosímil lo siguiente: i) que los trabajadores -actores en el juicio laboral- declararon que percibían un su salario por la cantidad de $84,120.00 (ochenta y cuatro mil ciento veinte pesos, cero centavos, moneda nacional) de forma mensual, cuando su oficio era el de albañilería; ii) que el certificado registral para embargar los inmuebles en el juicio laboral fue solicitado por el propio demandado Jaime Sánchez Coyoli y, luego, éste lo entregó a los trabajadores para que promovieran lo conducente en el controvertido laboral, formulando el siguiente cuestionamiento ¿quién en su sano juicio tramita un certificado registral para entregárselo a su contraparte para que ésta solicite el embargo de sus bienes?; y, iii) que en dicho certificado -extrañamente- no se encontraba el asiento de que Marcelino Fernández Tejedo tenía la cesión de derechos de las hipotecas de los citados inmuebles, razón por la que no se le pudo emplazar al procedimiento del remate en el juicio laboral. En ese tenor, era de suma importancia que sobre los aludidos bienes no se pudieran ejercer actos de dominio durante el tiempo que durara la investigación o, en su caso, el juicio criminal, lo cual se lograba a través de las anotaciones marginales efectuadas en su momento por el agente del ministerio público.De ahí que este órgano jurisdiccional, al declarar inconstitucional la confirmación del no ejercicio de la acción penal reclamada, concedió el amparo para que se efectuarán nuevamente las anotaciones marginales respectivas; sin embargo, una de ellas no se logró registrar por motivos originados antes de que la sentencia de amparo fuera emitida -trece de enero de dos mil veinte- y de que ésta fuera confirmada por el Tribunal de Alzada -doce de junio de dos mil veinte-. En efecto, la autoridad registral comunicó que el bien inmueble registrado con el folio electrónico 0033751-1, tuvo diversas segregaciones y ventas que agotaron la superficie del bien: la primera, inscrita el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, la segunda, inscrita el diez de septiembre de dos mil veinte; y la tercera, inscrita el seis de diciembre de dos mil diecinueve. Esto es, con anterioridad a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, tales circunstancias constituyen actos consumados de forma irreparable y debieron de hacerse del conocimiento de este órgano de control constitucional antes de la celebración de la audiencia constitucional, para que fueran tomadas en consideración con el propósito de modular, en su caso, los efectos de la sentencia de amparo; empero, no sucedió así, de modo que se constriñó a la autoridad responsable a ordenar que se realizaran las anotaciones marginales, con el objeto de que no se delapilaran los bienes que servirían para pagar a la parte quejosa la deuda civil descrita. Ahora bien, en esta etapa procesal, el hecho de que ya no se pueda realizar la anotación marginal porque sobre el bien se efectuaron actos de dominio que a la postre agotaron su superficie, materializa una imposibilidad tanto jurídica como material para tener por cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que no es posible factible asentar un gravamen de esa índole sobre un bien que, en primer lugar, ya no existe con las características asentadas en el folio registral original (imposibilidad material) y que, en segundo lugar, pasó a formar parte del patrimonio de terceros ajenos a la controversia penal (imposibilidad jurídica). En ese contexto, no se está en aptitud de restablecer íntegramente las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, en términos del artículo el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que -se reitera- existe la imposibilidad jurídica y material para cumplir de forma íntegra con el fallo protector. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos segundo y último del numeral 196 de la Ley de Amparo, de no interponer las partes recurso de inconformidad contra esta determinación, una vez transcurrido el plazo a que alude el diverso ordinal 202 de la ley de la materia, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que en turno corresponda, para que determine lo que en derecho corresponda. En apoyo a lo anterior se cita la siguiente jurisprudencia: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; personalmente a los terceros interesados 3. Agustín Carpinteyro González, 4. Demetrio Enríquez Gudiño, 5. Flavio Vargas Pérez, 6. Ignacio Gómez Hernández, 7. Juan Hernández Gómez, 8. Cipriano Meza Silva, 9. Ignacio Gómez Rosario, 10. Gaudencio Meneses Ramírez, 11. Juan Meneses Pérez, 12. Ernesto Meneses Rodríguez, 13. José Luis Meza Silva, 14. Adrián Granillo Altamirano, 15. Juan Hernández Herrera, 16. Ramiro Hernández Gómez, 17. Filiberto Hernández Herrera, 18. Ángel Pérez Morales, 19. Eulalio González Pérez, 20. Genaro Gómez Hernández, 21. Luis Felipe Martínez Meneses, 22. Gabriel Gómez Hernández, 23. Cecilio Villa Ponce, 24. José Fermín Sánchez Pérez, 25. Sebastián Gómez Hernández, 26. Melesio Gómez Zaragoza, 27. Sergio Ramírez Morales, 28. Irineo Gómez Rosario, 29. Edmundo Hernández León, 30. Omar Gómez Zaragoza, 31. Romualdo Pérez Uvera, 32. Palermon Gómez Rosario, 33. Martín Gómez Hernández, 34. Óscar Pérez Vargas, 35. Melecio Gómez Rosario, 36. Herón Gómez Rosario, 37. Rubén Meneses Pérez, 38. Trinidad Gómez Hernández, 39. Rodolfo Meza Silva, 40. Valentín Hernández López, 41. Manuel Pérez Morales, 42. Saúl Hernández López, 43. Miguel Ángel Hernández Gómez y 44. Rigoberto Hernández Gómez, por conducto de su defensor Antonio Hernández Santel; vía electrónica a la parte quejosa, por conducto José Federico González Sánchez -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; y, por lista a los diversos terceros interesados 1. Jaime Sánchez Coyoli y 2. Gerardo Armando Sánchez Coyoli -por haberse emplazado por edictos y no haber señalado domicilio para recibir notificaciones-.
Quedan 38 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Maoezrra Puente Burgueño1236/2022
- Marbel Hidalgo Aguilar770/2020
- Marbel Hidalgo Aguilar389/2016
- Marcela Mendoza Rodriguez1018/2016
- MARCELA TORRES AGUIRRE y Otros.650/2023
- Marcelino Espinosa Rodriguez1027/2018
- Marcelino Garcia Hernandez804/2022
- Marcelino Martinez Lopez228/2021
- Marcelino Nuñez Tlaczani777/2019
- Marcelino Perez Castro314/2021
- Marcelino Perez Castro791/2021
- Marcelino Perez Castro1070/2021