Marcelino Bautista Flores
Expediente 596/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Marcelino Bautista Flores
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de lo que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Marcelino Bautista Flores, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ...... por su propio derecho, contra actos del Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Regístrese con el número 596/2016-III, y fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que la parte quejosa reclama de ". De la autoridad señalada en el inciso A) del apartado que antecede, le reclamo el auto o acuerdo administrativo de fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciséis, derivada del expediente administrativo número INV/092/2016, seguido ante su instancia, por el cual ordena en mi contra la suspensión ilegal de funciones y salario en mi carácter de Oficial de la Policía Estatal De las autoridades señaladas en los incisos B), C), D) y E) del apartado que antecede, le reclamo los trámites que pretenda llevar a cabo para cumplimentar o ejecutar la medida cautelar decretada por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, respecto a la suspensión temporal de pago de salarios y demás prestaciones del suscrito quejoso en mi carácter de Oficial de la Policía Estatal."." Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra el peticionario de garantías, entre otras cosas expone: "1.- Soy trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en categoría de Oficial de la Policía Estatal, desde el 01 de enero de 2006. [.] 3.- Hasta el día doce de abril de dos mil dieciséis, mi centro de trabajo fue la Coordinación General C-4, Guerrero, Centro de Monitoreo Acapulco; sin embargo, por oficio número 2366/2016, fui adscrito a la Coordinación Operativa Región Sierra, a partir del día siguiente. 4.- Con fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, me fue notificado el auto de radicación por el cual las demandadas me instauran un procedimiento administrativo, por el cual determinaron suspenderme de mis funciones y salario, sin causa o motivo legal; acto que recurro en esta vía y forma." Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de garantías que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en si mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." El texto del precepto transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legalmente. Una vez que se ha señalado lo anterior, la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal también alude a que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento tanto las disposiciones aplicables al caso concreto como las de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los requisitos que deben satisfacerse a fin de que el particular esté en la aptitud de obtener la suspensión del acto impugnado. Resulta ilustrativa por identidad de razones a las consideraciones precedentes, la jurisprudencia número 2ª./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193142, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una 'ley', y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." De lo antes expuesto se tiene que para actualizar la causa de improcedencia en estudio es necesario: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. b) Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. c) Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. d) No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. El primero de los requisitos se encuentra satisfecho ya que el acto reclamado consistente en: El auto de diecinueve de abril del año en curso, derivado del expediente administrativo número INV/092/1016, en el que se ordena la suspensión de funciones del impetrante de amparo, así como de su salario que percibe como Oficial de la Policía Estatal. Por lo que es evidente que la autoridad responsable Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, no forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito en comento. Procedencia de un medio ordinario de defensa. En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra del acto reclamado proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como enseguida se expone. El artículo 29, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en relación con los diversos 1°, 2° y 3° del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen: Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo. "Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver: (.) VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos descentralizados. (.)" Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del estado de Guerrero "Artículo 1. El presente Código es de orden público e interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Artículo 2. Para los efectos de este Código se entiende como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. Artículo 3. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal." Como se observa, los dispositivos trascritos, en la parte que interesa, prevén la posibilidad de que los gobernados en el Estado de Guerrero, combatan a través del juicio nulidad las resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos descentralizados. Igualdad de requisitos para conceder la suspensión. Ahora bien, respecto al tercer requisito consistente en que el recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no exija mayores requisitos para conceder la suspensión, éste también se encuentra satisfecho; para lo cual resulta necesario trascribir en su literalidad las disposiciones aplicables al caso. Los artículos 128, 129 y 135 de la Ley de Amparo vigente, establecen las exigencias para conceder la suspensión de los actos, al señalar: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía." Por su parte, los numerales 65 al 72 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos establece la posibilidad de la suspensión del acto impugnado cuando dicen: "De la suspensión del acto impugnado. Artículo 65. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. Artículo 66. El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. Artículo 68. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la resolución que corresponda. También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas pertinentes para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. Artículo 69. La suspensión podrá ser revocada por la sala en cualquier momento del mismo si varían las condiciones en las cuales se otorgó, previa vista que se dé a los interesados por el término de tres días hábiles. Cuando se interponga el recurso respectivo en contra de la suspensión, no se interrumpen sus efectos ni se suspende el procedimiento contencioso administrativo. Contra el auto que conceda o niegue la suspensión, procede el recurso de revisión ante la Sala Superior, debiendo presentarse ante la Sala Regional que dictó el auto que se impugna. Artículo 70. Al iniciar el procedimiento, el actor deberá garantizar el interés fiscal conforme a las disposiciones aplicables. En tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado podrá discrecionalmente conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice su importe. Cuando a juicio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá previo aseguramiento de dichos intereses, recurriendo a cualesquiera de las formas establecidas por la ley, a menos que dicha garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada. Artículo 71. En los casos en que proceda la suspensión, pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, sólo se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella pudieran causarse en caso de no obtener sentencia favorable; en el supuesto de que con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 72. