Marcelino Emir Tello Ruíz
Expediente 958/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Marcelino Emir Tello Ruíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
PRAL 958/2023 MESA 1 Audiencia Constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con veintiún minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo ********************, como se ordenó en acuerdo de catorce de noviembre del año en curso, sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta esta etapa, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho. Asimismo, hace constar a) que no existe documento con el que deba darse cuenta y b) que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierto el período probatorio, se hace constar que la quejosa ofreció como prueba la documental consistente en el acuse de recibo de un escrito que se dirigió a la responsable, Dirección de Distribución de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, recibido el ********************. A lo que se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas las pruebas de que se trata, mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio; no existiendo pruebas por desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no presentó pedimento; se cierra esta etapa y se procede a emitir la siguiente: Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número ********************; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil veintitrés en el buzón judicial ubicado en la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio de San Bartolo Coyotepec, remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra: * La omisión de contestar su escrito presentado el ******************** relativo a la queja de ******************** que interpuso. * La omisión de respetar el ejercicio a su derecho de petición. Que atribuyó a la autoridad responsable, director de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de demanda de amparo. Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintitrés se ordenó formar expediente y registrarlo con el número de juicio de amparo ********************; se admitió a trámite dicha demanda, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes a la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, reformado por el diverso Acuerdo General 30/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil veintidós, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y el acto se reclama de una autoridad residente en la ciudad de Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo, es: * La omisión de contestar el escrito presentado el ******************** relativo a la queja de ******************** que interpuso, con su consecuente omisión de respetar el ejercicio del derecho de petición. Que atribuyó a la autoridad responsable, director de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, director de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, no rindió su informe justificado, no obstante que el nueve de octubre de dos mil veintitrés quedó notificada de esa petición, como se advierte de la constancia que obra en el expediente electrónico; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo se presume cierto el acto que se le atribuye. Cuarto. Análisis del asunto. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Concepto de violación. Atendiendo la causa de pedir, resulta fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, al señalar que no se han emitido actos firmes y tendientes a garantizar la efectividad y acceso al procedimiento de queja de pago por indemnización de responsabilidad patrimonial objetiva y directa que se reclamó ante la responsable, pero no por vulneración a lo dispuesto por el artículo 8º constitucional, sino al 17, que dispone: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". El referido precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Respecto de la primera etapa, se garantiza a favor de los gobernados el disfrute del derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, mediante el pronunciamiento a la petición que se le dirige, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad de los plazos y términos dispuestos por la ley. Además, a partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 8 y 25 específicamente, se permite configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva, en el que el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos que vinculan normativamente y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de plazo razonable conforme a las particularidades del caso. Criterio que se sostiene en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 124 del tomo XXV, abril de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." El derecho a la tutela judicial efectiva ha sido reconocido también en otros instrumentos internacionales, destacando por su relevancia los siguientes: a) La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de mil novecientos cuarenta y ocho que, en su artículo 10, señala: "Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal." b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por el Estado Mexicano el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno, artículo 14.1, que refiere: "Artículo 14.1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores." Preceptos que son categóricos al establecer que el derecho a la tutela jurisdiccional se traduce en la obligación del Estado Mexicano para garantizar que todas las personas que lo requieran puedan someter sus conflictos a los tribunales en condiciones de equidad y que las respuestas que obtengan de estos últimos resuelvan los conflictos en forma efectiva tanto para los individuos involucrados como para la sociedad en general, que involucra a las autoridades judiciales y aquellas con funciones materialmente jurisdiccionales. En el caso, ********************, en representación de su hermano, aquí quejoso, ********************, dirigió un escrito al director de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a través del cual presentó queja solicitando el pago de indemnización por la responsabilidad patrimonial objetiva y directa derivada de