Marcelino Ambriz Jaimes

Expediente 119/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
119/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2018

Partes del expediente

  • Marcelino Ambriz Jaimes

Actuaciones

  1. Principal

    V. Toluca, Estado de México; quince de febrero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta por medio del cual el Secretario del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, México, devuelve sin diligenciar el exhorto 61/2018-V (Orden 61/2018-V), del índice de este juzgado de Distrito, por el que se le solicitó notificar el auto de treinta y uno de enero pasado al quejoso Marcelino Ambriz Jaimes; por tanto se toma conocimiento para los efectos legales procedentes, y acúsese recibo. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento sobre la notificación al quejoso del auto en comento, en virtud de que esta fue realizada el dos de los cursantes (foja 20). Por otra parte, toda vez que por auto de catorce del presente mes y año, se reservó acordar lo procedentes respecto al archivo, depuración o destrucción y transferencia del presente sumario, hasta en tanto fuera devuelto el exhorto que se recibe; consecuentemente al efecto se provee: Del estado procesal de este asunto, se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es destruible, punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Por otro lado, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    V. Toluca, Estado de México; catorce de febrero de dos mil dieciocho. La certificación precedente, evidencia que la parte agraviada no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de treinta y uno de enero pasado, por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por otra parte, se reserva acordar lo procedentes respecto al archivo, depuración o destrucción y transferencia del presente sumario, hasta en tanto sea devuelto el exhorto 61/2018-V del propio índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    V. Toluca, Estado de México; treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Marcelino Ambriz Jaimes, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 119/2018-V. Desechamiento. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, con número de registro 196196 y rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, en el caso a estudio, el acto que por esta vía constitucional se combate, consiste esencialmente en: El cobro excesivo del servicio de energía eléctrica y la ejecución de corte de la misma en el domicilio ubicado en Rancho San Joaquín, Ch. 620, Atlacomulco, L 315 D.020 y Reac. 76, Atlacomulco Cicl D/FZA, Atlacomulco, México, código postal 50450. Así las cosas, el suscrito estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, porque la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Los artículos de referencia, establecen en su orden lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo el carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Luego, de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos o las garantías otorgadas por la Constitución Federal. Asimismo, que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En cuanto a este tema, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Novena Época, Septiembre de 2011, Registro 161133, y rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Así como, la tesis aislada P. XXVII/97, localizable en la página 118, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo V, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Febrero de 1997, con número de registro 199459, y rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene el criterio, recientemente publicado, relativo a que, si bien había establecido que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los jueces y tribunales del orden común. El criterio de referencia, se encuentra contenido en la tesis 2ª.XL2/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1183 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Tomo I, Décima Época, agosto de dos mil quince, registro 2009790, del siguiente rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]." Ahora bien, de la demanda de amparo como ya se dijo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el cobro excesivo del servicio de energía eléctrica correspondiente al aviso recibo del periodo facturado del doce de diciembre de dos mil diecisiete al doce de los cursantes, del servicio 50450 02-01-15 AIJM-540429 003 CFE, en el domicilio ubicado en Rancho San Joaquín, Ch. 620, Atlacomulco, L 315 D.020 y Reac. 76, Atlacomulco Cicl D/FZA, Atlacomulco, México, código postal 50450, así como la ejecución de corte del servicio de suministro que presta la responsable a favor de la quejosa. Aunado a lo anterior, del capítulo de antecedentes y conceptos de violación se observa que la parte quejosa acude a la presente instancia en su carácter de consumidora del Servicio de Energía Eléctrica, servicio que actualmente presta la Comisión Federal de Electricidad, en razón del decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, de once de febrero de dos mil cuatro, pues la citada en primer término se subrogó en los derechos y obligaciones de la citada compañía. En ese tenor, orientado este juzgador con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis aislada citada, relativo a que, cuando se esté ante una controversia que involucre cuestiones inherentes a derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, es evidente que los actos reclamados, no