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efecto si el tercero perjudicado, a su vez, exhibe caución bastante para garantizar que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación, y poder pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtuviere sentencia favorable. Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá cubrir el importe de la que hubiere otorgado el actor. Contra los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión y contra el señalamiento de fianzas y contrafianzas, procede el recurso de revisión ante la Sala Superior, debiendo presentarse ante la Sala Regional que dictó el auto que se impugna." Como puede apreciarse de lo anterior, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los que para ese efecto establece la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 66, 67, 71 y 72 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, disponen que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado deba presentarse por el actor y que ésta se concede: a) Si no se afecta el interés público; b) Si no se contravienen disposiciones de orden público o; c) Si se deja sin materia el juicio; d) Si la medida cautelar puede causar daños o perjuicios a terceros, se concede, si se otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. e) La suspensión del acto combatido queda sin efectos si el tercero otorga contragarantía. Las condiciones destacadas evidencian que los artículos 66, 67, 71 y 72 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, no prevén mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados, que los que establecen los preinsertos numerales de la Ley de Amparo, los cuales básicamente giran en torno a dos aspectos fundamentales: 1. Que la solicite el agraviado. 2. Que con la concesión de la suspensión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, se establece un requisito de efectividad que surge en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, en cual se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. De esa guisa, es inconcuso que la Ley de Amparo y el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen esencialmente los mismos requisitos para solicitar y obtener la medida cautelar; esto es, que la solicite el agraviado, que con la concesión de la suspensión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como el requisito de efectividad consistente en garantizar daños y perjuicios respecto de terceros. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos ochenta y tres, libro diecisiete, abril de dos mil quince, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." En las relatadas condiciones, al haberse demostrado que la Ley de Amparo y la ley administrativa de la Entidad, en esencia, son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados; luego, debe concluirse que la parte interesada en obtenerla se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando el juicio contencioso administrativo, dado que en la ley que rige el medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo, como se explicó en los párrafos anteriores, máxime que tiene por efecto nulificar los actos emitidos por autoridades administrativas estatales. En esa tesitura, si en la especie, la parte quejosa no agotó previamente a la promoción del juicio de amparo, en contra del referido acto, el juicio contencioso contemplado en la ley estatal de la materia, resulta inconcuso que es improcedente la acción constitucional intentada por la promovente del amparo, dada la inobservancia del principio de definitividad en que incurrió pues mediante la interposición de dicho medio ordinario de defensa estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate. Sirve de apoyo a lo anterior por la idea jurídica que contiene, la tesis VII.3o.C.32 A, visible en la página dos mil doscientos sesenta, tomo XXV, enero de dos mil siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 173555, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO PREVISTO POR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. OBLIGACIÓN DE AGOTARLO PREVIAMENTE A INTENTAR LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. De conformidad con los artículos 1o. y 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el juicio que se tramita ante las Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial de la entidad, en términos de los numerales 54 y 55 de la Ley Orgánica del citado Poder Judicial, pueden modificarse, revocarse o nulificarse los actos de la administración pública estatal; es decir, todos aquellos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar sus dependencias centralizadas y entidades paraestatales; los organismos municipales, entidades paramunicipales y el Órgano de Fiscalización Superior, que afecten los derechos de particulares. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, los particulares deben agotar el juicio contencioso; máxime que los artículos 305 y 306 del referido código, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, que los que contempla la Ley de Amparo y, por ende, no se está en el caso de excepción a que se refiere la parte final de la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, salvo que el acto reclamado carezca totalmente de fundamentación y motivación, o en el amparo se aduzcan únicamente violaciones directas a las garantías individuales consagradas en la Constitución Federal." No obstante lo anterior, debe decirse que también la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, precisamente en los artículos 136 y 138, se establece que contra las resoluciones que impongan sanciones establecidas en la misma Ley, procede el recurso de reconsideración, ante la autoridad que la dictó, misma que tendrá por objeto confirmar, revocar o modificar la determinación, asimismo, la interposición de dicho recurso suspende la ejecución de la resolución recurrida, en términos de los razonamientos vertidos con anterioridad, para lo cual se transcriben los artículos en mención: "ARTÍCULO 136.- Contra las resoluciones que impongan las sanciones previstas en la Ley, procede el recurso de reconsideración ante la autoridad que la emitió, que tendrá por objeto confirmar, revocar o modificar la resolución recurrida." "ARTÍCULO 138.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, cuando así lo solicite el promovente, conforme a estas reglas: I.- Que se admita el recurso; II.- Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible reparación en contra del recurrente; y III.- Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio de seguridad pública." Por lo anterior, es evidente que la parte quejosa no agotó el juicio administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ni el recurso de reconsideración estipulado en la Ley 281 del Estado de Guerrero, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia, emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad." De igual manera, también se aprecia que no se actualiza la diversa excepción que marca el referido artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en la que refiere que la obligación de agotar el medio de defensa no existe cuando el acto reclamado carece de la fundamentación, cuando se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre en un reglamento sin que la Ley aplicable contemple su existencia. Es así, pues respecto a la primera de las excepciones basta imponerse nuevamente del acto reclamado para apreciar que éste sí se encuentra fundado al exponer la autoridad responsable que su acto se realizó conforme a los artículos 95, 114 fracciones I, II, XV, XXV, XXIX y XIX, y 132 fracciones III, VII, XI, XII y XVII, de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Respecto a la segunda de ellas, no basta que en el libelo de amparo se haya hecho referencia a violaciones de preceptos constitucionales, puesto que, tal manifestación no releva al quejoso de la obligación de agotar el juicio de nulidad de referencia, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la parte quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. En cuanto a la última de las excepciones, debe decirse que el medio de defensa en mención, no se encuentra reconocido en algún Reglamento emitido por alguna autoridad Municipal sino en un Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que, conforme a su numeral 1° es de orden público e interés social, y cuya finalidad, entre otras, es la substanciar y resolver las controversias en materia administrativa que se planteen entre los particulares y las autoridades Municipales; así también, debe decirse que el recurso de reconsideración, sí se encuentra reconocido en la ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, en términos del artículo 136 y 138, antes transcritos. De igual manera, de la propia demanda se advierte y de lo manifestado por la parte quejosa, lo liga una relación laboral de superior a inferior jerárquico, con las autoridades responsables Secretario y Subsecretario, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, y Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos del Gobierno del Estado de Guerrero, es decir, de trabajador y patrón, respectivamente, por lo que tales actos se equiparan a los de un particular. En esas condiciones, los actos que reclama la parte quejosa, no son susceptibles de impugnación a través del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º., fracción I, de la Ley de Amparo; pues como ya se dijo, el Secretario, Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos del Gobierno del Estado de Guerrero, Titular de la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Titular de la Dirección General de Desarrollo Humano, todos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, al consistir el acto que de ella se reclama en el cambio de adscripción en su centro de trabajo como elemento activo de la Secretaría demandada; así como la retención que en su caso se realice, al pago quincenal que percibe por su empleo, lo cual significa que no fue realizado en ejercicio de facultades de autoridad frente a un gobernado, sino de superior jerárquico hacia un subordinado; por lo que el Secretario y Subsecretario, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, y Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos del Gobierno del Estado de Guerrero, como ya se dijo actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral, debido a que el cambio de adscripción en su centro de trabajo, deriva de una relación laboral. En este sentido, al Secretario, Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos del Gobierno del Estado de Guerrero, Titular de la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Titular de la Dirección General de Desarrollo Humano, todos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, no les resulta el carácter de autoridades responsables para la procedencia del presente juicio constitucional. Lo anterior, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dilucidado que para los efectos del juicio de amparo, debe emitir actos unilaterales a través de los cuales, crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad de los afectados. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo. Además, porque se trata de un acto derivado de relaciones, entre particulares, ello, atendiendo a la teoría general del derecho que hace de las relaciones jurídicas de Coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre éstas se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. El distingo de esas cuestiones, es: Que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; y, Que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre los gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del estado; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Ley Fundamental del País establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, al que dicho órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De modo que, se excluyen los actos de particulares para la procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente acontece en la especie, en razón de que se trata de actos derivados de una relación laboral que los une, y que la propia quejosa reconoce al referir que es trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil en el Estado, con categoría de Oficial de la Policía Estatal; es decir, está en carácter de trabajador y las autoridades que señala como responsables ordenadoras con el carácter de patrón. En tales condiciones, es claro que la emisión de los actos reclamados no reúnen las notas distintivas que ha establecido la jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 253/2011; consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (Registro: 161133); que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tiene aplicación a las consideraciones expuestas en párrafos que anteceden, la tesis número I.6o.T.26 L, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Lo subrayado es propio de este tribunal. En suma, conforme lo expuesto, se advierte que el acto reclamado deriva de una relación laboral entre las autoridades señaladas como responsables Secretario y Subsecretario, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, y Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos del Gobierno del Estado de Guerrero (patrón), y el quejoso Marcelino Bautista Flores (trabajador), es decir, en un plano de coordinación; de ahí que no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Atento a lo expuesto, se concluye además que en la especie se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XX y XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que obliga en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 113 de la misma Ley, a desechar de plano la demanda planteada por su notoria improcedencia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lázaro Morales Robledo, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que menciona; hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho en virtud de que no se encontró registro alguno en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito.
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