Marcelino Esquivel Galvan

Expediente 658/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
658/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Marcelino Esquivel Galvan
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que a la fecha no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio promovido por Marcelino Esquivel Galván; por tanto, se declara que la misma ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del arábigo 214 de la Ley de Amparo, previa revisión por la Secretaria de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE"), archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, inciso a), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 658/2022-7. Resultando Primero. Demanda. Por escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado al día siguiente a este juzgado, Marcelino Esquivel Galván solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, y otras autoridades. Segundo. Trámite. Mediante auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós se admitió la demanda, se registró en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 658/2022-7, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se otorgó al Agente del Ministerio Público de la Federación la participación que legalmente corresponde; y, por último, se señaló día y hora para que tuviera lugar la audiencia constitucional, la cual previo diferimientos, se verificó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. En este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, radica la competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse una omisión por parte de autoridad, con residencia dentro de la jurisdicción que ejerce este órgano jurisdiccional. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos de autoridad reclamados atendiendo a la integridad de la demanda a fin de aportar mayor claridad en la exposición del presente fallo. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional a la Junta Especial Número Cuatro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, y otras, la omisión de dictar acuerdo de radicación, en el que señale fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 1762/2021-4A, de su índice, dentro del plazo que prevé la ley de la materia. Tercero. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos que se atribuyen a las autoridades responsables Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Presidente de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, y Actuario adscrito, Presidenta de la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, y Actuario adscrito, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. De igual manera, no son ciertos los actos que se atribuyen al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, pues aunque el Presidente de dicha junta haya aceptado la existencia de los actos reclamados al rendir su informe justificado, así se advierte de las constancias existentes en el presente sumario constitucional del expediente laboral -- Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Acorde con ello, es posible advertir que al momento de la presentación de la demanda de amparo -dieciséis de mayo de dos mil veintidós-, no existía mandato para que el actuario responsable practicara el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, tal y como se desprende de las constancias remitidas por la responsable. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados y sin prueba de lo contrario que desvirtúe dicha negativa, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Cuarto. Existencia de actos. En términos del numeral 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, y Actuario adscrito, al ser omisas en rendir su informe justificado. Asimismo, son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, con sede en esta ciudad, por así advertirse del propio informe. Afirmación que se corrobora con las constancias previamente valoradas. Quinto. Causales de improcedencia Con base en el artículo 62 de la ley de la materia, al ser cuestión de orden público y estudio preferente, se aborda el análisis de la causa de improcedencia que, de oficio se advierte se actualiza respecto de los actos reclamados. Por lo que, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, y Actuario adscrito, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; El supuesto normativo trascrito establece la improcedencia del juicio en tratándose de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, es decir, porque no se produzca afectación real y actual en su esfera jurídica. Bajo ese contexto legal, en el caso, la improcedencia del juicio sobreviene por cuanto al quejoso no aportó medio de prueba alguno para acreditar que la omisión reclamada en el juicio laboral de origen, que trascienda de manera que perjudique su esfera de derechos. Por supuesto, conforme la carga demostrativa que establece el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, corresponde a la parte quejosa acreditar los siguientes extremos: a) La existencia de un juicio en el que sea parte; b) Que se encuentre en la etapa de admisión y desahogo de la audiencia trifásica; y, c) Que hubiese transcurrido el plazo que tenía la autoridad laboral para emitir las diligencias y/o el auto correspondiente. Lo anterior, con independencia de la presunción de certeza del acto reclamado, debido a que la falta de informe no releva a la quejosa de acreditar la inconstitucionalidad del mismo, habida cuenta que la falta de desahogo de diligencias o emisión del proveído correspondiente, no constituye un acto inconstitucional en sí mismo, por lo que era necesario que la parte quejosa aportara los medios idóneos para demostrarlo. Sobre el particular, cobra relevancia, por los motivos que la contienen, la jurisprudencia 2a./J. 50/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, página 304 (Registro 197499), que señala: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." De igual forma, es ilustrativa la tesis III.3o.