Marcelino Dorame Aguilar
Expediente 637/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Marcelino Dorame Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las capturas correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y destrúyase, una vez transcurrido el plazo de tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de julio de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a través del cual desahoga el requerimiento formulado en el sumario, para tal efecto acompaña copia certificada de las constancias con las que acredita que entregó a la parte quejosa el medicamento CANDESARTÁN CILEXETILO DE TABLETAS 16 MG C/28, cuya omisión en surtir el referido medicamento reclamó en esta instancia. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de la documentales remitidas en copia certificada por la citada responsable, y las existentes en autos, aportadas por las responsables con anterioridad, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.", Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda y demás constancias existentes en autos, se precisa que el reclamo constitucional se hizo consistir en la omisión de las responsables de suministrarle el medicamento CANDESARTÁN CILEXETILO DE TABLETAS 16 MG C/28 que requiere para el tratamiento de la enfermedad renal hipertensiva e insufiencia renal crónica que refiere. Lo anterior, resultó cierto, pues conforme al contenido de las actuaciones existentes en los presentes autos, y las documentales aportadas por las responsables, a las cuales con antelación se les otorgó plena validez probatoria, se evidencia que hasta el día de la presentación de la demanda, ésto es, al veintiocho de abril del año en curso, no le había suministrado el medicamento que requiere para el tratamiento del padecimiento que alude la parte quejosa; de modo que en esa medida, existe certidumbre del acto omisivo reclamado. No obstante lo anterior, mediante auto de cuatro de mayo del año en curso, se agregó el informe respecto a la suspensión de plano remitido por el subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a través del cual informó a este Juzgado que el medicamento en cita se encontraba disponible en las instalaciones que ocupa la farmacia número 2, de dicho hospital. Ahora, del oficio y anexo de cuenta, se advierte lo manifestado por la autoridad oficiante, en el sentido de que entregó el medicamento prescrito al aquí quejoso; pues de dicha documentación se evidencia el suministro del mismo que reclama la parte quejosa; por lo que, resulta evidente que han cesado los efectos del reclamo constitucional. Es así, pues con el actuar de las autoridades responsables, se restituyó a la parte agraviada en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, ya que si bien, en el particular el perjuicio que el acto reclamado le ocasionaba a la impetrante fue en específico la omisión de suministrarle el medicamento señalado con antelación y durante el sumario constitucional fue suministrado dicho fármaco; por tanto, por actuación de las propias responsables durante la tramitación del sumario, torna improcedente el estudio del reclamo opuesto en esta vía constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, en el caso procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En consecuencia, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional - indicadas para las diez horas con cincuenta y siete minutos del veintiocho de julio de dos mil veintitrés-. En tal virtud, háganse las capturas correspondientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Del estado de autos se advierte que la responsable subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, al rendir su informe respecto a la suspensión de plano, informó que el medicamento consistente en CANDESARTÁN CILEXETILO DE TABLETAS 16 MG. C/28, se encontraba en las instalaciones que ocupa la farmacia número 2, de dicho hospital. Requerimiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice la entrega del citado medicamento al derechohabiente -aquí quejoso-; asimismo, remita copia certificada de las constancias que corroboren el recibo efectivo del mismo, o bien, informe la imposibilidad legal que tenga para ello, o en su caso, si realizó la entrega correspondiente. Lo anterior, en razón de que en el presente sumario podría actualizarse una causal de sobreseimiento, por ser una cuestión de interés público. Requerimiento a la parte quejosa. Con independencia de lo anterior, requiérase a la parte quejosa, para que acuda a las oficinas de la responsable a fin de que se le haga entrega del medicamento antes indicado, el cual refiere la responsable se encuentra a su disposición en ventanilla; y, una vez que le sea entregado, lo haga del conocimiento de este juzgado para los efectos legales conducentes, o en su caso, si ya fue entregado, lo haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se les impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas cincuenta y siete minutos del veintiocho de julio de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Ismael
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por una de las responsables. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con cincuenta y siete minutos del tres de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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