Marcelina Sánchez Muñoz
Expediente 2066/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2066/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/02/2018
Partes del expediente
- Marcelina Sánchez Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de DESTRUCCIÓN, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por los Magistrados Presidente, Representante del Estado y Jefe de Actuarios, todos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9º, de la Ley de Amparo, téngase a las citadas autoridades responsables, designando delegados de su parte. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Marcelina Sánchez Muñoz acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistentes en la omisión de resolver el incidente de nulidad de actuaciones, así como el de falta de personalidad promovidos en el expediente laboral D-170/2013, de su estadística. Ahora bien, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través de los Magistrados Presidente y Representante del Estado, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, toda vez que el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se pronunció la resolución interlocutoria en relación a los incidentes de nulidad de actuaciones y de falta de personalidad promovido en el expediente laboral D-170/2013, misma que le fue notificado a la aquí quejosa Marcelina Sánchez Muñoz, el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Para corroborar lo anterior, el tribunal responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente laboral D-170/2013 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia de la resolución interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete y la constancia de notificación de la citada resolución a la aquí quejosa, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, resolviera el incidente de nulidad de actuaciones, así como el de falta de personalidad promovido en el expediente laboral D-170/2013, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, el tribunal responsable emitió dicha resolución dentro del juicio de origen, mismo que fue notificado personalmente el veintisiete de noviembre del año próximo pasado a la impetrante Marcelina Sánchez Muñoz. Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del doce de enero de dos mil dieciocho, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que se encuentra transcurriendo el término que se concedió a las autoridades responsables Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y actuario adscrito a ese tribunal, para rendir su informe justificado. Lo anterior es así, en virtud de que en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, resulta un hecho notorio que las citadas autoridades, gozaron del período vacacional la segunda quincena del mes de diciembre de dos mil diecisiete. En consecuencia, para dar oportunidad a que dicha autoridad responsable rinda su informe justificado, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se difiere, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
1 OFICIO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio 1096/2017-IV, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el uno de diciembre de la anualidad en curso, en el recurso de queja 124/2017, interpuesto en contra del auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo 2066/2017-I. Glósese el expedientillo formado con motivo del citado recurso y acúsese el recibo correspondiente. Dése a conocer a las partes la devolución del expediente original, haciéndoles saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO.- Se declara fundado el recurso de queja a que el presente toca se refiere." En ese tenor, en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, se provee: 2 PROCEDENCIA DE LA DEMANDA se admite a trámite la demanda. 3 INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, pues la parte quejosa no la solicitó de manera expresa como lo dispone la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. 4 SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con apoyo en el artículo 117 de la citada ley, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación para que se permita su conocimiento a las partes, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, debiendo exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercíbase a las autoridades responsables que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen (mismas que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas), se presumirá cierto el acto reclamado, y se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Hágase del conocimiento al Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla que en términos de los artículos 76 y 80 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, el informe justificado que se menciona en párrafos precedentes, deberá ser suscrito y signado por el titular de dicho tribunal, y no así por el Secretario General adscrito. Signifíquese a la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve el oficio que contiene la trascripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria, se tendrá como inexistente y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las nueve horas con diez minutos del doce de enero de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. 6 TERCERO INTERESADO Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de tercero interesado al Instituto Electoral del Estado de Puebla, el cual deberá ser emplazado por medio de oficio que para tal efecto se libre, al que se acompañará una copia simple de la demanda que originó el presente juicio, en términos del diverso numeral 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia. 7 VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del numeral 5 de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario Judicial Adscrito a este Juzgado emplazar al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, corriéndole traslado con copia de la demanda de garantías que dio origen al presente sumario. 8 PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por anunciada la prueba presuncional en su doble aspecto, así como la instrumental de actuaciones por lo que hace al presente juicio de garantías, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno; esto es, al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, respecto a la documental que refiere, consistente en el informe justificado que sea rendido por la responsable, dígasele que no ha lugar a tenerla por anunciada, en atención a que aún no se encuentra agregada al presente expediente, aunado a que en esta fecha se requirió su informe de ley a las autoridades responsables, por lo que la parte quejosa, deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden. 9 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 10 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales.
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