(III Región) 24 L (9a.) del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Décima Época, página 675 (Registro 160677), que señala: "LAUDO. ASPECTOS DE FONDO DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE SU DICTADO. Cuando se reclama en amparo la omisión de dictar el laudo en el procedimiento laboral, la demostración del derecho afectado implica aspectos de fondo de la litis constitucional, en función de que el órgano de control constitucional debe tener presente: a) el tipo de acto reclamado; b) la naturaleza del derecho fundamental afectado así como el respectivo interés jurídico; c) la íntima conexión con la cuestión de constitucionalidad de fondo; y, d) lo inherente a justificar que el gobernado es parte en el juicio del que deriva el acto reclamado. En efecto, como el acto controvertido es la abstención de resolver (conducta de no hacer), el derecho violado es el relativo al acceso a una justicia pronta tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, es necesario verificar que el quejoso sea parte del procedimiento del cual deriva el acto reclamado y, que efectivamente exista un deber de la autoridad responsable de resolver en el tiempo o plazo estipulado al efecto, lo que se relaciona directamente con el estudio de fondo del asunto y con la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad atribuida. Lo anterior atiende a que en la ejecutoria en que tiene origen la jurisprudencia 2a./J. 50/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, página 304), se precisó que corresponde al agraviado demostrar la inconstitucionalidad atribuida, porque tal clase de actos no son violatorios de garantías en sí mismos. Ante ello, el Máximo Tribunal del País delimitó los aspectos mínimos que constituyen su carga de la prueba, a saber: a) que exista un juicio en el que sea parte; b) que dicho juicio esté en estado de resolución; y, c) que haya transcurrido el término legal del que dispone el órgano jurisdiccional para fallar, por lo que si falta alguno de esos presupuestos en función de que el quejoso no lo acreditó, el órgano de amparo no cuenta con elementos suficientes para concluir que fue violado el derecho fundamental señalado y tendría que negar el amparo solicitado, incluso, aunque hubiere operado la presunción de certeza del acto reclamado por falta de informe justificado, ya que la omisión de emitirlo, por cierta que resulte, no produce violación alguna de garantías individuales por sí sola sino que corresponde al afectado demostrar los supuestos referidos y, por ende, la inconstitucionalidad del acto reclamado. De ahí que corresponde al quejoso probar la inconstitucionalidad de la omisión de dictado del laudo y, por ende, los aspectos de fondo. Por tanto, la causal de improcedencia de falta de interés jurídico (artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo), que pretendiera alegarse estaría involucrada con el fondo del negocio ante el Juez constitucional, pero sería hasta esta fase de análisis de la litis constitucional donde habría la necesidad de verificar si quien acude al amparo es uno de los sujetos que concurrió al juicio laboral a deducir una controversia, por lo que una vez demostrado ese punto, es que puede advertirse si el afectado cuenta con la titularidad del derecho de pedir una justicia pronta, y analizar si fue afectado por la omisión de resolver el asunto según las condiciones específicas del caso, pero justamente al verificar lo inherente a si quedó demostrada su inconstitucionalidad por la quejosa." En tales condiciones, si no se advierte prueba de que el quejoso es parte en el procedimiento laboral de origen, deviene claro que no se configura afectación alguna sobre el derecho alegado por la parte quejosa. Consecuentemente, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el juicio en términos del numeral 65, fracción V, de la propia legislación. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, página 206 (Registro 2006144), que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." Ahora, respecto a los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, se estima actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De conformidad con la disposición legal transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Acorde con ello, de las constancias previamente valoradas es posible advertir que al momento de la presentación de la demanda de amparo -dieciséis de mayo de dos mil veintidós-, la autoridad responsable no había dictado acuerdo de radicación de la demanda laboral 1762/2021-4A de su índice, tal y como se desprende de las constancias remitidas por la responsable. Por lo que, de dichas constancias se advierte que en uno de agosto de la anualidad acordó en relación a la admisión de la demanda laboral de origen, así como señaló las diez horas con treinta minutos del veintidós de agosto de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. De ese modo, aun cuando la omisión reclamada quedó de manifiesto en la medida que a la presentación de la demanda origen de este juicio, el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se mantenía omisa en dictar acuerdo en el que señalara fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 1762/2021-4A, de su índice, dentro del plazo que prevé la ley de la materia, dicha actitud contumaz cesó en sus efectos de manera total una vez que en uno de agosto de la anualidad radicó dicho asunto, señalando fecha para el desahogo de la audiencia trifásica, tal como se advierte de las constancias remitidas por la responsable, lo que permite considerar como desaparecidos los efectos de la violación al principio de efectividad por calidad de cosa juzgada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el numeral 77 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, se reitera, se actualiza imposibilidad jurídica para el estudio sobre la inconstitucionalidad de la omisión reclamada, dado que cesaron en sus consecuencias. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la legislación aplicable, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo. En apoyo de la anterior determinación se invoca la jurisprudencia 2a./J. 9/98, publicada en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 79, 117, 119 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por --, contra actos de las autoridades responsables, y por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Moisés Astengo Palencia, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorización concedida mediante oficio CCJ/ST/1000/2022, de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, asistido de la Secretaria, Eudelia Anaya Briceño, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar fijar las nueve horas con cincuenta y siete minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, como la nueva hora y fecha para su celebración.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, tres de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el informe justificado que rinde la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California; con el mismo, dése vista a las partes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de éste en la audiencia constitucional. Luego, se tiene a la citada autoridad remitiendo copia certificada de las constancias con las que apoya su informe, consistente en las constancias que integran en el expediente laboral 1762/2021-4A, de su índice. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como prueba dichas documentales, mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de dar nueva cuenta con ellas al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva; asimismo, dese vista a las partes con la referida constancia.

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