la actividad administrativa irregular de la Comisión Federal de Electricidad, que le causó daños, por lo que reclamaba el pago por: Responsabilidad patrimonial del Estado, objetiva y directa, derivada de la actividad administrativa irregular de la Comisión Federal de Electricidad, por concepto de daño a los derechos del quejoso, por la incapacidad que le provocó una descarga electica de cables de alta tensión. Lesiones temporales como consecuencia de esa descarga. Lesiones permanentes que le quedaron como consecuencia de los hechos acontecidos. Incapacidad permanente para trabajar, como consecuencia de la descarga electica. Gastos médicos por hospitalización, tratamiento médico, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación y traslado realizados como consecuencia de las quemaduras. Daño psicológico que sufre el directo quejoso, como consecuencia de las quemaduras y las lesiones temporales y definitivas. Daño inmaterial o daño moral que sufre en sus sentimientos, afectos, decoro, honor, reputación, vida privada, por su aspecto físico. Afectación al proyecto de vida que tenía y que se vio afectado a causa de una descarga eléctrica. Ahora, los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, invocados en el escrito por el que se presentó queja a fin de que fuera tramitado el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, señalan: "Artículo 17.- Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de los entes públicos federales se iniciarán por reclamación de la parte interesada. Artículo 18.- La parte interesada deberá presentar su reclamación ante la dependencia o entidad presuntamente responsable u organismo constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 19.- El procedimiento de responsabilidad patrimonial deberá ajustarse, además de lo dispuesto por esta Ley, a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la vía jurisdiccional". Por su parte, el artículo 1º de la ley a que se refiere el precepto 19 invocado, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que a falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuyo precepto 62 determina que se dará cuenta con un escrito dentro del día siguiente al en que se presente, sin perjuicio de hacerlo desde luego, cuando se trate de un asunto urgente. Entonces, si el escrito por el que se promovió queja para que se iniciara el procedimiento respectivo, fue recibido el ********************, según el sello relativo estampado en dicho ocurso, sin que, hasta la fecha en que se promovió la demanda de amparo (tres de octubre de dos mil veintitrés), incluso, hasta el dictado de esta sentencia, la responsable se hubiere pronunciado, no obstante haber transcurrido tres meses. Es claro que esa conducta vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de acceso a la justicia, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, previsto en el artículo 17 constitucional, en la medida en que el acceso a la justicia no se agota con la solicitud realizada, sino que requiere, además, se dé una respuesta. Se invoca en apoyo, por tratar sobre el tema, la tesis que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2021794 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: XVII.2o.C.T.4 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 939 Tipo: Aislada JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE PROVEER SOBRE LA PRESENTACIÓN DE UNA DEMANDA, AL INVOLUCRAR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, EN SU VERTIENTE DE TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA [INAPLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 48/2016 (10a.) Y 2a./J. 33/2019 (10a.)]. La omisión de proveer sobre la presentación de una demanda, no puede ubicarse como una violación procesal que ocasiona una dilación que se traduce en una paralización del procedimiento, ya que dicha promoción constituye apenas el ejercicio de un derecho, en la que se contiene la facultad que la ley otorga para acudir ante la jurisdicción del Juez, solicitándole que inicie un proceso contra una persona, por lo cual en esta etapa no es técnicamente posible hablar de dilaciones procesales, ya que no puede "paralizarse", algo que no está en movimiento por parte de la autoridad jurisdiccional. De ahí que esa omisión aunque se encuentre dentro del procedimiento, debe considerarse como una violación de imposible reparación, en tanto que se trata de un retardo en la intervención del tribunal que implica una incertidumbre jurídica acerca de la pretensión del actor, debido a la negativa implícita de examinar un asunto que se ha sometido a su potestad, lo que se traduce en una denegación de justicia que viola el derecho fundamental de acceso a la justicia, en su vertiente de tutela jurisdiccional efectiva, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que ésta no se agota con la mera solicitud de acceso, sino que requiere, además, de una respuesta del órgano jurisdiccional (admisión, prevención o desechamiento de la demanda); por tanto, son inaplicables las jurisprudencias 2a./J. 48/2016 (10a.) y 2a./J. 33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se refieren a omisiones de la autoridad jurisdiccional traducidas en dilaciones por la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o la falta de prosecución del trámite, producidas dentro de un procedimiento cuando existe una actividad jurisdiccional, al haberse admitido a trámite la demanda". Quinto. Efectos de la concesión del amparo. Por lo que, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso ******************** el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, director de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca: 1) Se pronuncie sobre la queja presentada el ********************, en el que se pide el pago de indemnización por la responsabilidad patrimonial objetiva y directa derivada de la actividad administrativa irregular de la Comisión Federal de Electricidad, ante los daños causados. 2) Lo notifique al reclamante, aquí quejoso. