Marcelina Mesina Rodríguez

Expediente 1731/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1731/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
07/12/2016

Partes del expediente

  • Marcelina Mesina Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Colima, Colima, siete de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, el suscrito juzgador advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Asimismo, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Alberto Saucedo Alcaraz, quien da fe.Mony

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO DEL AUTO DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Colima, Colima, dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por sentencia de trece de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución de cinco de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el toca 1016/2016, que revocó el auto de sujeción dictado contra el tercero interesado Rafael Valadez Gallegos, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de daños culposos cometido en agravio del quejoso y decretó libertad con reservas legales, derivado de la causa penal 1016/2015 del índice del Juzgado Segundo Penal de Colima. En su lugar, emitiera una nueva determinación en la que, de manera fundada y motivada, de conformidad con el artículo 238 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, al asumir jurisdicción, expresara el valor y precisara claramente el alcance demostrativo de la totalidad de las pruebas que obran en autos; entre ellas, el dictamen técnico en hecho de tránsito número 60/2014 elaborado por elementos de la Policía Federal. De manera particular, debía justificar la eficacia probatoria de las testimoniales a cargo de Juan Pablo y Armando ambos de apellidos González Jiménez, la declaración del quejoso y la inspección ministerial, en relación con la acreditación del elemento del cuerpo del delito que describió como "C).- Que la destrucción o deterioro, se obtenga de manera culposa, es decir, dejando de observar los deberes de cuidado que las circunstancias y condiciones personales le imponían al activo en ese momento". El diecisiete de octubre de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia emitida y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio número 2161, recibido el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable informó que dejó insubsistente la resolución que constituyó el acto reclamado y remitió copia certificada de la resolución de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en la que determinó modificar la resolución constitucional impugnada y decretar auto de sujeción a proceso en contra de Rafael Valadez Gallegos, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de daños culposos, en agravio de Ernesto González Ruvalcaba. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efecto jurídico la resolución reclamada dictada en el toca número 1016/2015, en cumplimiento a la ejecutoria y emitió diversa resolución en la que se ciñó a los lineamientos ordenados. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al dejar sin efectos la resolución pronunciada el cinco de febrero de dos mil dieciséis, emitida en el toca de apelación 1016/2016, y emitir una nuevo en el que atendió los lineamientos de la ejecutoria, pues una vez que expreso y valoro claramente el alcance demostrativo de la totalidad de las pruebas que obran en autos, determinó modificar la resolución impugnada y decretar auto de sujeción a proceso en contra de Rafael Valadez Gallegos; por lo que se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Colima, Colima, diez de noviembre de dos mil dieciséis.Visto el contenido del acta levantada por el Actuario Judicial adscrito, en la que hace constar que no le fue posible notificar personalmente a la quejosa Marcelina Mesina Rodríguez, el auto de tres de noviembre de dos mil dieciséis, por los motivos que en la misma expone.En mérito de lo anterior y con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación del citado proveído, así como las subsecuentes notificaciones que resulten de carácter personal, se le hagan por medio de lista, en tanto no subsane la omisión apuntada.Notifíquese.Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Alberto Saucedo Alcaraz, quien da fe.Mony Colima, Colima, tres de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de garantías promovida por MARCELINA MESINA RODRÍGUEZ, contra actos del JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DE COLIMA Y OTRAS AUTORIDADES. Regístrese en el libro de juicios de amparo de este juzgado, bajo el número 1731/2016-II-MO. Analizado su contenido, previamente a acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión o rechazo, dado que el acto que reclama, se encuentra inmerso dentro de un procedimiento judicial, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con los numerales 108, fracción V, y 17, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: a) Precise la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Resulta de oportuna aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.161/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro interno 2005636, materia común, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo la voz: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." De igual forma, se cita en apoyo la tesis XX.2º.3 P (10ª.), décima época, con número de registro 2007769, localizable en la página 2886, tomo III, Libro 11, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla." Apercíbase a la promovente del amparo que de incumplir con lo requerido, transcurrido el término señalado, con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. Se tienen como autorizados de la parte quejosa a las personas que menciona en su escrito de demanda, en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que su cédula profesional no se encuentra inscrita en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/05 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda

  4. Principal

    Colima, Colima, tres de noviembre de dos mil dieciséis.Téngase por recibido el (los) oficio(s) del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo de los autos que conforman el juicio de amparo del que deriva este antecedente e informa que se admitió y registró el recurso de revisión interpuesto bajo el número 518/2016.Notifíquese. Lo proveyó y firma Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a lo acordado en la sesión ordinaria de la Comisión de Carrera Judicial, celebrada el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/5655/2016, de la misma fecha, que actúa con la Secretaria, licenciada Norma Leticia Ramos Virgen, quien autoriza y da fe.NLRV/Emmm*

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