son materia de control mediante el juicio de amparo, al no ser actos de autoridad, sino derivados de una relación contractual, al existir la relación de coordinación entre el aludido organismo y el usuario del servicio. Lo anterior, en tanto que nuestro Máximo Tribunal, en el marco de un contrato de suministro de energía eléctrica, habla de derechos y obligaciones entre las partes, en el caso, entre la Comisión Federal de Electricidad y el particular; y no de una relación de supra a subordinación, pues sitúa al organismo de que se trata, en la celebración de un contrato como persona moral, sujeto de derechos y obligaciones y no con el carácter de autoridad. Por tanto, la suscrita estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que los actos que por esta vía se reclaman, derivan del contrato de suministro de energía eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad proporciona a los particulares en un plano de igualdad, esto es, como un ente sujeto derechos y obligaciones; y no, con el carácter de autoridad. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 43/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la Página 888, Libro 6, Tomo II, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Registro: 2006543, mismo rubro que refiere: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Este juzgador no pasa inadvertido, que la jurisprudencia citada, dejó de tener carácter obligatorio en términos del artículo 228 de la Ley de Amparo, en razón de que fue interrumpida por la tesis número 2a. CVI/2014 (10a.), de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)]." Sin embargo, la tesis aislada que sirvió de orientación para la emisión de la presente resolución, interrumpió a su vez el criterio relativo a que los contratos de suministro de energía eléctrica deben considerarse como verdaderos contratos administrativos, tal como sostuvo la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 491/2014, del que derivaron, tanto la citada tesis 2a. CVI/2014 (10a.), como la diversa 2a. CVII/2014 (10a.). Cabe señalar que con la determinación alcanzada, el quejoso no queda sin defensa, pues existen medios ordinarios por los cuales puede hacer valer sus derechos, lo cual atiende a lo que establece el artículo 17 de la Constitución Federal que prevé el derecho a la tutela jurisdiccional, entendido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En efecto, el acceso a la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí es observado por el Estado, pues las controversias derivadas de los derechos y obligaciones derivadas del contrato de prestación del servicio de energía eléctrica son impugnables en la vía ordinaria mercantil. Por tanto, el hecho de que el juicio de amparo indirecto sea improcedente, en el caso concreto, no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales el particular pueda acudir a hacer valer sus derechos y plantear su reclamo, como en la especie lo es, la vía ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan de la relación de coordinación por el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Similar consideración se estima para la diversa autoridad responsable denominada Secretaría de Energía, en virtud a que de la lectura integra de la demanda no se advierte que la parte quejosa señale como acto reclamado la inconstitucionalidad de algún artículo en el que se advierta la participación de dicha responsable, pues como se mencionó en líneas que anteceden, se solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por el corte y excesivo cobro de la energía eléctrica y dentro del Manual de Organización General de la Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de mayo de dos mil dieciséis, no se advierte que tenga atribuciones para designar las tarifas de cobro de la Comisión General de Electricidad, mismas de las cuales se queja el promovente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, 112 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Domicilio. Toda vez que el domicilio que señala el quejoso para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano federal; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo realícense ésta y las subsecuentes notificaciones por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado Sin embargo, dada la naturaleza del presente proveído, en términos de los artículos 298 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación, por única vez líbrese atento exhorto al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, México, a efecto de que notifique personalmente al quejoso Marcelino Ambriz Jaimes la presente determinación en el domicilio ubicado en Santa Cruz Bombatevi, centro, calle calzada los Ángeles número 100, Atlacomulco, México. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se solicita atentamente al juez exhortado que con independencia de la fecha en que reciba el exhorto de mérito, lleve a cabo la diligencia encomendada en los términos anteriormente estipulados, solicitando se sirva acusar recibo. Autorizados. Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Hernández Islas, puesto que sí cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a la restante persona que señala, en términos restringidos del numeral en cita, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, hasta en tanto registren su cédula profesional en el sistema adoptado. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

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