Marcelina Gómez Tapia
Expediente 359/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Marcelina Gómez Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA II-A "... Agréguese el escrito y anexo de la quejosa Marcelina Gómez Tapia, mediante el cual hace manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; mismas que se tomaran en cuenta al momento de resolver si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria, es decir, una vez transcurrida la vista a las partes..."
- Principal
MESA II-A "... Visto el estado de autos y la certificación Secretarial de cuenta; como no se interpuso recurso de revisión dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra la sentencia de tres de mayo del año en curso, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, requiérase para que el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación de esta determinación, la autoridad responsable, Director de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, residente en Oaxaca de Juárez, deberá: "(.) 1) No se aplique en el presente y en lo futuro, los artículos 6º fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial de esta Entidad Federativa, el veintiocho de enero de dos mil doce, al justiciable. 2) Se suspendan los descuentos para enterar al fondo de pensiones, realizados a la pensión por jubilación que corresponde a la citada quejosa. 3) Se reintegre al promovente del amparo, en una sola exhibición, los descuentos realizados por ese concepto. En apoyo de lo anterior se estima aplicable la jurisprudencia P.J.112/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19 que es del tenor literal siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Asimismo, requiérase al Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, para que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable, en el mismo plazo de tres días, ordene a ésta, cumpla la ejecutoria en sus términos y remita las constancias respectivas. Para tal efecto, se le envía copia autorizada de la sentencia en trato. Apercibidos que de no cumplir o informar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se impondrá, multa de cien días, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, según publicación de diez de enero de dos mil diecisiete, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en términos de la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, es de $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL). Asimismo, se continuará con el trámite previsto en el numeral 192, párrafo segundo, citado, esto es, la apertura del incidente de inejecución de sentencia y remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para que, de estimarlo necesario, provean sobre la separación inmediata de sus respectivos cargos y su consignación al Juez de Distrito que corresponda; por desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, en términos del normativo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. .."
- Principal
MESA II "... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 77 fracción I, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo. S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Marcelina Gómez Tapia, contra los actos y autoridad precisados en la consideración segunda, en los términos y para los efectos de la diversa quinta de esta sentencia.
- Principal
MESA II-A "... Agréguese el escrito de Iván Humberto Pantoja Arredondo, en su atención, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones ahí vertidas VÍA ALEGATOS, se tomarán en consideración al momento de dictar sentencia en el presente juicio de amparo. Por otra parte, visto el estado de autos se advierte que en auto de diez de abril del actual, se dio vista con el informe justificado rendido por el Director General de la Oficina de Pensiones de Estado de Oaxaca, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca (foja 26), por tanto, el plazo de ocho días concedido a las partes se encuentra transcurriendo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha y se señalan las ONCE HORAS DIEZ MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo..."
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