Marcelino Espinoza Radilla

Expediente 160/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 34 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
160/2018
Año
2018
Actuaciones
34
Última actuación
02/10/2018

Partes del expediente

  • Marcelino Espinoza Radilla
  • Presidente de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en Acapulco, Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    SE TIENE POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DEVUELVE SIN DILIGENCIAR EL EXHORTO 422/2018 (639/2018), DEDUCIDO DEL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, GIRADO A EFECTO DE EMPLAZAR AL TERCERO INTERESADO, POR LAS RAZONES QUE ADUCE; EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR, SE ORDENA AGREGAR A LOS AUTOS SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO LA CITADA COMUNICACIÓN OFICIAL, EN RAZÓN DE QUE EL TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, Y POR AUTO DE VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE ÚLTIMO, CAUSÓ ESTADO AQUÉL, ORDENÁNDOSE EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. HÁGASE LA ANOTACIÓN DE BAJA EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). ACÚSESE EL RECIBO DE ESTILO. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 86, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE LAS PARTES HUBIEREN RECURRIDO EL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 355 Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EN TÉRMINOS DEL DISPOSITIVO 2°, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DECLARA QUE DICHO AUTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, HA CAUSADO ESTADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. POR TANTO, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE (SISE), Y ARCHÍVENSE LAS ACTUACIONES COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    AVISO. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE: Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta; agréguese a los autos el oficio mediante el cual la autoridad responsable Presidente de la Primer Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, remite copia certificada de la determinación de veinte de agosto del año en curso, dictada dentro del juicio laboral 866/1998, de su índice, de cuyo contenido se advierte que: Declaró ejecutoriado el laudo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete y decretó auto de requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $1,228,200.70 (un millón doscientos veintiocho mil doscientos pesos 70/100, moneda nacional), a la demandada Ferco Relojes y Servicios y otros, dentro del citado juicio laboral de origen. Circunstancias que, como más adelante se explica, generan la improcedencia del presente juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del amparo; en ese orden, quien aquí resuelve advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Al respecto, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Expuestas las anteriores premisas, se tiene que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La omisión de dictar auto de ejecución de laudo dentro del expediente laboral 866/1998, del índice de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. En esa virtud, de las constancias remitidas por la oficiante a esta instancia constitucional, mismas que ameritan valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su ordinal 2°, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se advierte que dentro del juicio de origen: Dictó auto de veinte de agoto de dos mil dieciocho, en el que declaró ejecutoriado el laudo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete y decretó auto de requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $1,228,200.70 (un millón doscientos veintiocho mil doscientos pesos 70/100, moneda nacional), a la demandada Ferco Relojes y Servicios y otros, dentro del citado juicio laboral de origen. Por tanto, es evidente que el acto que la parte quejosa reclama cesó en sus efectos, toda vez que la omisión que dio origen a este amparo dejo de causarle perjuicio y con ello quedó satisfecho los derechos tutelados por la norma constitucional que se consideró vulnerada, al emitirse las resoluciones cuya falta de dictado reclamó en esta vía. Así las cosas, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad del reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y, por tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa; consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, en términos de la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese personalmente. Lo proveyó José María Pliego Moreno, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el siete de agosto de dos mil dieciocho, según oficio CCJ/ST/3882/2018, asistido de Carlos Alberto Larumbe Ramírez, secretario que da fe.

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