Marcelino Catalán Téllez

Expediente 543/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
543/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
28/06/2019

Partes del expediente

  • Marcelino Catalán Téllez

Actuaciones

  1. Principal

    .... HA CAUSADO ESTADO...

  2. Principal

    Agréguense a los autos para que obren como corresponda con el oficio y anexo de cuenta remitidos por el delegado del Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 1468 y exhibe la constancia relativa.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE: Tijuana, Baja California, doce de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Marcelino Catalán Téllez, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 543/2019-II. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, el citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Cabe destacar que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; y lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ...."Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la interpretación sistemática y a contrario sensu de los numerales transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuanto se reclamen actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, esto es que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En tal virtud, las violaciones procesales, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no constituyen actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto. En relación a lo anterior, importa destacar el siguiente criterio jurisprudencial: En el caso a estudio la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "El ilegal acuerdo de fecha 23 de mayo de 2019, de desechamiento del incidente de falta de personalidad interpuesto en contra del apoderado legal de la empresa demandada TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, S. A. DE C. V., dictado por la autoridad responsable en perjuicio de mis derechos fundamentales y garantías constitucionales, en el juicio laboral expediente número 744/2019-3D radicado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad promovido por el suscrito en su carácter de trabajador." Asimismo, en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, específicamente en sus puntos tres y cuatro, manifestó lo siguiente: "3. Es el caso de que a la audiencia llevada a cabo a las 15.00 horas del día 19 de marzo de 2019 compareció la empresa demandada por conducto de su apoderado legal Lic. José Gerardo Peñaloza López y dio contestación al demanda negando la existencia de la relación de trabajo entre la empresa demandada y el trabajador actor, citándose a las partes para concurrir a las 9.15 horas del día 23 de mayo de 2019 para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. 4. A la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas prevista por el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo de las 9.15 horas del día 23 de mayo de 2019, comparecieron las pates y la junta dio cuenta con un escrito presentado por el trabajador actor MARCELINO CATALÁN TÉLLEZ, (hoy quejoso) a las 8.45 horas por medio de la oficialía de partes de la junta, proveyendo: "SE PROCEDE A DESECHAR DE PLANO EL MISMO EN VIRTUD DE QUE NO ES EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA ELLO, EL CUAL SE MANDA AGREGAR A LOS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA, SIRVIENDO DE APOYO LA SIGUIENTE TESIS DE JURISPRUDENCIA QUE A LA LETRA DICE: PERSONALIDAD. OPORTUNIDAD PROCESAL. EN MATERIA LABORAL, PARA IMPUGNARLA." De lo anterior se observa que el acto reclamado a la autoridad responsable lo constituye el proveído de veintitrés de mayo del año en curso, emitido por la responsable en el que se desechó el incidente de falta de personalidad promovido por el quejoso. Ahora, toda vez que los actos reclamados a la autoridad responsable, provienen de un juicio seguido ante una autoridad materialmente jurisdiccional, el cual debe ajustarse a lo dispuesto por la ley de la materia; por lo que si el acto reclamado se insta durante la tramitación del juicio, ante el propio órgano del conocimiento, su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo respectivo. Luego, como se anticipó, se actualiza la hipótesis citada pues la determinación relativa al proveído de veintitrés de mayo del año en curso, emitido por la responsable en el que se desechó el incidente de falta de personalidad promovido por el quejoso, no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo a su contenido y alcance legal no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son constitutivas de derechos, ni de condena, sino solo producen una afectación dentro de un procedimiento judicial; aun cuando la parte quejosa alega violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues, en el caso, el perjuicio procesal que pudiera resentir la parte promovente en sus derechos adjetivos, aun cuando fuere considerada como de grado predominante o superior, únicamente sujeta al impetrante de amparo a continuar el curso respectivo del juicio de origen. En este orden de ideas, se tiene que el citado acto reclamado no afecta de forma inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al tener sólo efectos meramente intraprocesales de naturaleza adjetiva o procesal, pues como se anticipó sus efectos son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene resultado favorable; y si no es así, y la violación trascendiera al resultado del fallo, en su caso procedería impugnarla como violación procesal al promover el medio de defensa correspondiente. Es aplicable la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la tesis Jurisprudencial P/J. 37/2014 (10a) que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y que aún no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos se entienden ".los que afecten materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte:" puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a los derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debería de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra los actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos al juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ". aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la "lesión" que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Plano había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Asimismo, resultan aplicables, en términos del artículo sexto transitorio, por analogía, la tesis jurisprudencial que se citan a continuación: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." (Novena Época; Registro: 1004058; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011; Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Séptima Sección - Procedencia del amparo directo; Materia(s): Común; Tesis: 2179; Página: 2531) "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. (Época: Octava Época, Registro: 205651, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, Agosto de 1992, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 24/92, Página: 11) En esa razón el juicio de amparo que se promueve deviene notoriamente improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la fracción V del artículo 107 ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del referido ordenamiento legal. Por otro lado, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pedro Salvador Gaxiola Salcido, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Jesús Cosío Hernández, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada ante los órganos del Poder Judicial de la Federación que lo acredite como licenciado en derecho; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en el artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso.

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