Marcelina Castillo Martinez

Expediente 796/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
796/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • Marcelina Castillo Martinez
  • MARCELINA CASTILLO MARTINEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio firmado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el incidente de inejecución de sentencia 4/2022, el juicio de amparo 796/2021 y dos discos en formato DVD; en consecuencia, acúsese recibo y agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío. Ahora bien, de la resolución de Alzada se advierte que al actualizarse el supuesto de inexistencia de la materia para la ejecución de la sentencia en la que se concedió el amparo a los justiciables Marcelina Castillo Martínez, Roberto Espinoza Jiménez y Elvert Espinoza Castillo, la Superioridad declaró sin materia el incidente de inejecución de sentencia. En consideración a lo anterior, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Toda vez que carece de objeto que continúen en la secretaría de este juzgado los discos que en su momento remitió la autoridad responsable, como complemento a su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, acusa recibo de los autos del juicio de amparo indirecto 796/2021, los tomos de prueba y dos discos en formato DVD, que le fueron remitidos a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda, con motivo de la imposibilidad material y jurídica para acatar el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo. Asimismo, informa que se admitió a trámite el incidente relativo, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que las partes se encuentran notificadas del auto dictado el treinta y uno de marzo del año en curso, por el cual se determinó que existe una imposibilidad material y jurídicamente para acatar el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo; en consecuencia, remítanse los autos del juicio de amparo 796/2021, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo en turno, del Décimo Tercer Circuito, a fin de que dicte la resolución que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa y tercera interesada para que se pronunciaran en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, sin hacer pronunciamiento alguno. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo conducente, conforme lo dispone la jurisprudencia de título: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" Antecedentes del acto reclamado. Mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, los quejosos Marcelina Castillo Martínez, Roberto Espinoza Jiménez y Elvert Espinoza Castillo, por propio derecho solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, de quienes reclamaron lo siguiente: La determinación emitida en audiencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 256/2021, mediante la cual se les vinculó proceso, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de lesiones, en agravio de Lidia Esther Castro Castro y R.E.B.E.. El veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia en este asunto, en la que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal. II. Efectos de la concesión del amparo. Al respecto, cabe precisar que la concesión del amparo fue para los efectos siguientes: ".la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, deberá proceder como sigue: a) Dejar insubsistente todo lo actuado a partir de la formulación de imputación. b) En su lugar, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, reponga el procedimiento desde la audiencia inicial de comunicación de imputación y provea lo necesario para que se acate en sus términos la jurisprudencia 1ª/J 61/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". En esas condiciones, la autoridad responsable realizó lo siguiente: Por auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca con sede en Putla, Oaxaca, remitiendo copia certificada de la resolución dictada el veintiuno de diciembre del año en curso, en el expediente penal 256/2021 de su índice, en la que dejó insubsistente todo lo actuado a partir de la audiencia de formulación de la imputación que inició a partir del día veintitrés de junio del año dos mil veintiuno, y como consecuencia, el auto de vinculación a proceso de veintiocho de junio del dos mil veintiuno y la medida cautelar que les había sido impuesta. Señaló las once horas del diecisiete de enero del dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de formulación de imputación. Mediante oficio CJ/JCMPP/J/00969/2021 dirigido al administrador regional de la Mixteca, solicitó la designación de un intérprete que asista a los imputados en dicha audiencia. Por auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se tuvo a la citada autoridad judicial informando lo siguiente: ( Que no se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación señalada para el diecisiete de enero del año en curso, dentro de la causa penal 256/2021, de su índice, en razón a que no fue designado un intérprete certificado de la lengua triqui, para que asistiera a los imputados. ( Que las partes solicitaron someter el asunto en una salida alterna, consistente en el acuerdo reparatorio; por lo tanto, se canalizó con el facilitador judicial certificado, señalando el veintiséis de enero del año en curso para la sesión de pláticas. Por auto de dos de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, informando que con fecha veinticinco de febrero del año en curso, se aprobó el acuerdo reparatorio celebrado entre las partes y por ende se declaró la extinción de la acción penal contra los aquí quejosos, y como consecuencia el sobreseimiento de la causa penal 256/2021. Las constancias que se analizan son consideradas medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Estudio del cumplimiento. Ahora bien, el amparo se concedió para el efecto de que la responsable dejara insubsistente todo lo actuado a partir de la formulación de imputación dentro de la causa penal 256/2021 y en su lugar, repusiera el procedimiento desde la audiencia inicial de comunicación de imputación, acatando la jurisprudencia 1ª/J 61/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, la responsable al dar cumplimiento a la referida sentencia, informó que mediante resolución de veinticinco de febrero del año en curso, se aprobó el acuerdo reparatorio celebrado entre las partes (aquí quejosa y tercera interesada) y por ende, se declaró la extinción de la acción penal en la causa penal 256/2021 de su índice, y en consecuencia el sobreseimiento, cuya circunstancia impide a la autoridad responsable cumplir con el fallo protector. Al respecto, se estima puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar la Ley de Amparo abrogada, estableció que si de las constancias de autos aparece probado que una resolución o sentencia cuyos efectos derivan en la concesión de un hacer por parte de las responsables, aún no ha sido cumplida, pero atendiendo a la naturaleza de la finalidad de ésta existe imposibilidad jurídica para acatarla, el cumplimiento respectivo debe declararse sin materia, lo cual puede presentarse por cambio en la situación jurídica que imperaba al momento de concederse la protección constitucional respecto de los actos materia de reclamo, porque han quedado insubsistentes las actuaciones de donde dimana ese actuar de las autoridades, o bien, aún en la hipótesis de que subsista no pueda surtir efecto legal o material alguno en perjuicio de la parte quejosa, en razón de la modificación del entorno en el cual se emitió, que tornaría jurídicamente imposible llevar a cabo la finalidad de resolución citada, por lo que ninguna trascendencia jurídica tendría insistir en su cumplimiento, dado que no existe materia susceptible de reparación. En esa tesitura, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 196 de la Ley de Amparo, se advierte que existe una imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia dictada en este asunto, según ha quedado señalado. Lo anterior, en razón de que mediante resolución de veinticinco de febrero del año en curso, se aprobó el acuerdo reparatorio celebrado entre las partes (aquí quejosa y tercera interesada) y por ende, se declaró la extinción de la acción penal en la causa penal 256/2021 de su índice, y en consecuencia se decretó el sobreseimiento en dicho expediente, lo que imposibilita material y jurídicamente el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo. En esa tesitura, estese en espera a que transcurra el plazo de quince días, a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J.23/2018 (10a.), para remitir el presente juicio de amparo al Tribunal de Alzada, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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