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a ********************, contra la omisión de pronunciarse sobre el escrito el ********************, relativo a la queja por ******************** que presentó, atribuido al director de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en términos del considerando cuarto y para los efectos a que se refiere el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dese cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 958/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de la audiencia constitucional. Vistos los autos, advirtiéndose que la autoridad responsable, director de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, no ha rendido el informe justificado requerido en proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, y se encuentra transcurriendo el plazo de quince días previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo para ello, toda vez que quedó notificada de esa petición el nueve de octubre de este año, en tanto que: El doce de octubre de este año fue inhábil, conforme a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, fueron declarados inhábiles en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado por el secretario Ejecutivo del Pleno mediante circular 28/2023, y a través del "Aviso de suspensión de labores" firmado por los coordinadores de a) magistrados de Circuito y b) jueces de Distrito, ambos del Decimotercer Circuito, de fecha veinticinco de octubre último, relacionado con la circular 29/2023 del referido secretario Ejecutivo del Pleno. Los diversos días uno, dos y tres de noviembre del año en curso fueron declarados inhábiles, de conformidad con lo establecido en la circular 12/2023 de fecha ocho de marzo de dos mil veintitrés, signada por el secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ante ello, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que se difiere y se fijan las diez horas con veintiún minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 703/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. 1° Diferimiento de la audiencia constitucional. Vistos los autos, se advierte que se encontraban señaladas las horas con treinta y cuatro minutos del veinte de octubre del año en curso del año en curso, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo; misma que no pudo desahogarse, ya que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés fueron declarados inhábiles, en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado por el secretario Ejecutivo del Pleno mediante circular 28/2023, y a través del "AVISO DE SUSPENSIÓN DE LABORES" firmado por los coordinadores de a) magistrados de Circuito y b) jueces de Distrito, ambos del Decimotercer Circuito, de fecha veinticinco del mes actual, relacionado con la circular 29/2023 del referido secretario Ejecutivo del Pleno. En esas condiciones, se difiere la referida audiencia constitucional y, en su lugar, se fijan las trece horas con treinta y cuatro minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC. 958/2023 MESA 1* Interlocutoria. Vistos, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número ********************; y, R e s u l t a n d o: Primero. Radicación. Mediante auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, en cumplimiento al proveído de esa misma fecha, dictado en el juicio de amparo ********************, se formó el incidente de suspensión solicitado por ********************, por propio derecho, contra los actos reclamados y autoridades responsables siguientes: * La omisión de contestar su escrito presentado el ******************** relativo a la queja de ******************** que interpuso. * La omisión de respetar el ejercicio a su derecho de petición. Que atribuyó a la autoridad responsable, director de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Segundo. Medida cautelar. En el referido auto se proveyó sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, se solicitó informe previo a la (s) autoridad (es) responsable (s) y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia incidental. Tercero. Audiencia incidental. Y, previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia incidental al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión del acto reclamado, por derivar de un incidente de suspensión relativo a un juicio de amparo en materia administrativa tramitado en este órgano jurisdiccional. Segundo. Presunción de certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, director de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, omitió rendir su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas concedido mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, no obstante que el nueve de octubre siguiente quedó notificada de esa petición; por lo que, sólo para efectos de este incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierta la omisión que se le atribuye. Tercero. Estudio de la suspensión definitiva. La parte quejosa solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que la autoridad responsable dé contestación fundada y motivada a cada una de sus peticiones planteadas en su escrito de ********************, por la que interpuso queja. Al respecto, el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra a favor de los gobernados la prerrogativa consistente en la suspensión de los actos reclamados; sin embargo, en la Ley de Amparo se fijan los casos y las condiciones correspondientes para su otorgamiento. En el entendido de que la suspensión tiene como finalidad preservar la materia del juicio de amparo. Por su parte, el diverso numeral 147, párrafo segundo, de la ley invocada prevé la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, debiendo el juez fijar la situación en la cual habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio. Y el precepto 131 de dicha legislación establece que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá si acredita el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; pero, en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido antes de la presentación de la demanda. De ahí que los artículos 125, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo establecen los requisitos para conceder la suspensión definitiva y los actos que el juzgador debe considerar para resolver al respecto, a saber: I. Que el quejoso hubiere solicitado la suspensión. II. Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita III. Que la naturaleza del acto reclamado permita la suspensión. IV. Que el quejoso aduzca un interés legítimo y se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue. V. Que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. VI. La ponderación de la apariencia del buen derecho. Atento, además, a la tesis aislada 2ª. XXIII/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja mil trescientos setenta y seis del libro 30, mayo de dos mil dieciséis, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2011614, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA". Quedan demostrados los dos primeros de los requisitos, ya que fue solicitada la suspensión de los actos reclamados y éstos existen. Sin embargo, el tercer requisito no se satisface. Antecedentes del asunto. Bajo protesta de decir verdad el quejoso señaló que: 1º El ********************, cuando se encontraba en su domicilio tuvo contacto con uno de los cables que provenían de los postes propiedad de Comisión Federal de Electricidad, lo que le ocasionó una descarga eléctrica y, como consecuencia, diversas lesiones temporales y permanentes, así como heridas y fracturas que aún lo tienen incapacitado y postrado en una cama. 2º El ******************** presentó queja de pago por responsabilidad patrimonial objetiva y directa, a través de su hermano, ante la Comisión Federal de Electricidad, sin que, hasta la fecha, le haya sido notificado el estatus que guarda el procedimiento reclamado, ya no sabe el número de control, folio o expediente con el que fue registrado ni el estado en que se encuentra. 3º Su hermano compareció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para solicitar su intervención, la que envió oficio a la Comisión Federal de Electricidad para que comunicara el estado que guardaba su escrito de queja de pago por indemnización de responsabilidad patrimonial objetiva y directa reclamada, la que a su vez contestó que, con motivo de esa queja, se había dado intervención a una aseguradora para que se avocara al trámite del siniestro por conducto de Distribución Sureste en coordinación con la Gerencia de Administración de Riesgos, siendo omisa en proporcionar número de control, folio o expediente bajo el cual se encuentra registrado el escrito de queja, tampoco ha sido llamada al procedimiento o notificado lo procedente. Ahora, el quejoso pide la suspensión de la omisión reclamada, con efectos restitutorios, porque pretende obtener, con dicha suspensión, contestación respecto del escrito por el que presentó queja ante la autoridad responsable, con motivo de las lesiones que dijo haber sufrido por una descarga eléctrica. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, se debe considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que se resuelva de forma adversa a la parte quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo, lo que implica, dijo, que por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. También refirió que la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. Que la suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. Que la excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo. Ello originó la jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL". Ahora, tratándose de actos omisivos, se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar, es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de señalar, no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; como en el caso, en el que se reclama la omisión de dar contestación al escrito de queja por ******************** que presentó el ******************** ante la Dirección de Distribución de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, atendiendo la naturaleza de la petición del quejoso, cuya omisión en acordar reclama, es de señalarse que, de concederse la suspensión definitiva -para el efecto que pide-, tendría como finalidad el que la autoridad responsable se pronunciara sobre el referido escrito y ello se traduciría, no en conceder la suspensión, sino virtualmente la protección constitucional, pues la restitución provisional de los derechos no podrá ser revocada aun cuando se niegue el amparo y, en consecuencia, sin materia el juicio de amparo, en tanto no existe justificación para tal cuestión, pues no hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesite de protección provisional que hubiere sido afectado por un acto probablemente inconstitucional, pues como lo dijo el quejoso, con motivo de esa queja presentada, se dio intervención a una aseguradora, para que se avocara al trámite del siniestro por conducto de Distribución Sureste en coordinación con la Gerencia de Administración de Riesgos; por lo que, en su caso, la omisión reclamada será materia de análisis de fondo en la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA A LA PARTE QUEJOSA. Cuarto. Se reserva archivar el incidente. Se reserva proveer lo relativo al archivo de este incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en relación con lo señalado en el apartado 3.1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, aplicable conforme al artículo noveno transitorio del Acuerdo General citado, hasta en tanto se acuerde el archivo del expediente principal como asunto concluido. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente; se: Resuelve: Primero. Se niega la suspensión definitiva al quejoso ********************, por propio derecho, por cuanto a los actos reclamados consistentes en: * La omisión de contestar su escrito presentado el ******************** dirigido al Director de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad relativo a su queja de ********************. * La omisión de respetar el ejercicio a su derecho de petición. Reclamada al director de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. Segundo. Se ordena que, en su momento, se cumpla con lo dispuesto en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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